Luego de que el pasado sábado fueron hallados los cadáveres de Raúl Lucas Lucía, 39 años, y Manuel Ponce Rosas, de 32 años de edad, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco Na Savi (OFPM), quienes habían sido secuestrados por policías el pasado 13 de febrero, sus viudas, Guadalupe Castro Morales y Margarita Martín de las Nieves, quedaron en el desamparo, señaló a Cimacnoticias el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El hallazgo de los cadáveres, envueltos en bolsas de plástico enterrados a 80 centímetros de profundidad en un cerro del municipio de Tecoanapa, en la región de Costa Chica, con signos de tortura y en avanzado estado de descomposición, fue informado por la policía Investigadora Ministerial de Guerrero, a cargo de Erit Montúfar Mendoza.
Presentaban, informó un comunicado de Tlachinollan emitido hoy, visibles huellas de tortura y que en el caso particular de Raúl Lucas presentaba un orificio de bala en la cabeza, mientras que la muerte de Manuel Ponce se presume que pudo haber sido por traumatismo craneoencefálico.
Los dirigentes habían sido secuestrados el pasado 13 de febrero por presuntos agentes policíacos en el municipio de Ayutla de los Libres, de acuerdo con Prensa Indígena (www.prensaindigena.org.mx).
El asesinato de los líderes indígenas fue calificado como «Crimen de Estado» por parte del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
LA DETENCIÓN
Tres hombres, informó Prensa Indígena y Tlachinollan, presumiblemente agentes de la Policía Investigadora Ministerial, se presentaron sin orden de aprehensión alrededor de las 13:00 horas de aquel día, llegaron en una camioneta negra, denunciaron sus familiares ante las autoridades correspondientes.
Raúl Lucas Lucía fue detenido por ellos las 13:15 horas del viernes, afuera de la escuela secundaria Plan de Ayutla, a un lado de la carretera que va de Cruz Grande a Tierra Colorada, mientras esperaba a su esposa Guadalupe Castro Morales, quien como regidora del ayuntamiento de Ayutla participaba en un acto público en ese plantel.
En ese mismo evento participaba el director de Seguridad Pública de Ayutla –y ex militar–, Luis José Sánchez Hernández quien junto con los policías que lo escoltaban se retiró del lugar justamente minutos antes de que Raúl Lucas y Manuel Ponce fueran subidos a un vehículo sin placas y llevados con rumbo desconocido.
HOSTIGAMIENTO POR DEFENDER DH
Raúl Lucas, así como Manuel Ponce, han denunciado abusos y atropellos del Ejército en comunidades na’savi, como lo informa el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Raúl Lucas había sufrido hostigamientos por parte de militares, incluidos allanamientos, retenciones e interrogatorios ilegales. Fue interrogado por miembros del Ejército Mexicano el 18 de octubre de 2006. El 15 de febrero de 2007 sufrió una emboscada, de la cual salió vivo.
Raúl Lucas Lucía trabajó más de 10 años en forma coordinada con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en defensa de los derechos humanos de unas 32 comunidades mixtecas ubicadas en la zona de la Costa Chica y Montaña, del municipio de Ayutla de los Libres, señala el organismo.
Raúl Lucas, junto con indígenas tlapanecos, creó en 1994 la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos mediante la cual comenzaron a documentar y denunciar pública y legalmente los atropellos en que habían incurrido los militares en varias comunidades.
En 2002 los dos pueblos decidieron unirse bajo el nombre de Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco para impulsar el trabajo organizativo en esa región; a través de ésta Lucas ha continuado exigiendo el respeto a los derechos del pueblo mixteco en busca de transformar los escenarios de terror y violación constante a los derechos humanos por parte del Ejército y las corporaciones policíacas, señala Tlachinollan.
La OFPM, igual que la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), provienen de la Organización del Pueblo Indígena Mixteco y Tlapaneco (OPIMT) mediante la cual desde hace unos 10 años comenzaron a documentar y denunciar pública y legalmente, los atropellos en que habían estado incurriendo los militares en varias comunidades de Ayutla, detalla Tlachinollan.
En la zona mixteca, donde tiene presencia la OFPM, se encuentra El Charco, comunidad en donde soldados del Ejército masacraron a 11 indígenas, el 7 de junio de en 1998. De igual manera en tres comunidades de esa área como Ojo de Agua, La Fátima y Ocotlán, fueron esterilizados de manera forzada 18 indígenas por parte de la Secretaría de Salud.
El 24 de octubre del 2006, Raúl Lucas presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de soldados del Ejército mexicano a causa de la retención e interrogatorios ilegales a los que fue sometido el 18 del mismo mes.
Por el mismo hecho, Raúl Lucas interpuso denuncia penal ante la PGR dándose apertura a la averiguación previa número 355/2006 por los delitos de abuso de autoridad e intimidación. El 15 de febrero de 2007 sufrió una emboscada, de la cual salió vivo.
Como presidente de la OFPM, Raúl documentó en 2008 cuatro casos de violaciones a los derechos humanos consistentes en allanamientos, robo, daños, retenciones e interrogatorios ilegales efectuados por militares en comunidades indígenas mixtecas y tlapanecas. Estos casos ameritaron también la interposición de cinco quejas ante la CNDH y denuncias penales.
DENUNCIA Y NEGACIÓN
La noche de su desaparición y la de Manuel Ponce, Tlachinollan interpuso dos amparos por incomunicación, posible tortura y privación ilegal de la libertad en los cuales se solicita al Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Chilpancingo, que personal a su cargo inicie una búsqueda de los desaparecidos en las instalaciones y separos de la PIM, de la Policía Preventiva Municipal de Ayutla, del 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande y las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chilpancingo y Acapulco.
El sábado 14 de febrero, los familiares de los desaparecidos, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) y Tlachinollan presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington DC una petición de medidas cautelares a favor de los dos indígenas y pidiera al Gobierno de México que estableciera todas las acciones y medidas pertinentes para dar con el paradero de los desaparecidos y garantizara la integridad física y sicológica de sus familias y que a los demás miembros de la organización no les pase lo mismo, a causa de su trabajo.
Como respuesta a la denuncia ante las autoridades el Director de la Policía Investigadora Ministerial rechazó entonces que agentes de esa corporación haya detenido a los dos mixtecos: «nos deslindamos, incluso ya instruí a mi coordinador en la Costa Chica para que informe de lo que haya sucedido, pero nosotros no hemos llevado a cabo ninguna aprehensión el viernes pasado en ese municipio».
De igual forma, el secretario de Seguridad y Protección Civil, general Heriberto Salinas Altés, señaló que hasta las 19 horas de este sábado tampoco él tenía ninguna notificación ligada con la detención; por su parte, Armando García Rendón, alcalde de Ayutla de los Libres, dijo: «tengo la información de que ninguna autoridad de gobierno detuvo a los dirigentes indígenas.
Los familiares continuaron los días siguientes la búsqueda de los dirigentes en cárceles y hospitales, sin hallarlos.
ONU Y AI
El jueves 19 de febrero, una delegación del Área Jurídica de Análisis de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU estuvo en Ayutla, donde se reunió con los familiares de los dirigentes mixtecos, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, informó el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan.
Por su parte, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) lanzó una «acción urgente» en la que externó su preocupación por la desaparición de los dirigentes de la OFPM, exigiendo a las autoridades una investigación inmediata para encontrarlos.
Cuestionó el organismo que el Ministerio Público de Ayutla se negó a abrir una investigación inmediata por el secuestro y la desaparición de Raúl y Manuel, a pesar de la denuncia de un testigo.
AI indicó que organizaciones locales de derechos humanos «creen que estos hechos pueden tener conexiones con las autoridades» y considera que «la desaparición de Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía puede haber ocurrido como consecuencia de su trabajo para promover los derechos de los pueblos indígenas mixtecos de la región».
Hace tres años, Raúl Lucas fue detenido e interrogado por miembros del Ejército Mexicano y también fue emboscado cerca de Ayutla «y casi asesinado por hombres armados que lo dejaron con una herida de bala en su cuello», señala Tlachinollan.
El organismo internacional también señaló que miembros de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), entre ellos su presidenta Obtilia Montaño, también han sido atacados y amenazados en numerosas ocasiones.
Además de que actualmente cinco de sus integrantes están detenidos y Amnistía Internacional los ha adoptado a todos ellos como presos de conciencia; pues considera que los cargos en su contra tienen motivos políticos.
Con los asesinatos de los dos dirigentes indígenas, señala Tlachinollan, lo más urgente es resolver la situación en que se quedan sus familias, mientras su organización define su estrategia para buscar justicia.
Lamentamos, dice en su comunicado de hoy, las declaraciones públicas del procurador General de Justicia del estado, cuando refiere que Raúl Lucas y Manuel Ponce fueron ‘levantados’ «esto es un elemento que distrae la investigación y pretende justificar una ejecución extrajudicial».
Para los familiares integrantes de la OFPM y Tlachinollan «es insustituible que la línea de investigación a seguir deben ser los ataques, amenazas y atropellos que sufrieron por su lucha y su trabajo como defensores de derechos humanos del pueblo indígena, es decir, queda claro su asesinato es consecuencia de su actividad como defensores de derechos humanos».
Y finaliza: «Unimos nuestra voz a la de las viudas, deudos, familiares y compañeros de Raúl Lucas y Manuel Ponce para exigir al gobierno del estado y federal que se realice una investigación exhaustiva y objetiva para que se esclarezca este asesinato y se castigue a los responsables».
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