El programa Arranque Parejo en la Vida (APV), estrategia del gobierno del presidente Vicente Fox para abatir los altos índices de muerte materna en México, forma parte de la reforma estructural para privatizar los servicios públicos de salud, alertan especialistas de organizaciones civiles.
Dora Sánchez y Daniela Díaz, investigadoras de la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación y Martha Castañeda, integrante del Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población, advierten que la participación de la Fundación Vamos México, que encabeza la señora Martha Sahagún, en la gestión de recursos para el referido programa, es señal de que la atención de la salud materna «se está privatizando».
Las analistas retoman datos del libro de reciente publicación, «La mortalidad materna en México», en donde se revela que en 2002, los recursos públicos para gasto de capital destinados a Arranque Parejo fueron de apenas un millón 166 mil pesos, mientras que Vamos México gestionó ante la iniciativa privada 182 millones de pesos para el mismo programa.
«Vamos México, cuyo aval es sin duda el vínculo de su presidenta con el Ejecutivo, puede gestionar más recursos que las instituciones públicas», observan las especialistas en programas de salud para las mujeres.
Se estima que en México al menos cuatro mujeres mueren al día por complicaciones del embarazo, parto y puerperio –los 40 días después del parto–, las cuales son totalmente prevenibles con una oportuna atención médica. Entre las causas más comunes de mortalidad materna se encuentran las hemorragias, abortos e hipertensión arterial.
Datos oficiales de la Secretaría de Salud (SS), señalan que en 2002 por cada 10 mil nacidos vivos fallecieron 6.3 mujeres, esto es, mil 291 muertes maternas ocurridas durante ese año. Sin embargo, otras cifras elevan el número de fallecimientos hasta en mil 550. La mortalidad materna es considerada un grave problema de salud pública en México.
ESTRATEGIA PRIVATIZADORA
En «La mortalidad materna en México», la antropóloga Martha Castañeda apunta que Arranque Parejo por la Vida, como parte de los programas de salud reproductiva de la Secretaría de Salud, se aplica en el primer nivel de atención sanitaria mediante un Paquete Básico de Servicios de Salud (PBSS).
Explica que ese paquete es una estrategia del Banco Mundial (BM), con un enfoque de «bajo costo y alta eficiencia» que se basa en la «focalización» de los servicios, es decir, en seleccionar a la población más pobre y sin acceso a la atención sanitaria para ofrecerle servicios mínimos.
Arranque Parejo forma parte de la política de ajuste estructural del sector salud, en la cual –según los lineamientos del BM– el Estado debe dedicarse únicamente a tareas básicas como dejar de invertir en servicios de seguridad social, así como de segundo y tercer nivel de atención a la salud.
La investigadora sostiene que para el BM, el Estado es «muy ineficiente y genera altos costos, además de que subsidia a personas que sí pueden pagar por los servicios médicos, lo que significa un obstáculo para la participación de la iniciativa privada en el mercado de la salud».
Aunado a esa problemática, las especialistas de Fundar, Dora Sánchez y Daniela Díaz, advierten que con APV, el gobierno federal no sólo delega la responsabilidad al sector privado de suministrar los recursos a un programa público, sino también el manejo de esos fondos.
Además de la «muy escasa» asignación presupuestal a Arranque Parejo (tan sólo 350 millones de pesos en 2004 a comparación de los más de 600 millones otorgados en 2003), las analistas concluyen que su esquema de financiamiento y operación «repercutirá en la calidad de la prestación de los servicios y, por tanto, en las tasas y número de muertes maternas».
2004/RM
