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Atzompa: exigen nahuas audiencia con Felipe Calderón

Por Laura Castro Medina

Pese a la entrega de millonarios apoyos del Gobierno estatal y la pretensión de una consulta pública para decidir sobre la permanencia del ejército en la zona serrana, indígenas de Soledad Atzompa no desisten en su reclamo de justicia por la muerte de la mujer victimada presuntamente por militares y ya programan marchas y exigen una audiencia con Felipe Calderón Hinojosa.

Este fin de semana, autoridades del gobierno estatal arribaron a comunidades de Soledad Atzompa para distribuir despensas, cobertores, láminas de zinc, bicicletas, colchonetas, cemento para construcción de pisos en viviendas, dos autobuses escolares para las y los niños de las comunidades, además de más de dos millones de pesos para la construcción de una gasolinera que desde hace más de dos años demandaba la población serrana.

En Tetlacinga, lugar donde ocurrió la violación y tortura de la indígena náhuatl, el subsecretario de Finanzas del estado, Javier Duarte, acompañado de los diputados Pedro Montalvo e Ignacio Valencia, entregó 5 viviendas para los hijos de la víctima consistentes en un cuarto de mampostería de 4 metros de largo y 4 de ancho con su respectivo baño ecológico de fibra de vidrio, además de cientos de despensas, cemento, camas y diversos apoyos.

Ahí los hijos de la víctima de nueva cuenta externaron: “No queremos dinero, no queremos nada, sólo justicia”.

Extrañados por los apoyos nunca antes vistos en Soledad Atzompa, cerca de mil personas se concentraron en el auditorio municipal para recibir la ayuda. Sin embargo, en su escaso español y con las manos ocupadas por las despensas, cobertores o láminas, aclaraban a los representantes de los medios de comunicación que no abandonarán su lucha de justicia por la muerte de “nuestra hermana mayor”.

Hombres y jóvenes con chamarras rojas ?color distintivo de la campaña de Fidel Herrera Beltrán y ahora de la administración estatal- sonreían abiertamente a las y los indígenas ahí presentes en una fingida muestra de solidaridad con el pueblo de Soledad Atzompa.

No había transcurrido siquiera 24 horas cuando el diputado priista por la sierra de Zongolica, Ignacio Valencia Morales, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local en la ciudad de Xalapa anunció la realización de una consulta pública para que sean habitantes de los 14 municipios del Distrito de Zongolica quienes determinen si el ejército podrá seguir incursionando en la región o salga definitivamente de la zona serrana.

Así, correspondería a los comisariados ejidales, dirigentes de organizaciones campesinas y al Consejo de Ancianos determinar la realización de la misma.

Recordó el dictamen emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la muerte por enfermedad de la mujer indígena, al cual el legislador le dio validez, por lo que inquirió que incluso se podría, con la opinión de los representantes comunitarios, exonerar a los militares a los cuales no se les ha encontrado ninguna responsabilidad en el caso.

Pues agregó que durante el tiempo en que ha ocupado diferentes cargos públicos en la sierra de Zongolica nunca había recibido queja o denuncia sobre agresiones de los soldados hacia la población.

En este contexto Jairo Guarneros Sosa, representante de la sociedad civil y miembro adherente de la Otra Campaña, externó que estas acciones pueden ser interpretadas con otra intención, pues tal pareciera que intenta el gobierno estatal encubrir a los responsables del crimen de la mujer y acallar las voces de las y los indígenas que reclaman justicia.

Explicó que los apoyos son necesarios, pues eran demandados desde años atrás, pero su entrega en este momento se “enreda” con un hecho lamentable que mantiene indignado a la población de la región. Por ello es “curioso” que precisamente tras la muerte de la indígena comiencen a fluir “sorpresivamente” las ayudas.

Para la sociedad civil los apoyos enviados por el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, únicamente entorpecen las investigaciones y pudieran ser considerados como un intento de compra de conciencias.

Por otro lado aseguró que son la totalidad de las y los indígenas quienes deben determinar sobre la presencia de los militares en la sierra y no un grupo de “elegidos” por el gobierno estatal, la demanda es clara. “Nadie está conforme con los abusos, robos y agresiones de los militares, el reclamo de salida es inminente”, sentenció el entrevistado.

Cabe destacar que los hijos de la finada y las propias autoridades municipales canalizaron una carta a Felipe Calderón Hinojosa en la cual solicitan una audiencia privada “para dialogar, aclarar posibles malos entendidos y para saber personalmente qué dice su corazón”.

Pues seguramente la declaración a priori de Calderón sobre las causas de muerte de la indígena pudo obedecer a un informe equívoco canalizado por su personal, citan en la misiva.

Por su parte integrantes del Frente Político de Izquierda, del PRD, marcharán el próximo 13 de abril desde Córdoba hacia la capital del estado. Durante el trayecto, contingentes de otros municipios se sumarán a la marcha, pretendiendo llegar el 15 de abril a la capital del estado para efectuar un plantón frente al palacio de Gobierno y exigir una respuesta oficial a la Procuraduría General de Justicia de Veracruz sobre la muerte de doña Ernestina.

QUE SE CUMPLAN RECOMENDACIONES

Paralelamente, diversas organizaciones no gubernamentales y de mujeres demandaron al gobierno federal, a las autoridades mexicanas, el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por Amnistía Internacional (AI) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) en relación a la violación tumultuaria y asesinato de Ernestina Ascencio Rosario, por presuntos militares mexicanos.

En un comunicado de prensa, el Comité Ciudadano Rosario Ibarra, Mujeres Universitarias de Xalapa, Ciudadanas Veracruzanas Independientes, Autoridades Nahuas de Soledad Atzompa y Representantes del Gobierno Legítimo rechazan “categóricamente la afirmación de Felipe Calderón, enel sentido de pretender exculpar a los militares violadores y asesinos. Ya que en la segunda necropsia se reitera que sí fue violada”.

Expresan su “profunda preocupación por las expresiones exculpatorias de autoridades locales y federales, asimismo de aquellas que se supone están obligadas, éticamente y legalmente, a defender los derechos humanos, como es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en voz de su representante”.

La CNDH, dicen las organizaciones, carece de datos para negar que la víctima fue violada. “Para la sociedad es grave que la CNDH pretenda exonerar a los militares”.

Demandan, por tanto, el total cumplimiento de las recomendaciones emitidas por Amnistía Internacional y de la Organización Mundial Contra la Tortura.

07/LC/GG/CV

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