La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó atraer de oficio, el recurso de apelación contra la sentencia emitida para las indígenas otomíes Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, presas desde hace tres años por el presunto «secuestro» de seis agentes de la ex AFI.
En un comunicado de prensa, la SCJN informó que la Primera Sala determinó hacerse cargo del recurso de apelación promovido por la defensa de Alberta y Teresa, con lo que la revisión de la sentencia quedará a cargo de la ministra Olga Sánchez Cordero para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
Alberta y Teresa fueron sentenciadas por segunda ocasión a 21 años de cárcel y a pagar una multa de 91 mil pesos más 70 mil por concepto de «reparación del daño», luego de responsabilizarlas de haber «secuestrado» a seis elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
La ministra y los ministros señalaron que el caso de las indígenas otomíes, es de interés y trascendencia, porque se trata de un recurso de apelación contra una sentencia dictada en un proceso donde la Federación es parte y, por lo mismo, es claro que se tiene un gran interés por descubrir los hechos que originaron la impugnación.
Agregaron que el caso de las queretanas recluidas en el penal de San José El Alto, Querétaro, además permitirá que la Sala fortalezca sus criterios relacionados con asuntos que involucren la prohibición a la discriminación, los derechos de las mujeres y los derechos de los pueblos indígenas.
La Sala acordó conocer del recurso de apelación contenido en el expediente 71/2010, del índice del Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, en contra de la sentencia condenatoria dictada en la causa penal 48/2006/IV, radicada en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro, por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y contra servidores públicos.
Las indígenas otomíes Alberta y Teresa junto con Jacinta Francisco Marcial, fueron acusadas de haber «secuestrado» a los agentes, durante un operativo de decomiso de mercancía apócrifa en el tianguis de Santiago Mezquititlán, municipio de Querétaro Fueron encarceladas el 3 de agosto de 2006.
El juez cuarto de distrito Rodolfo Pedraza Longi «encontró elementos suficientes» para sentenciar a las tres a purgar 21 años de prisión y al pago de 91 mil pesos de multa, por el delito de secuestro.
Sin embargo, el 15 de septiembre de 2009, Jacinta salió de prisión al existir «duda razonable» sobre su culpabilidad, a falta de elementos de prueba; Alberta y Teresa se quedaron presas, a pesar de que las acusaciones y los procedimientos eran similares en los tres casos.
En el caso de Jacinta, la Procuraduría General de la República (PGR), decidió presentar conclusiones no acusatorias en su contra, en cuanto a las coacusadas Alberta y Teresa, determinó que «existen elementos de convicción contundentes que demuestran su participación en la comisión de los delitos atribuidos».
El 21 de febrero de 2010 Pedraza Longi las condenó nuevamente a 21 años de cárcel 91 mil pesos de multa y 70 mil pesos por concepto de «reparación del daño para los secuestrados».
ATRAEN EL CASO DE IGNACIO DEL VALLE
De igual manera la SCJN, informó que atraerá el caso del líder del Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del Valle Medina, quien se amparó contra la sentencia que se le impuso por el delito de secuestro equiparado, con ello el máximo tribunal resolverá todos los procesos penales que enfrentan los 12 pobladores de San Salvador Atenco que se encuentran presos desde hace casi cuatro años.
La ministra y los ministros precisaron que este caso tiene relación con los relativos al caso de San Salvador Atenco y se ejerce por los mismos motivos que argumentó la Sala, el 24 de febrero del año en curso. Por lo que la SCJN resolvió atraer los amparos directos y se turnó al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
El 21 de agosto de 2009, el juez primero de lo penal con sede en el reclusorio Molino de Flores, ubicado en Texcoco, Jorge Alberto Cervantes Juárez, dictó la sentencia por 45 años de prisión (en suma fue condenado a 120 años) y el pago de 130 mil 548 pesos por reparación del daño. Éste era el único amparo relacionado con el caso Atenco que no había sido atraído por el máximo tribunal.
«El caso reviste interés y trascendencia, toda vez que su análisis permitirá evaluar la constitucionalidad del tipo penal de secuestro equiparado, así como para definir constitucionalmente las relaciones que pueden existir entre el ejercicio de las libertades de expresión, petición y manifestación», afirmaron la ministra y ministros.
10/GTR/LR/LGL
