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Durante su segundo Examen Periódico Universal (EPU), el Estado argentino fue cuestionado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas debido a que no ha implementado medidas que garanticen el acceso al aborto legal y seguro por las causales no punibles.
Así lo informó la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) en un comunicado de prensa, en el que denunció que en su informe ante la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos (DH) el gobierno de Argentina omitió mencionar los derechos sexuales y reproductivos.
“No presentaron nada sobre estos temas porque el Estado está en deuda con el acceso efectivo e igualitario a varios derechos, sobre todo al aborto no punible, que en Argentina está previsto por el Código Penal”, acusó ADC.
Las preguntas del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a la delegación argentina se basaron en un informe presentado por 10 organizaciones civiles del país sudamericano, en el que denunciaron el desigual acceso al aborto legal y métodos anticonceptivos, así como las dificultades que afrontan las adolescentes para atender su salud sexual.
La ADC añadió que el informe de la revisión del respeto a los DH en Argentina será adoptado por el Grupo de Trabajo del EPU el próximo lunes.
Luego del análisis del Consejo, Argentina podrá recibir recomendaciones de parte de Naciones Unidas para mejorar la garantía de los DH, incluidos los derechos sexuales y reproductivos.
Las organizaciones llamaron a que “el Estado argentino se aboque a una solución integral para la salud de las mujeres, que garantice servicios de aborto legal y seguro por las causales no punibles, y abra el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo”.
En este sentido, demandaron que las autoridades del sector salud “adquieran una posición activa y responsable en relación con el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, que ratifica la legalidad del aborto por dichas causales y establece que el Estado debe garantizar que sea accesible.
Ante la resistencia de las autoridades, las organizaciones civiles solicitaron que se otorgue un estatus legal a la Guía Técnica de Atención Integral de Abortos no Punibles para que los ministerios de Salud de las provincias argentinas estén obligados a adoptarla.
También piden que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías apruebe el misoprostol (medicamento para la interrupción del embarazo) como parte de sus insumos.
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