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Aumenta número de muertes por complicaciones en embarazo

En Argentina se incrementó la cantidad de mujeres que fallecieron durante el embarazo, parto o puerperio, informó el Ministerio de Salud del país sudamericano.

En 2009 murieron 87 mujeres más que en 2008 superando los valores registrados dos décadas atrás.

Las complicaciones derivadas de los abortos inseguros son la principal causa de estas muertes, motivo por el cual cientos de organizaciones de mujeres y adherentes continúan trabajando para que el Congreso debata el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el cual fue presentado por más de 50 diputados con la tutela de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

En la última semana del mes de mayo, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres que se convoca cada día 28, la Campaña proyecta llevar a cabo una serie de actividades dentro y fuera del Congreso con la participación de conferencistas y artistas populares para volver a instalar la discusión sobre el tema.

En Argentina alrededor de 50 de cada mil mujeres en edad fértil recurren al aborto anualmente. La persecución penal de esta práctica obstaculiza su acceso a la atención médica dejándolas a la deriva y sin ningún tipo de cobertura, principalmente a los sectores más vulnerables.

Así la proporción de muertes maternas por aborto (entre 25 y 30 por ciento en los últimos cinco años) es más del doble que la estimada para América Latina (AL) por la Organización Mundial de la Salud (11 por ciento).

Hace un mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado de atención al Estado argentino y otros Estados de AL para que eliminen “todas las barreras de derecho y de hecho que impiden a las mujeres su acceso a servicios de salud materna que ellas necesitan, tales como la sanción penal al acudir a estos servicios”.

No es la primera vez que sucede: ya en el año 2010 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Comité de la Convención Internacional para Prevenir Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) se habían expresado en el mismo sentido.

La CEDAW incluso había reclamado la aplicación “uniforme y equitativa” en todo el país de la Guía de Atención del Aborto No Punible para los casos de violación de mujeres o para evitar que la salud de la mujer corra un riesgo que no puede ser evitado de otra forma, que fue elaborada por el Ministerio de Salud en 2007 pero que nunca fue aplicada, ni difundida entre los profesionales.

Desde el 28 de mayo de 2005, con el lema “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, alrededor de 300 organizaciones y cientos de personalidades del mundo de la cultura, el deporte, la academia, las letras, el ámbito científico y los Derechos Humanos, participan de la Campaña Nacional por la despenalización del aborto.

A fines del año pasado la Campaña logró que el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fuera acompañado por legisladores y legisladoras de diferentes partidos políticos, garantizando el inicio del debate en las comisiones de Legislación Penal, Acción Social y Salud Pública, y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, de la Cámara de Diputados.

El proyecto plantea que toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación y fuera de este plazo en casos de violación, malformaciones fetales graves o si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer.

En la Cámara, otras iniciativas legislativas extienden el plazo a las 14 semanas de gestación y promueven instancias de acompañamiento pre y post aborto. Por lo pronto, en la Comisión de Legislación Penal están previstas reuniones con representantes de distintas religiones y luego con referentes académicos y representantes de las universidades.

En un país en el que se practican entre 350 mil y 400 mil abortos por año, Estela Díaz –una de las impulsoras de la Campaña Nacional– destacó los logros alcanzados hasta el momento pero advirtió que “se trata de seguir dando la discusión en la calle y en el Congreso, con las universidades y en todos los ámbitos, porque las que ponen el cuerpo siguen siendo las mujeres más vulnerables, las que pertenecen a los sectores empobrecidos y pagan con su salud o con su vida la existencia del aborto inseguro”.

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