Inicio Asambleístas no descartan que la Corte dé marcha atrás a la ILE

Asambleístas no descartan que la Corte dé marcha atrás a la ILE

Ante el próximo fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el juicio de inconstitucional contra la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el Distrito Federal, las y los legisladores que apoyaron la medida cuestionan la consulta que los ministros hicieron a médicos y manifiestan su preocupación porque se den marcha atrás a la nueva ley, de la que se han beneficiado más de 5 mil mujeres.

La práctica de la ILE en hospitales públicos del Distrito Federal fue autorizada a partir del 24 de abril del 2007, cuando el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó reformas al Código Penal y a la Ley de Salud que despenalizan el aborto en la Ciudad de México durante las primeras 12 semanas de gestación.

Pero el 25 de mayo de ese mismo año, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentaron acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN en contra de dichas reformas.

Los alegatos de todas las partes involucradas, la ALDF, el GDF, PGR y CNDH, fueron presentados y están en espera de un fallo. Para invalidar las reformas, se necesita como mínimo el voto de ocho de los 11 ministros que integran el pleno de la SCJN.

Claudia Cruz, diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y feminista, dijo a Cimacnoticias que el cuestionario enviado en septiembre del año pasado a cinco médicos expertos con el fin de conocer su opinión sobre la ILE, no van al fondo del tema, que es el derecho a decidir de las mujeres del Distrito Federal.

El cuestionario, titulado “De la pericial en materia de concepción y vida humana en el seno materno”, explicó Cruz, se centra en el desarrollo del feto y no en el derecho a decidir de las mujeres. Y su resultado guiará al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano para dar el veredicto.

Cabe recordar que Aguirre Anguiano votó en el 2002 en contra de la llamada ley Robles que despenalizó el aborto cuando el producto presentaba alteraciones genéticas o congénitas, aprobada también por la ALDF.

El cuestionario, integrado por cuarenta preguntas, entregadas a cinco médicos en septiembre de 2007, pregunta sobre las características de un feto de 12 semanas, o qué diferencias existen entre el producto de 12 y 16 semanas, plazo que se le permite abortar a las mujeres en otros países.

La pregunta número 35 de este documento, cuyas respuestas pueden ser consultadas en la página Web del diario La Jornada, dentro de su Foro sobre la despenalización del aborto, menciona cómo podría definirse la conciencia. Y la siguiente inquiere si un recién nacido la tiene.

Esta es una discusión de cientos de años, dice Claudia Cruz, y la totalidad del cuestionario es una falsa salida a una situación científica, pues todas las preguntas están centradas en el proceso de desarrollo del feto en el útero femenino y no en el derecho a decidir de las mujeres.

Uno de los cinco doctores que fueron requeridos para responder este cuestionario es Jesús Kumate Rodríguez, secretario de Salud en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, nombrado presidente de la Organización Mundial de la Salud en 1995 y considerado en diversos medios de comunicación como cercano a grupos conservadores.

La única mujer consultada por la Corte es la bióloga María Cristina Márquez, adscrita al Departamento de Embriología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se incluyó también al director de Investigación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, Rubén Lisker, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM.

También el Jefe de la Unidad de Investigación Médica en Genética Humana, Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Fabio Salamanca, así como a Ricardo Tapia, investigador titular del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, doctorado en bioquímica por la misma institución.

El cuestionario, elemento decisivo en el debate aún sin fecha en la agenda de la SCJN, se aborda también el concepto de “ser humano”. Se pregunta, por ejemplo, si una persona autista es un ser humano, si un leproso tuberculoide avanzado con anestesia en miembro es humano, o si un paralítico cerebral sin autonomía alimentaría es humano.

La diputada perredista sostuvo que el cuestionario fue creado con un sesgo moralista, donde no hay la preocupación por los cientos de miles de niñas y niños que mueren de hambre en este país, y agregó “ojalá hubiera preguntas sobre cómo afecta a las mujeres tener hijos que no desean o cómo ha afectado a las y los hijos no ser deseados”.

Respecto al debate sobre la vida, explicó Cruz, una persona tiene derechos a nivel legal después de dos días de nacida, plazo que indica el Código Civil. Así que es una falsa discusión saber si se es persona antes de las 12 semanas de gestación. “A nivel legal, antes de dos días de nacido tú no los puedes registrar”.

Los ministros de la SCJN, deben respetar, primero, el derecho de las mujeres marcado en la Constitución, que señala que tienen el derecho a decidir el número de hijas o hijos que deseen, así como el espaciamiento entre ellos, puntualizó.

Este es un asunto en donde la Corte tendrá que hacer un análisis exhaustivo, considerando asuntos de carácter social, fundamentos legales y jurídicos que correspondan a lo que es el derecho a decidir de las mujeres. Así se van construyendo nuestras leyes, dijo la legisladora.

Finalmente Claudia Cruz recalcó que el objetivo de los partidos políticos y organizaciones civiles al impulsar la despenalización del aborto fue proteger los derechos humanos de las mujeres, y lamentó que en el caso de la Ciudad de México estén interviniendo dentro del debate autoridades gubernamentales, la jerarquía católica y el Gobierno Federal por medio de la PGR, que interpuso la controversia constitucional.

Subrayó que hay que dejar que la gente tome sus decisiones y que la ley proteja las libertades democráticas para tomar poder hacerlo.

TEMOR

Por otra parte, Víctor Hugo Círigo, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, manifestó al periódico El Universal su preocupación porque una resolución adversa a la ILE atentaría contra los derechos humanos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

“Sería muy grave porque significaría un retroceso brutal y atentaría contra una realidad a la cultura de los derechos humanos en la ciudad, de respeto a los derechos de las mujeres y una actitud de equidad. Sería muy delicado”, enfatizó.

Pero a pesar del temor, señaló: “Quiero pensar que (los ministros) estarán abiertos a la discusión”.

08/STJ/GG/CV

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