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Atenco: funcionarios podrían ser sancionados por torturar mujeres

Por Lourdes Godínez Leal

Si las investigaciones que realiza el juez de la Audiencia Española, Fernando Grande Marlaska, demuestran que la ciudadana española Cristina Valls –violada por uniformados durante los operativos policíacos en Atenco y expulsada de México por cinco años— no ha tenido acceso a la justicia, al igual que el resto de mujeres violadas en los mismos hechos, el caso tendría amplias posibilidades de ser aceptada por dicha Audiencia.

Así lo señalaron en conferencia de prensa integrantes de la organización civil Women’s Link Worldwide, luego de hacer un llamado al Gobierno de México para que responda a la petición de información que le hiciera el 3 de marzo el magistrado Grande Marlaska sobre los procesos que se han abierto en México para investigar las violaciones contra las mujeres de Atenco, incluida la española Cristina Valls.

En su primer día de visita a nuestro país, Paloma Soria, de Women’s Link y abogada de Cristina Valls en este proceso, enfatizó que el argumento central de la querella interpuesta el 25 de enero en la Audiencia española contra 140 funcionarios mexicanos es el uso de la agresión sexual y la violación como método de tortura contra las mujeres.

Entre estos funcionarios se encuentran los de la Policía Federal Preventiva, de la Policía del Estado de México, de la Policía Municipal de Atenco y Texcoco, personal del penal de Santiaguito, del Instituto Nacional de Migración así como los autores materiales e intelectuales de todo el operativo desplegado en Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006.

JUSTICIA SIN FRONTERAS

“Buscamos que se acepte en los tribunales nacionales que la violación se usa como una forma de tortura,” argumentó Soria. Dijo también que la querella interpuesta se basa en el principio de justicia universal y recordó que México ha reconocido la extraterritorialidad de la justicia española al citar como ejemplo el caso del ex dictador argentino Ricardo Cavallo, en el cual México reconoció este principio al colaborar con la extradición a España de Cavallo, a petición de la Audiencia Española.

La abogada precisó que desde 2005 España cuenta con un principio de justicia universal absoluto, el cual supone que no se necesita más que un requisito para que la Audiencia Nacional se declare competente para conocer los crímenes de persecución internacional.

Lo único que se requiere es que ninguna persona haya sido absuelta, indultada o juzgada por los mismos hechos por los que se pide justicia ante la Audiencia y en el caso de Cristina Valls ninguna persona ha cumplido los requisitos anteriores, dijo.

En la conferencia, Bárbara Italia Méndez, detenida y violada durante los operativos de 2006, quien actualmente sigue en proceso pese a su liberación y fungirá como testigo de Cristina Valls en la Audiencia, confió en que será a través del ámbito internacional donde las mujeres mexicanas y extranjeras accedan a la justicia, convencida de que en México hay impunidad.

FUNCIONARIOS ANTE LA AUDIENCIA

Jacqueline Sáenz, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), diferenció las dimensiones de lo que pasará con el caso de las 11 mujeres que interpusieron demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el de Cristina Valls en la Audiencia Nacional Española.

Para la activista y defensora de derechos humanos, lo que se hizo ante la CIDH fue interponer una demanda contra el Estado mexicano porque su sistema y sus agentes estatales no han sido los adecuados para responder al llamado de justicia que hacen las mujeres, mientras que en la Audiencia Española se interpuso una querella penal que se seguirá contra personas individualmente identificadas.

Mientras la CIDH hará recomendaciones al Estado mexicano para reparar integralmente el daño a las víctimas, la Audiencia Española podría sancionar a los funcionarios, de encontrarlos responsables del delito que investiga.

CNDH Y SCJN, RECURSOS NO IDÓNEOS

Interrogada por los medios sobre la investigación que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los hechos de Atenco, Sáenz precisó que ni las realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ni las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son el recurso idóneo para que las mujeres que fueron violadas por policías accedan a la justicia.

En el caso de la CNDH, dijo, emite recomendaciones que la mayoría de las instancias no cumple y en cuanto a la SCJN, no puede señalar responsables ni puede hacer la reparación del daño.

“Su trabajo será muy bueno como una memoria histórica de decir que ocurrieron violaciones pero no es el recurso idóneo para las víctimas ni para alcanzar una sanción de los responsables”, dijo Jacqueline Sáenz.

Durante su visita a México, las integrantes de Women’s link se entrevistarán con las diputadas Ruth Zavaleta y Marina Arvizu, así como con la senadora Rosario Ibarra y algunas ONG. El sábado estarán en un plantón en el penal Molino de las Flores.

08/LGL/GG

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