«Un diente arrancado en un estallido de ira, una pierna rota en una brutal agresión feroz, una vida segada entre gritos de terror en medio de la noche. El conocidísimo paisaje de la violencia doméstica en Kenia está salpicado de historias trágicas, de un número extraordinario de víctimas mutiladas y desposeídas, de niños sin hogar abocados a la delincuencia, de corazones heridos que gritan de vergüenza. Seguimos contando a los muertos, pues cada día sucumbe a un golpe mortal una nueva víctima».
Éste es el resumen de un artículo de Wanja Githinji quien obtuvo en el año 2000 el premio que concede la agencia Cable News Network (CNN), al periodista más destacado del año, y aunque a veces los artículos sobre abusos contra mujeres son recibidos con aplausos, combatir estos abusos exige tiempo, recursos, imaginación, voluntad política, y un compromiso inquebrantable con los derechos de la mujer.
La declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, define esta violencia como «todo acto (de agresión) basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública, como en la vida privada».
En tal sentido, los Estados tienen el deber de garantizar que nadie sea sometido a tortura ni a malos tratos, con independencia de que éstos sean cometidos por agentes oficiales del Estado o ciudadanos particulares, señala en el documento Cuerpos Rotos, mentes destrozadas, la organización Amnistía Internacional (AI).
Pero lejos de proporcionar una protección adecuada a la mujer, hay Estados en todo el mundo que son cómplices de estos abusos, que los encubren y los consienten y que permiten que continúen cometiéndose libremente, señala AI.
Cada año, la violencia en el hogar y en la comunidad destruye las vidas de millones de mujeres. En junio del 2000, según información de la agencia AFP, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, reconoció que cinco años antes de la celebración de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer ( Pekín, 1995), la violencia contra ésta parte de la población había aumentado, pese a haberse convertido en un acto ilegal en casi todo el mundo.
La violencia contra la mujer tiene sus raíces en la discriminación, y a su vez la refuerza. Una faceta de la responsabilidad del Estado respecto de los abusos que sufre la mujer es su inacción a la hora de garantizar la igualdad de oportunidades para ambos sexos en los ámbitos de la educación, la vivienda, la alimentación, el empleo y el acceso al poder estatal formal, señala un informe del año 2000 de la ONU.
Las mujeres pobres y socialmente marginadas son especialmente vulnerables a la tortura y los malos tratos. En muchos casos, las políticas y prácticas racistas y sexistas agravan la violencia que sufren, y aumentan su vulnerabilidad ante nuevos actos de violencia.
Las normas sociales y culturales que niegan a la mujer la igualdad de derechos con el hombre también la hacen más vulnerable a los malos tratos físicos y psicológicos, y a los abusos sexuales. El común denominador es la discriminación de la mujer, que se le nieguen ciertos derechos humanos fundamentales por el mero hecho de que es mujer, indica AI.
HOGARES, LUGAR DE TERROR
«Sin excepción, el mayor riesgo de violencia para la mujer procede, no del peligro que representa un desconocido, sino de los hombres a los que conoce, a menudo los varones de su familia o su esposo… Lo sorprendente es que el problema es similar en todo el mundo», concluye el estudio Ending Violence Against Women, de la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos.
La violencia doméstica es un fenómeno auténticamente global. Aunque las cifras varían en función de los países, el sufrimiento y sus causas son parecidas en todo el mundo, por ejemplo, en México, de los 320 crímenes de mujeres reconocidos oficialmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, estado fronterizo con Estados Unidos; la sexta parte está calificado como violencia a manos de la pareja, 53 casos según el Instituto Chihuahuense de la Mujer (Ichimu), en información dada por Cimacnoticias el 5 de abril de 2004.
Una mujer (cuyo nombre es suprimido por razones de seguridad), de la República Democrática del Congo (ex Zaire), estaba casada con un oficial del ejército que la torturaba regularmente con palizas y patadas, muchas veces en presencia de sus hijos. Su esposo la violó en varias ocasiones y le contagió enfermedades de transmisión sexual. También la amenazaba de muerte a menudo con una pistola.
Durante uno de estos incidentes, le arrancó un diente, le dislocó la mandíbula y le propinó un puñetazo tan fuerte en el ojo que necesitó puntos de sutura y tuvo problemas continuos en la nariz, el cuello, la cabeza, la columna, la cadera y un pie.
Finalmente esta mujer pidió asilo en Estados Unidos, dijo que era inútil acudir a la policía, en parte debido a las relaciones de su esposo con la familia gobernante, y en parte porque «las mujeres no son nada en el Congo» . Un juez de inmigración estadounidense calificó de «atrocidades» los abusos que había sufrido, pero denegó su solicitud de asilo, resolución que confirmó el tribunal de apelación de inmigración.
En el pasado, la violencia contra la mujer en el hogar se consideraba un asunto privado, y no una cuestión de derechos civiles y políticos. Actualmente, la comunidad internacional reconoce expresamente que la violencia contra la mujer es una cuestión de derechos humanos que implica la responsabilidad del Estado, reseña AI.
Según datos del Banco Mundial (BM), al menos el 20 por ciento de las mujeres del mundo han sufrido malos tratos físicos o agresiones sexuales.
Los informes oficiales de Estados Unidos, confirmados por la ONU, dicen que cada 15 segundos hay una mujer que sufre malos tratos, y que 700 mil mujeres son violadas al año.
En la India, el estudio Scream Quietly, or Neighbours Will Hear concluyó que más del 40 por ciento de las mujeres casadas dicen haber sufrido patadas, bofetones o abusos sexuales por el descontento de su esposo con la comida o la limpieza, por celos, y diversos motivos más.
En Kenia, al menos 60 mujeres perdieron la vida debido a la violencia doméstica entre 1998 y 1999, y el 35 por ciento de las mujeres de Egipto afirman haber sufrido palizas a manos de sus esposos, según el reporte Domestic Violence Against Women and Girls, del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Para millones de mujeres, el hogar no es un refugio, sino un lugar de terror. La violencia doméstica es una violación del derecho de la mujer a la integridad física. A veces dura años y aumenta con el tiempo.
Puede causar problemas graves de salud a largo plazo, más allá de las lesiones inmediatas; las consecuencias físicas y psicológicas parecen ser acumulativas y pueden persistir incluso cuando la violencia ha cesado. La violencia en el hogar intimida, degrada y humilla, y destruye la autoestima.
La violencia doméstica adopta muchas formas. Recientemente, y en gran medida gracias a los esfuerzos de las organizaciones de mujeres de Asia, la opinión pública ha conocido la relacionada con la dote.
Aunque nadie sabe el número de mujeres indias golpeadas, quemadas o víctimas de otras agresiones físicas en relación con las exigencias de la dote, la declaración del gobierno indio de que en 1998 se habían denunciado 6 mil 929 muertes relacionadas con la dote, da una perspectiva de la escala del problema.
Mujeres de todas las clases, razas, religiones y edades sufren actos de violencia a manos de los hombres con quienes comparten su vida. Pero algunos grupos de mujeres son especialmente vulnerables a la violencia en el hogar, como las empleadas domésticas y las mujeres sometidas a matrimonio forzado.
Frente a este panorama, la inacción del Estado se refleja en diversas áreas, como la inexistencia de medidas preventivas adecuadas, la indiferencia de la policía ante los abusos, la no tipificación de éstos como delito, la discriminación de la mujer en el sistema judicial, y la existencia de procedimientos legales que obstaculizan la imparcialidad de los procesamientos penales, indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Así, para muchas mujeres víctimas de la violencia, obtener al reparación y resarcimiento legales es difícil cuando no imposible. Lo más habitual es que muchos actos de violencia contra la mujer queden envueltos en la impunidad e indiferencia, concluye el documento de AI.
2004/BJ/SM
