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Atorados, leyes y organismos sobre violencia contra mujeres

Por Lourdes Godínez Leal

En Ciudad Juárez, este año han asesinado a 12 mujeres y 2 más han desaparecido, cifras que se suman a los 420 homicidios y a las 600 desapariciones que han ocurrido desde 1993 en ese lugar, según datos de ONG. Nayarit y el Estado de México superan el número de asesinatos en Juárez.

De 2003 a la fecha, México ha recibido 200 recomendaciones en materia de derechos humanos de las mujeres, de organismos de la ONU, del Comité de Expertas de la Convención para Eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y de la OEA. Todas están sin cumplir, dice la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Pero el Gobierno federal sigue creando “nuevas instancias y promulgando leyes para atender” la violencia contra las mujeres sin darles herramientas para operar, dice en entrevista Angélica de la Peña, ex legisladora del PRD y una de las principales impulsoras de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pareciera que a Felipe Calderón no le interesa el tema de la violencia de género, asegura.

A un año de publicada la Ley General en el Diario Oficial de la Federación, la ausencia de su Reglamento (que debió estar listo en mayo de 2007) refleja el menosprecio de Calderón por ésta y retrasa la posibilidad de proteger la vida y seguridad de las mujeres y niñas. Una “omisión grave de su gobierno” a una Ley emanada del Congreso de la Unión, señala.

La Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, de la cual forman parte De la Peña y Marcela Lagarde, entregó unos lineamientos “tipo” al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en noviembre de 2007. Son importantes porque los que propuso “una dependencia de la administración pública federal” se enfocaban únicamente a la violencia familiar y omitían la violencia feminicida (Cimacnoticias 3/12/07), dice De la Peña. Pero hasta hoy no tienen respuesta oficial de qué sucedió con ellos.

La titular del Inmujeres, Rocío García Gaytán, reconoció esta semana públicamente que “se atoraron” en la discusión del Reglamento porque no llegaban a un acuerdo sobre las facultades que tendría respecto de algunas dependencias del Gobierno federal.

Aseguró también que la falta del Reglamento “no ha sido un impedimento” para aplicar la ley y evadió dar plazos para su publicación. Y sobre los lineamientos entregados por Lagarde y De la Peña, señaló que se dieron un “poco tarde”, por lo cual sólo se tomaron en cuenta propuestas sobre la alerta de género y la legislación comparada.

FISCALÍAS Y COMISIONES, DE ADORNO

En junio de 2007 se rumoró que la Comisión Especial para Prevenir y Erradicar la Violencia en Ciudad Juárez sería trasladada de la Secretaría de Gobernación al Inmujeres. Así lo confirma el Decreto de abrogación realizado por el Ejecutivo Federal, disponible en la página electrónica de la Ley Federal de Competencia, pero García Gaytán niega que exista e insiste en que la Comisión “sigue ahí en Juárez”.

Organizaciones civiles y feministas han pedido reiteradamente audiencia con el Secretario de Gobernación para que explique el futuro de la Comisión. Guadalupe Morfín, ex comisionada para Juárez y quien presidió la oficina en México, confirmó que el traslado de la Comisión a “otra instancia” se había contemplado desde 2006 (Cimacnoticias 13/07/07).

La Comisión especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados, de mayoría panista, no ha tenido un acercamiento con la sociedad civil para informar cómo y en qué están trabajando, sostiene María de la Luz Estrada, de Católicas por el Derecho a Decidir.

Y en Chihuahua, el Congreso estatal decidió “cerrar” la Comisión de Feminicidio para esta legislatura, a pesar de la protesta que realizaron esta semana las madres de las víctimas de feminicidio, quienes fueron retiradas del recinto legislativo por la fuerza pública.

TRATA

Por otra parte, el Gobierno federal, a través la Procuraduría General de la República, decretó la creación de la Fiscalía para la Atención de Delitos Violentos contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), que además de combatir la violencia contra las mujeres, tendrá facultades para “perseguir y consignar el delito de trata de personas”, delito que afecta más a mujeres, niñas y niños, aunque no hay cifras confiables en este país, dicen expertos.

Sadot Sánchez Carreño, ex legislador priista impulsor de la Ley de trata en el Senado y actual responsable del tema en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), afirma por su parte que “lo deseable” hubiera sido crear una unidad especializada que atienda exclusivamente la trata de personas, pues la Fevimtra tendrá “algunas limitaciones” para actuar en el caso de delincuencia organizada.

Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, considera que eso es un sin sentido ya que todos los delitos de trata de personas están relacionados con la delincuencia organizada, ya que intervienen más de 3 personas: “si tienes un padre que vendió, un individuo que compró, otro que trasladó, otro que está explotando y otro que está comprando, ya tienes ahí crimen organizado”.

Dice la experta que confía en la trayectoria de Guadalupe Morfín, fiscal de la Fevimtra, pero no basta buena voluntad, tiene que haber sustentos jurídicos suficientes para hacerle frente a este delito.

La Ley de trata de personas, dice Ulloa, publicada en el DOF en abril de 2007, carece de Reglamento. Además, considera la experta, no se podrá aplicar porque el bien jurídico tutelado fijado por el Congreso de la Unión es “el normal desarrollo de la personalidad”, cuando debiera ser la vida, integridad, seguridad y libertad de las personas.

Uno de sus aspectos más graves, observó, es que el consentimiento dado por la víctima es excluyente del delito, cuando todos los tratados internacionales establecen lo contrario. Por ello, la experta está “agotando” todos los procedimientos internos para llevar la Ley ante el Comité de Expertas de la CEDAW, como una queja específica porque “están obviando tratados internacionales”.

08/LG/GG/CV

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