Explotación sexual, trata, pobreza y falta de derechos forman parte de la cruel realidad para millones de niñas y niños en México.
Este 30 de abril, Día de la Niñez, no hay nada que celebrar, coinciden activistas por los derechos de la infancia, quienes advierten que el Estado mexicano ha sido omiso ante problemáticas emergentes que agobian a las y los menores de edad, tales como violencia, abuso sexual y trata de personas.
En México hay 39 millones 226 mil 744 personas de entre 0 y 17 años de edad, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010. La cifra representa el 34.91 por ciento de la población nacional. Del total de menores de edad, 19 millones 351 mil 565 son niñas y adolescentes, es decir el 50 por ciento.
Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en nuestro país 3.3 millones de niñas y niños no asisten a la escuela. La mayoría proviene de familias en situación de pobreza y de comunidades indígenas.
En 2011 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que 21.4 millones de la población de 0 a 17 años de edad están en situación de pobreza. Un aumento respecto a 2010 cuando la cifra era de 20.8 millones.
«En general en México la infancia se encuentra desprotegida, no es sujeta de derechos; seguimos viendo a las niñas y los niños como objetos de protección o de perversión? es terrible, es una cotidianidad el maltrato a la infancia», denuncia Mayra Rojas, directora de la organización civil Infancia Común.
Nashieli Ramírez, coordinadora de la agrupación Ririki Intervención Social, apunta que a la pobreza y exclusión que padecen millones de niñas y niños se suma la violencia desatada por el narcotráfico. Es uno de los problemas emergentes que no ha sido atendido por las autoridades, recalca.
«NATURALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA»
Ramírez sostiene que como consecuencia de la «guerra contra el narco» declarada por Felipe Calderón, la infancia es una de las poblaciones más afectadas por las agresiones tanto de las bandas criminales como de las fuerzas del Estado, sobre todo en entidades como Chihuahua, Nuevo León, Michoacán o Veracruz.
La directora de Ririki explica que otra arista de esta violencia es que ante la pérdida de espacios públicos, niñas y niños terminan «secuestrados en sus casas», además de que las y los menores de edad comienzan a ver esos fenómenos como «normales», es decir «naturalizan la violencia».
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) registra que los homicidios dolosos de niñas, niños y adolescentes en el país se incrementaron en 30 por ciento en un año. Tan sólo de enero a abril de 2010 hubo 60 muertes, mientras que de enero a abril de 2011 se registraron 84 asesinatos.
Mayra Rojas agrega también se agudiza la explotación sexual infantil. «Ahora los criminales se llevan a las niñas, niños y adolescentes para utilizarlas como servidumbre o para servicios sexuales y trata. Las niñas no tienen ninguna posibilidad de salir de esos espacios», observa.
La organización civil Justicia para Nuestras Hijas reporta que en Chihuahua más de la mitad de las mujeres desaparecidas en 2010 son niñas, y recalca que el mayor riesgo de desaparecer lo corren las adolescentes de entre 13 y 17 años de edad.
Al respecto, Rojas señala que hay reportes de que en Chihuahua y Nuevo León la delincuencia secuestra a niñas y adolescentes de entre 12 y 18 años para explotarlas sexualmente. «Tenemos conocimiento de niñas en Chihuahua que, yendo con sus familias en sus carros, son detenidas por sicarios, quienes las bajan del vehículo y les disparan a los demás», relata.
ANIQUILACIÓN SOCIAL
La activista considera que esa violencia contra las niñas contribuye a que cada vez más se destruya el tejido social: «Es una especie de aniquilación frente a las ya de por sí pocas oportunidades de escuela y trabajo».
Por ello demanda que se legisle a partir de los derechos de las niñas, «que se les vea como sujetas de derecho y no sólo de protección».
En el año 2000 se aprobó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Desde 2010 el Congreso discute ?a partir de una serie de iniciativas para reformar la normatividad vigente? una Ley General de Protección Integral de los Derechos de la Niñez.
Expertos en infancia y hasta la UNICEF alertan que el nuevo proyecto carece de los «mínimos necesarios» para garantizar los derechos infantiles.
Juan Martín Pérez, director de la Redim, abunda que la iniciativa tiene «graves deficiencias», ya que plantea resolver problemas de la infancia pero no dice cómo.
Un ejemplo es que no contempla abatir la explotación sexual infantil y se limita a una lógica «proteccionista», cuando debiera ser una ley con énfasis en la promoción y garantía de los derechos de las y los niños. «Es sólo un decálogo de buenas intenciones», afirma.
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