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Aumentan mil por ciento asesinatos de mujeres en Chihuahua

Por la Redacción

Aunque instancias internacionales han recomendado al gobierno mexicano prevenir, investigar y sancionar a los responsables del feminicidio en el estado de Chihuahua, en cuatro años los asesinatos de mujeres se dispararon en más de mil por ciento.

Un informe elaborado por las organizaciones Justicia para Nuestras Hijas, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Mukira, reveló un drástico aumento en los casos de feminicidio en sólo cuatro años, pues pasaron de 53 en 2007 a 584 en 2010.

El documento es parte de los informes “sombra” que la sociedad civil organizada envió al Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que mañana evaluará a México.

La información recopilada por estas agrupaciones señala que en la entidad fronteriza también hay indicios de casos de trata de personas, desaparición forzada y además negligencia del Estado en la identificación de osamentas e investigación de los casos.

Las organizaciones oriundas de Chihuahua, entidad emblemática por el auge del feminicidio, advirtieron que las recomendaciones emitidas por el Comité de la CEDAW en 2005 y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en 2099, no se han cumplido.

Hace siete años el Comité de la CEDAW elaboró un informe especial sobre Ciudad Juárez y realizó diversas recomendaciones; hace tres años la CoIDH emitió una sentencia contra el Estado mexicano por tres casos de feminicidio, y también hizo otras recomendaciones.

Ambos organismos internacionales recomendaron al gobierno de México elaborar estadísticas sobre la condición de las mujeres o bases de datos sobre mujeres asesinadas y desaparecidas; y políticas públicas para prevenir y sancionar estos crímenes.

Sin embargo, las organizaciones asentaron en su informe que el Estado mexicano, y en específico las autoridades de Chihuahua, continúan sin cumplir con la mayoría de las resoluciones y por el contrario son omisos ante la violencia y la discriminación que viven las mujeres.

“La gran mayoría de los criminales no son llevados ante la justicia. Más aún, la política de seguridad del Estado para combatir la violencia no ha sido efectiva ni respetuosa de los Derechos Humanos (DH)”, destacó el informe, por lo que se desmienten los avances presumidos por México ante el Comité de la CEDAW.

Como ejemplo citaron datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) que indican que de 1990 a 2007 se registró en Chihuahua un promedio anual de 56 asesinatos de mujeres; y entre 2008 y 2010 el promedio anual fue de 327, casi uno diario.

Además de que el Estado mexicano no previene que ocurran estos asesinatos, tampoco investiga. A decir del reporte, las mujeres enfrentan barreras adicionales para ejercer sus DH y tienen muy poco o nulo acceso a la justicia.

Para evidenciar la omisión de las autoridades de Chihuahua para prevenir los asesinatos, las agrupaciones señalaron que la Fiscalía General de Justicia del estado reportó 445 homicidios en la entidad en 2010, de los cuales 380 se encuentran aún en investigación.

Según las autoridades locales, de esos 445 homicidios, 40 fueron declinados a otra jurisdicción, sólo 20 fueron llevados ante un tribunal y 5 fueron reservados. Es decir, más del 95 por ciento de los asesinatos de mujeres no han sido resueltos.

Por si fuera poco, las desapariciones de mujeres son otro fenómeno cotidiano en el estado. Entre enero y febrero de este año por lo menos 12 cuerpos de mujeres y niñas se encontraron en un terreno en el Valle de Juárez, en Praxedis Guerrero.

En estos casos la negligencia comienza desde que las autoridades se niegan a activar el Protocolo Alba ?sobre búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas?, y después al no lograr identificar los restos de los cuerpos encontrados, o no querer revelar esa información.

Las organizaciones civiles hicieron una serie de recomendaciones que esperan sean retomadas por el Comité de la CEDAW, entre éstas, que se deroguen las leyes discriminatorias, se proteja a las mujeres que denuncian violencia, y se implemente una base de datos genéticos de desaparecidas y asesinadas.

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