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Atenco: esperan resultados similares a los del caso de Lydia

Por Lourdes Godínez Leal

Las expectativas que se tienen sobre la investigación que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para investigar las violaciones a las garantías individuales en Atenco y Texcoco, “son muy altas” dados los resultados del caso Lydia Cacho y en todo caso, lo que se esperaría son resultados similares, aseveró hoy Juan de Dios Hernández Monge, quien se asume como defensor legal de algunas presas y presos.

En rueda de prensa convocada por el sector mujeres y la Sexta Campaña del Distrito Federal y Estado de México, el abogado del Colectivo de abogados zapatistas resaltó el que la SCJN haya decidido “reducir” el nivel de la investigación al designar por primera vez a dos magistrados para realizar la investigación.

No obstante, enfatizó, “la expectativa debe ser muy alta si tomamos como elemento de comparación el resultado que ya se ha hecho público con relación a la periodista Lydia Cacho, que en este caso propone juicio político contra Mario Marín, acciones penales y destitución del cargo de los procuradores, acción penal en contra de los policías que participaron en la detención y traslado de la periodista”.

Sin tratar de minimizar en absoluto, dijo Hernández Monge, la gravedad del caso de Lydia Cacho es incomparable con la situación que se presentó en San Salvador Atenco y Texcoco, los delitos de lesa humanidad que se cometieron contra Lydia Cacho se ven multiplicados en el caso de San Salvador Atenco, por lo tanto la expectativa debe ser la más alta.

Por lo que, en su opinión, los resultados de la indagatoria que realiza la Corte debieran incluir “juicio político en contra de Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora y Abel Villicaña, acción legal contra Wilfredo Robledo Madrid, contra Vicente Fox y cárcel a los perpetradores materiales de las violaciones sexuales, de la tortura”.

ENTRE EL OLVIDO Y LA IMPUNIDAD

En la conferencia, integrantes del Sector Mujeres y la Sexta campaña se pronunciaron una vez más por la liberación de cuatro mujeres que continúan presas en los penales de Santiaguito y de Molino de las Flores en el Estado de México y Texcoco, y se solidarizaron con otras dos mujeres que permanecen recluidas desde hace cinco años y a quienes consideran presas políticas, ya que no existen elementos suficientes para acreditar que deben permanecer en prisión.

Si bien se congratularon por la liberación en semanas recientes de Norma Aidé Jiménez Osorio, de María Luisa López y Suellen Gabriela Cuevas, “no queda claro cuál será el destino de Edith, Magdalena, Patricia y Mariana”, señalaron.

Norma Aidé Jiménez quien fue violada por policías, dijo “creer y confiar en la justicia” y en que sus agresores sean sancionados.

Pero el panorama resulta desalentador luego de que Juan de Dios Monge señalara que los policías que fueron acusados de tortura sexual, por violación, están siendo juzgados por las autoridades del Estado de México por “actos libidinosos”, por lo que dijo, difícilmente podrán ser juzgados por tortura bajo el pretexto de que “nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa”.

RECOMENDACIONES DE LA CNDH SOBRE ATENCO

Sobre las recomendaciones que del caso hiciera la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Hernández Monge enfatizó que ésta ha sido “una gigantesca tapadera de las atrocidades, de la brutalidad y arbitrariedades que comete el Estado Mexicano en todos los niveles”.

En su opinión, la recomendación “representó un absurdo” al pretender que la Procuraduría de Justicia del Estado de México y la Procuraduría General de la República (PGR), en una comisión, se investiguen a sí mismas.

“La consecuencia de esto es que nosotros hacemos denuncias por tortura y la Procuraduría del Estado de México empieza investigaciones por actos libidinosos o por abuso de autoridad, pero en ningún caso por tortura y la CNDH propicia que esto ocurra por sus recomendaciones tan laxas”.

Juan de Dios Monge señaló que CNDH, lejos de proteger los derechos humanos, prohíja la violación de éstos al permitir que continúe la impunidad como un mal generalizado, tejiendo un modus operandi del Estado para garantizarla.

07/LGL/GG/CV

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