Indígenas de la sierra de Zongolica y diversas organizaciones del país impugnarán ante organismos internacionales el dictamen emitido por la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz sobre el caso de la muerte y presunta violación de la indígena de Tetlacinga, Ernestina Ascencio.
El dictamen de una muerte natural, emitido por la Procuraduría de Veracruz, ha sido rechazado por el pueblo indígena de Soledad Atzompa, por lo cual integrantes de por lo menos 40 comunidades dela regióny de 15 organizaciones indígenas de Zongolica se reunirán este martes para organizar la asamblea nacional en la cual demandarán la intervención de organismos internacionales para la aplicación de la justicia, expresó el director de Obras Públicas de Soledad Atzompa y socio fundador de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), Julio Atenco Vidal.
Mencionó que las presiones y coacciones que tanto el gobierno federal como el estatal cometieron con las y los hijos de la señora Ernestina Ascencio, quien murió tras la presunta tortura y agresión sexual de militares, propició que aceptaran de supuesta conformidad el dictamen de la PGJE, que ratifica las palabras de Felipe Calderón y José Luis Soberanes y exculpa a los elementos del Ejército de toda responsabilidad.
A las hijas e hijos de doña Ernestina nadie puede acercárseles, nadie sabe dónde están y en torno suyo se tendió un cerco de protección, denunciaron a su vez las diputadas federales Maricela Contreras, Alliert Bautista y Valentina Batres el pasado sábado durante su visita a Soledad Atzompa.
Atenco comentó que, sin embargo, en estos momentos con la asesoría de especialistas en la materia se buscan los cauces legales para que el pueblo de Soledad Atzompa e indígenas de todo el país puedan apelar la resolución de la PGJE y así el caso sea reabierto y retomado por instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Informó Atenco Vidal que en la asamblea comunitaria, a efectuarse este martes en el municipio de Soledad Atzompa, se detallarán algunos aspectos sobre la asamblea nacional que tendrá lugar a finales de mayo en la Ciudad de México que, como informaron en un boletín organizaciones civiles, se llevará a cabo los días 26 y 27 bajo el título de Encuentro de Derechos Humanos y Autonomía Indígena y Municipal, con el objetivo de «brindar solidaridad nacional con los habitantes de la Sierra de Zongolica».
A dicha reunión asistirán representantes de ONG de todo el país, así como especialistas en derecho, quienes habrán de asesorar para que se formule la petición formal para que intervengan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Human Rights Watch, y para que continúe Amnistía Internacional (AI) revisando la documentación del caso con que cuenta desde hace algunas semanas.
Destacó que algunas agrupaciones estatales, como la Red de Organizaciones Civiles de Veracruz, la Organización Ciudadana Rosario Ibarra, el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara y otros muchos, se han sumado al rechazo del dictamen de la PGJE, ante las múltiples contradicciones en que cayeron las autoridades de la CNDH, PGJE de autoridades de salud y de los peritos, quienes inicialmente aseguraron que había un delito que perseguir y posteriormente argumentan que se trataba de una enfermedad.
Explicó que lamentablemente ni el procurador o el gobernador Fidel Herrera han querido explicar los motivos por los cuales el dictamen final de la PGJE fue una muerte por circunstancias naturales, cuando el procurador afirmó días antes que se había cometido un delito que se estaba investigando. Incluso el propio gobernador también aseguró que el delito cometido en contra de la indígena no quedaría impune; sin embargo ninguna de las contradicciones se ha querido aclarar.
Por su parte, el procurador de Justicia del estado de Veracruz, Emeterio López Márquez, reiteró que las investigaciones sobre la muerte de Ernestina Ascencio Rosario concluyeron, pero el caso sigue abierto pues se observa la posibilidad de abrir un proceso contra de los tres peritos de la PGJE que realizaron las necropsias al cuerpo de la señora de 73 años y en las que concluyeron que había sido atacada sexualmente, pues aparentemente «hubo supuestas pruebas falsas, la gente se puede amparar contra los peritajes, ya no van a confiar en sus técnicos forenses», explicó el fiscal veracruzano.
DESAPARECEN FAMILIARES DE ERNESTINA
«Nos parece delicado que en estos días en que la familia podría estar decidiendo sobre la impugnación del procedimiento de las investigaciones de la presunta violación de la indígena Ernestina Ascencio Rosario, nadie pueda acercase a sus hijos, que nadie sepa dónde están, y que además se haya tendido un cerco de protección», denunciaron las diputadas federales Maricela Contreras, Alliert Bautista y Valentina Batres.
Las integrantes del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados advirtieron que tras la desaparición de la familia de Ernestina Ascencio, solo cuentan con la información que da el gobierno del estado de Veracruz y su procuraduría, en el sentido de que la familia ya ha aceptado la resolución de la muerte natural.
En conferencia de prensa, celebrada el sábado pasado en el municipio de la Soledad Atzompa, las legisladoras perredistas manifestaron su preocupación por la «legitimidad que pueda tener un documento firmado por la familia, de la no procedencia de la impugnación del caso, debido a que no hay forma de confirmar que efectivamente esa sea la voluntad de la familia», toda vez que nadie ha podido acceder a ella, ni siquiera el presidente municipal, Javier Pérez Pascuala.
«Por conocimiento de organismos no gubernamentales y de periodistas, tenemos entendido que no era el sentimiento de la familia concluir el caso, que no querían que concluyera así, y no hay manera de cómo comprobar que esto sea un hecho legítimo y voluntad expresa de la familia», externaron.
Ante integrantes de diversas organizaciones civiles, como la Red de Organizaciones Ciudadanas; el Observatorio Veracruzano de los Derechos Humanos; de la organización 2 de julio; de Mujeres Abriendo Brecha, las perredista Maricela Contreras, Valentina Batres y Alliet Bautista destacaron la necesidad de preguntarle a la Procuraduría del estado a dónde tiene a la familia de Ernestina.
Indicaron que durante su visita a Zongolica, realizaron un recorrido por el lugar de los hechos, donde se pudieron percatar «de las casas que les han construido a la familia, cuartitos de cuatro por cuatro, y una letrina; pero, obviamente, sin encontrarnos con ellos, porque no están».
Batres Guadarrama, Contreras Julián y Bautista adujeron que están en espera de conocer el resultado de la Procuraduría del estado de Veracruz, para brindar el expediente a organismos internacionales, con el fin de que emitan su opinión sobre el estado que guarda la defensa de los derechos humanos, no sólo en Zongolica, sino en todo el territorio nacional.
«Esta semana estaremos presentando un comparativo de los dichos de los diferentes funcionarios y todas las instancias involucradas; porque nos parece extraño que todo haya sido tan rápido -como si se hubiese tratado de una operación quirúrgica-, el cambio que se le dio a las investigaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el gobierno del estado de Veracruz y su procuraduría, la Sedena y la Comisión de Derechos Humanos del estado», concluyeron las diputadas federales perredistas.
07/LC y MLT/CV/GG
