Al no haber una respuesta clara a su reclamo de justicia, organizaciones y familiares de la indígena náhuatl presuntamente violada y victimada por militares denunciarán penalmente al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, y además solicitarán formalmente la intervención de Amnistía Internacional para el esclarecimiento de la muerte de la señora.
Durante casi tres horas, más de 250 representantes comunitarios y organizaciones indígenas de la sierra de Zongolica se solidarizaron con la familia de la víctima y rechazaron el dictamen de la CNDH sobre las causas de muerte de la indígena de la comunidad de Tetlacinga.
En la asamblea comunitaria se conformó un comité integrado por los hijos de la víctima, representantes comunitarios, autoridades de 10 municipios de la sierra de Zongolica, dirigentes de organizaciones civiles de la región de Orizaba y Córdoba, y se invitará a diputados federales y locales a participar en él, para que juntos emprendan una acción jurídica en contra del presidente de la CNDH.
Exigen también a Felipe Calderón la destitución inmediata de Soberanes por «mentir a la población en general sobre (que) la muerte de nuestra hermana fue por diferentes enfermedades, cuando los hijos aquí presentes fueron testigos de las últimas palabras de su señora madre que les dijo: que ella había sido atacada sexualmente», expresó el presidente municipal de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala.
La comisión, respaldada por el diputado federal Marcos Matías, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, marcará un plazo de una semana para lograr una respuesta clara. Posteriormente iniciarán movilizaciones en diferentes partes de la entidad, pues no dejarán que los hechos queden impunes.
El director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Soledad Atzompa y líder natural de la sierra de Zongolica, Julio Atenco Vidal, explicó que la estrategia de lucha jurídica se construirá en alianza con un grupo de ciudadanos de la Ciudad de México, quienes han ofrecido su apoyo solidario, y con Amnistía Internacional, la cual cuenta ya con toda la información del caso.
Opinó que, considerando que el asunto es cada vez más complejo, se ven obligados a agotar todas las instancias nacionales y recurrir de ser necesario a los Tribunales Internacionales, a fin de que el crimen no quede impune, pues es un crimen que no solo agravia a la familia natural o al pueblo de Atzompa sino a todos los pueblos indígenas del país, al tratarse de una mujer, anciana e indígena.
En este caso ?aseguró Atenco Vidal- como estrategia retomarán la palabra del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, quien contradiciendo la declaración de la CNDH asegura que la muerte de Ernestina es un crimen y no una muerte natural. «Este es un paso muy importante que demuestra congruencia del Gobierno del estado y con ello queremos reconocer que se ratifica la alianza estratégica que ya se le ofreció al gobernador la semana pasada de parte de todas las autoridades comunitarias de Soledad Atzompa».
Con los brazos alzados, en señal de que están en lucha, los indígenas se solidarizaron para que con una misma voz, con la suma de fuerzas y bajo una misma dirección exijan justicia y castigo a los responsables del crimen, que son militares y para que se desmilitarice la sierra de Zongolica. Pero además para que tanto el Gobierno federal y Estatal apoyen los procesos de auto desarrollo y autonomía indígena en la sierra.
«Nosotros lo que queremos pedirles es justicia, no pedimos otra cosa, estamos en contra de los responsables, nosotros queremos justicia, nosotros no queremos dinero, no queremos nada, lo que queremos es justicia, tenemos hambre y sed pero no de la que se calma con agua sino la que se calma con justicia», fueron las palabras de los hijos de la mujer asesinada el pasado 25 de febrero en Tetlacinga.
A decir del dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, René Huerta Rodríguez, se mantienen un contacto cercano con organizaciones nacionales e internacionales. Existe también un enlace continental con organizaciones de mujeres indígenas, incluyendo a más de cien grupos del país y todos ellos se encuentran muy atentos a la aplicación de la ley en este caso.
Además externó que cuando así lo determinen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional podrán intervenir en este caso, «las puertas se encuentran abiertas para todos aquellos que deseen que esto se esclarezca».
Así mismo denunciaron hostigamiento y amenazas que tanto las autoridades como los representantes comunitarios han recibido de forma anónima. «Hay una mano negra atrás de todo esto, viene de cualquier lugar menos de la zona, es muy probable que venga del gobierno federal», opinó Julio Atenco Vidal.
07/LC/GG
