A pesar de que el Inegi señaló que Chiapas es el estado con la prevalencia más baja de violencia de género, donde 48 de cada 100 mujeres de 15 años y más manifestaron haber padecido al menos un incidente de violencia de pareja, comunitaria, laboral, familiar o escolar, el último informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) tiene un apartado especial para esta entidad por considerar que en ella están algunos de los casos paradigmáticos de feminicidio de la región sur del país.
De acuerdo con datos de este observatorio, en los últimos cinco años, de mil 456 asesinatos cometidos contra mujeres en Chiapas, 86 por ciento ha quedado impune y sólo cuatro de cada diez llegaron a juicio, con sentencia favorable para el agresor.
En Una mirada al feminicidio en México 2007-2008, el OCNF retoma otro informe según el cual, del año 2000 al 2004, existieron 571 homicidios dolosos contra mujeres en Chiapas, con la acotación de que actualmente se desconocen en su totalidad los homicidios contra ellas que son considerados feminicidio.
«En el sur del país se encuentra Chiapas, que al igual que Chihuahua es un estado fronterizo; sin embargo, la frontera sur presenta características diferentes y endémicas debido a su condición de cercanía geográfica con una de las regiones más pobres del continente, Centroamérica», explica el OCNF.
Esto se debe a «sus condiciones de marginación, de rezagos en los índices de desarrollo humano, y a que alberga a una buena parte de la población indígena de nuestro país», agrega.
Las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se difundieron en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y son retomadas en la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh 2006) realizada por dicha institución a finales del 2006.
El observatorio señala en su informe que Chiapas fue seleccionado para el estudio de caso porque «no se contaba con información de ningún tipo ni de ninguna fuente que permitiera estimar la magnitud actual del fenómeno del feminicidio en la frontera sur».
Indica que los últimos datos generados son los del informe «Violencia feminicida en diez entidades de la República Mexicana», elaborado por la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y la Procuración de Justicia Vinculada de la LIX Legislatura, cuyas cifras abarcan el periodo de 2000 a 2004, razón por la cual se asignó un equipo especializado para la investigación y el análisis del feminicidio en el estado de Chiapas.
Existen organizaciones en Chiapas, señala el OCNF en su informe, que han contribuido a documentar los asesinatos de mujeres por razones feminicidas de posesión, celos, infidelidad, violencia sexual, venganza, trata y tráfico de personas. Una de ellas es el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (Colem).
El Colem participó de forma activa «para que el equipo de investigación tuviera acceso a expedientes de homicidios dolosos contra mujeres y realizara el análisis de los expedientes de mujeres asesinadas concluidos entre el 2007 y 2008», informa el OCNF.
El análisis se realizó para conocer la forma en que se manejan los expedientes de homicidios contra mujeres y determinar, con los propios documentos, la actuación de las autoridades responsables.
Apenas el pasado 26 agosto, en San Cristóbal de las Casas, la justicia chiapaneca, por primera vez, condenó a un militar por el feminicidio de su pareja, cometido en 2008. Sabina Patricia, estudiante indígena de 24 años, fue asesinada por Moisés Alfaro Morales, con quien procreó un hijo (cimacnoticias, 9 de noviembre 09).
El OCNF, revisó los expedientes de este caso y de otros siete para tener un panorama de la problemática de feminicidio en el estado de Chiapas.
Pese a ello, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chiapas, otra de las organizaciones que trabaja a favor de las mujeres en la entidad, afirma que a dos años de que se aprobara en el estado la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los asesinatos continúan porque el Poder Judicial no atiende a las mujeres, quienes al exigir justicia se enfrentan a la violencia institucional.
09/HEA/LGL
