Bien. ¿Qué ha pasado en Argentina? Desde la llegada de la democracia la vida política en nuestro país puede ser descrita como la búsqueda de la «gobernabilidad». Tanto el radicalismo (ex presidentes Alfonsín y De la Rúa) como el peronismo (Menem, y ahora Duhalde) han dirigido la Argentina pensando sólo en eso.
¿Y qué es la gobernabilidad? Vamos a definirla como la posibilidad de que los gobernantes de turno hayan podido conducir al país implementando un modelo económico social de acuerdo a los parámetros fijados por el poder financiero internacional, sin que la conflictividad que esto implica (resistencia de los sectores excluidos) los afecte.
Es decir, el modelo jurídico político de la democracia (división de poderes, partidos políticos, renovación periódicas de las autoridades por medio de elecciones libres y sin fraude, posibilidad de alternancia en el poder, vigencia de la Constitución Nacional y de los derechos individuales, todas estas características típicas de la democracia política) fue útil, o al menos no fue obstáculo, a la posibilidad de establecer y consolidar dicho modelo económico social.
La deuda externa acentuó el debilitamiento del Estado y la dependencia de la economía. Desde 1983 pasó de 17 mil a 132 mil millones de dólares, sin pasar por alto que eso representa, en la actualidad, 44.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) anual, en un país de 36 millones de habitantes.
Sin duda, quien mejor ha podido llevar a cabo esta tarea de «gobernabilidad» ha sido el peronismo durante los diez años de Carlos Menem (1989-1999).
La causa debemos encontrarla en el nivel de concentración de poder que logró. Tanto la mayoría del sindicalismo como la más alta expresión del sector empresarial, en virtud del beneficio que su política les traía, le brindaron su casi incondicional apoyo.
Así, el menemismo entregó al sector privado (capital multinacional) el petróleo, las comunicaciones, los servicios básicos para la población (tales como el gas, la luz, el agua), la aerolínea, y la lista continúa. De este modo, la alta concentración de poder en manos del gobierno le permitió llevar a cabo medidas con efectos de gravísima exclusión social apagando los incendios de las innumerables protestas populares con represión. El esquema de poder fue lo suficientemente fuerte para soportar la resistencia.
Pero, ahora, el estallido de diciembre nos muestra un escenario que parece diferente: el equilibrio de la «gobernabilidad» se rompió. O, al menos, el gobierno de De la Rúa no logró (pese a sus claros esfuerzos en contrario) concentrar el poder necesario para quebrar la resistencia. La represión como única respuesta contra las protestas frente a su política de profundizar el esquema de exclusión social, no fue suficiente. Por el contrario, provocó su caída.
Desde la óptica de la clase gobernante, hay dos caminos: el cambio de modelo social o su continuidad. En el segundo caso, el que nos preocupa, la actual crisis señala la finitud de las herramientas políticas (leáse, la democracia) hasta ahora utilizadas.
Para profundizar el modelo económico parece requerirse un contexto de alta represión planificada similar a la vivida en la pasada dictadura militar. Más aún, si tenemos en cuenta que el aparato represivo de entonces nunca fue desmantelado.
Pero, por otro lado, se advierte la emergencia de una conciencia crítica, junto al más alto grado de movilización popular alcanzado desde el retorno de la democracia.
El nivel de descreimiento en la clase gobernante (pasada y presente), la rebelión popular de diciembre y el descontento generalizado, los movimientos de piqueteros y desocupados, la derrota electoral del peronismo en octubre del 99 motivada por el rechazo a la corrupción y la exclusión social, el relativo crecimiento de la izquierda y el centro izquierda, la unidad y activismo de organismos de derechos humanos, no sólo significan dificultades para imponer tal política económica, sino que constituyen las condiciones sociales para empezar a delinear un cambio. La creación de una verdadera democracia
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