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Aumentar penas por aborto en El Salvador afectaría a niñas

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Sara García, integrante de la Red Salvadoreña de Defensoras Derechos Humanos, afirmó que aumentar las penas por aborto en El Salvador criminalizaría aún más a las niñas y es que en el país se han registrado mil 444 niñas de 10 a 12 años embarazadas como resultado de una violación sexual durante 2016.
 
En entrevista con Cimacnoticias, durante el Diálogo Regional Intercambio de Buenas Prácticas Desafíos y Nuevos Retos para la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres que se realizó en esta ciudad, la activista dijo que las niñas serían las más afectadas en caso de que se aumente las penas por el delito de aborto.
 
Esto lo dijo porque el pasado 11 de julio, el diputado Ricardo Velásquez Parker del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) presentó ante la Asamblea Parlamentaria de El Salvador, una iniciativa para reformar el Código Penal de ese país para aumentar la pena de aborto que actualmente es de dos a ocho años de prisión para que sea de 30 o 50 años.
 
De acuerdo con García, el 30 por ciento de los partos en el país centroamericano durante el 2015, fueron de niñas de 10 y 14 años. Además 25 mil niñas estuvieron embarazadas “sin tener el desarrollo físico, psíquico ni emocional para afrontarlo”.
 
Esta información ha sido difundida por diferentes asociaciones civiles que promueven los Derechos Humanos y de las mujeres, como la Alianza por la Salud Sexual y Salud Reproductiva, la Asociación de Jóvenes Feministas Ameyally y la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida.
 
Sara García explicó que en la actualidad la pena de aborto es de dos a ocho años de prisión y con esa sanción ya hay casos documentados de violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres, quienes han sido sentenciadas a cumplir una pena por aborto y homicidio agravado, cuando muchas de ellas tuvieron emergencias obstétricas.
 
La activista alertó que se repetirían casos como el de María Teresa Rivera quien cumplió casi 5 años de prisión de una condena de 40 años luego de ser sentenciada por el delito de homicidio agravado.
 
En este caso la mujer fue liberada en mayo pasado después de que el juez Martín Rogel Zepeda reconociera que no había suficientes elementos que probaran la comisión de delito y admitiera que la condena fue un “error  judicial”, aunque podría pisar nuevamente la cárcel luego de que un fiscal apelara su libertad.
 
La activista dijo que en la actualidad 25 mujeres están en la cárcel acusadas de haber tenido un aborto y de homicidio agravado, por lo aprobar un aumento de la penalidad sería “violencia institucional” al violar los Derechos Humanos de las mujeres.
 
García indicó que considerar el aborto como un delito provoca la persecución contra las mujeres que solicitan atención de emergencias de salud ya que en vez de ser atendidas son cuestionadas, acusadas y sometidas a procesos judiciales por delitos que no cometieron.
 
Ante ello las organizaciones a favor de las mujeres hicieron un llamado enérgico a diputadas y diputados para que legislen a favor de los derechos de las mujeres y prevengan futuros casos de violencia sexual contra niñas, mujeres y adolescentes.
 
16/GVV/AGM

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