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Asesinan escuadrones de la muerte a más de dos mil menores

Por la Redacción


En los últimos seis años un total de dos mil 520 niñas, niños y jóvenes de la calle fueron asesinados por presuntos escuadrones de la muerte en Honduras, donde al menos nueve mil menores luchan por sobrevivir en las calles, señalan organismos no gubernamentales.

La organización no gubernamental Compartir, acusó al gobierno de ser indiferente a los crímenes, atribuyendo un 23 por ciento de las muertes a funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y a Comités de Seguridad Ciudadana.

El coordinador del Programa de Apoyo Legal para los niños de la calle promovido por la organización no gubernamental Casa Alianza, Gustavo Zelaya, expuso que tiene sospechas de que estos grupos formados por el Ministerio de Seguridad hondureño son en realidad paramilitares.

El informe anual de Casa Alianza, señala que la falta de investigación en casi la totalidad de las ejecuciones demuestra un grado de impunidad prácticamente absoluto.

Además destaca que un 78 por ciento de los decesos fue a consecuencia de la utilización de armamento bélico, a pesar de la vigencia de la Ley de Control de Armas y la normativa sobre la prohibición de uso de fusiles de asalto.

Por otra parte, el documento de Casa Alianza establece que sólo el último año fueron masacradas 395 personas menores de 23 años y señala que la inseguridad y la violencia que vive el país, además de las calles, tiene como escenario los centros penitenciarios y de internamiento para menores de edad.

Casa Alianza estima que del 2002 al 2004, perdieron la vida en reclusorios locales 88 menores y resalta que la mayor incidencia se registró en la granja penal de El Porvenir, departamento de Atlántida, con un 40 por ciento de los casos.

A éste le sigue con un 30 por ciento el penal de San Pedro Sula, ubicado a 240 kilómetros al norte de Tegucigalpa, la capital hondureña.

Estadísticas de la agrupación defensora de los derechos de la niñez muestran que el 97.72 por ciento de las ejecuciones corresponden al sexo masculino y el 2.27 por ciento son mujeres.

El año pasado la Unidad Especial de Investigación, constituida por el presidente Ricardo Maduro, sólo atendió 400 de los miles de casos de muertes de infantes, ocurridos desde enero de 1998 hasta la fecha, y únicamente 88 denuncias fueron remitidas a la Fiscalía General de la República, tres han culminado con juicios en los que se ha condenado a los autores.

La administración de Maduro ha reconocido públicamente que en muchos de estos hechos han participado agentes de la policía, pero sólo dos de ellos han sido declarados culpables.

Fuentes del Congreso consideran que muchos de las y los menores asesinados iniciaron el camino a las cárceles cuando se fugaron de sus hogares, uniéndose a pandillas como la Mara-18 y Mara Salvatrucha, integradas por unos 100 mil miembros en todo el país.

La Mara Salvatrucha y la 18 se originaron en la comunidad de inmigrantes salvadoreños de la sudoccidental ciudad estadounidense de Los Ángeles y más tarde se desplazaron a Centroamérica.

El problema de la delincuencia juvenil en este país ha adquirido magnitudes dramáticas, no sólo por su participación en diversos crímenes, sino también por la suerte que muchos de ellos corren.

Miembros de la Mara-18 recluidos en el penal de La Ceiba, 400 kilómetros al norte de la capital, realizaron un motín que desembocó en la muerte de 69 internos el año pasado.

El comisionado nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, reveló que en Honduras operan justicieros particulares y estatales que realizan una limpieza social de presuntos maleantes.

Según los organismos no gubernamentales, los medios de difusión sólo se concretan a informar sobre casos de niños y niñas asesinados por miembros de pandillas, sin denunciar su ajusticiamiento y mucho menos explicar cómo llegaron a ese estado.

Para Custodio, la nación vive la más grave ola de violaciones a los derechos humanos desde la década del 1980, cuando Centroamérica sufría varias guerras civiles y el territorio hondureño era base de tropas extranjeras que maniobraban contra la revolución sandinista en Nicaragua.

2005/SJ

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