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Atenco, Guadalajara, Oaxaca? tortura e incertidumbre

Por Guadalupe Gómez Quintana

Aunque México es uno de los Estados Parte de la Convención contra la Tortura, y ha cumplido con la presentación de informes establecidos en los artículos 21 y 22 de dicho acuerdo, ha recibido recomendaciones y señalamientos sobre varios casos, entre ellos los abusos cometidos contra civiles por miembros de las fuerzas policiacas en Atenco, Guadalajara y Oaxaca.

Con el fin de visibilizar y erradicar este problema, presente en todo el mundo, el 26 de junio de cada año se conmemora el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura y este organismo exhortó a todos los Estados a que se hagan Partes de la Convención contra la Tortura, aprobada hace exactamente 20 años y que, sin embargo, todavía no ha logrado su ratificación universal.

Las Naciones Unidas recuerdan hoy a los Estados partes la necesidad de cumplir el compromiso contraído para combatir la tortura, en una declaración conjunta, signada por el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En el caso de México, ante el informepresentado por nuestro paísa finales de 2006, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura respondió en febrero de 2007, con las siguientes recomendaciones:

“El Comité toma nota con preocupación de la información recibida acerca de la práctica del uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades policiales durante los sucesos y disturbios en las ciudades de Guadalajara (Jalisco), el 28 de mayo de 2004, y San Salvador Atenco (Atenco), el 3 y 4 de mayo de 2006.

“Le preocupa al Comité la información de que en estas operaciones se recurriría a un uso indiscriminado de detenciones arbitrarias e incomunicaciones, así como malos tratos y abusos de todo tipo. El Comité también ha recibido alegaciones de este tipo relacionados con los incidentes ocurridos recientemente en Oaxaca.”

ATENCO

El Comité, dice el documento, siente preocupación por la información sobre la violencia ejercida en particular contra las mujeres durante el operativo de policía llevado a cabo en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, en especial por las alegaciones de casos de tortura, incluso violación sexual, así como otras formas de violencia sexual como tocamientos y amenazas de violación, maltrato y otros abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad pública y otros oficiales encargados de hacer cumplir la ley.

Y recomienda al Estado mexicano:

Realizar una investigación pronta, eficaz e imparcial con respecto a los incidentes ocurridos durante el operativo de seguridad pública llevado a cabo en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006 y garantizar que los responsables de dichas violaciones sean procesados y sancionados adecuadamente.

Asegurar que las víctimas de los hechos denunciados obtengan una reparación justa y efectiva.

Garantizar que todas las mujeres que han sido victimas de violencia sexual puedan acceder a servicios adecuados de rehabilitación física y psicológica así como de reintegración social.

Establecer criterios transparentes para que se determine con claridad ?en casos de conflictos de competencia entre distintas autoridades judiciales? los casos en los cuales la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres en el País puede asumir jurisdicción y ejercer la facultad de atracción de determinados hechos delictivos contra las mujeres.

CIUDAD JUÁREZ

Sobre el feminicidio en Ciudad Juárez, dice la ONU: “El Comité toma nota de los esfuerzos del Estado Parte para abordar los casos de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, incluyendo la creación en 2004 de la Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con los homicidios de mujeres en el Municipio de Juárez, así como de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez

(CPEVMCJ).

Sin embargo, al Comité le preocupa que muchos de los asesinatos y desapariciones de más de 400 mujeres en Ciudad Juárez desde 1993 todavía sigan impunes y que los actos de violencia, inclusive asesinatos, sigan ocurriendo en Ciudad Juárez. También preocupa al Comité la información de que no se deriven las responsabilidades pertinentes del hecho que más de 170 agentes estatales habrían cometido infracciones disciplinarias y/o penales durante la investigación de estos casos, incluyendo la utilización de tortura para extraer confesiones.

Ante ello, recomienda al Estado mexicano:

Intensificar sus esfuerzos para encontrar y sancionar adecuadamente a los responsables de estos delitos.

Investigar y sancionar adecuadamente a los servidores públicos denunciados por emplear métodos de tortura con el fin de obtener pruebas.

Intensificar sus esfuerzos para cumplir plenamente con las recomendaciones formuladas por el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer subsiguientes a su investigación realizada bajo el artículo 8 del Protocolo Facultativo a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

QUE MÉXICO ACTÚE

El Comité solicitó al Estado mexicano que en su próximo informe periódico incluya información detallada sobre las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas en las observaciones finales.

También, que tome todas las disposiciones adecuadas para implementar estas recomendaciones, incluyendo transmitirlas a los integrantes del Gobierno y del Congreso, así como a las autoridades locales, para que sean examinadas y se tomen las medidas necesarias.

Que divulgue ampliamente, incluyendo en las lenguas indígenas, a través de los medios de comunicación, los sitios Web oficiales y las organizaciones no gubernamentales los informes presentados por el Estado Parte al Comité, así como estas conclusiones y recomendaciones.

En el plazo de un año, el Estado mexicano deberá informar sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas.

Finalmente, invitó a que México presente sus informes quinto y sexto que serán considerados como el sexto informe periódico, a más tardar el 31 de diciembre de 2010.

07/GG

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