Durante los primeros tres años de la administración de Felipe Calderón, autonombrado «presidente del empleo», el desempleo abierto creció 72 por ciento, informó Carlos Rodríguez Rivera, coordinador del área de Procesos Educativos y Organizativos del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).
Durante la conferencia de prensa convocada por esta organización para presentar su XIII Informe de violaciones a los derechos humanos laborales en México durante 2009. Violencia laboral de Estado, destaca el documento que en 2009 se cancelaron 181 mil 271 plazas, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) se cancelaron 255 mil 273 empleos de este tipo, en el mismo periodo.
La pérdida de sus fuentes de trabajo derivó en la pérdida del poder de compra de las familias, sobre todo en los hogares encabezados por mujeres, indicó Rodríguez Rivera.
Frente a este panorama Calderón Hinojosa echó a andar el Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo, en enero de 2009, pero éste no representó mejoras sustantivas en la calidad de vida de las y los trabajadores.
Estas acciones, creadas para abatir la crisis, fueron todavía más intrascendentes para las mujeres, ya que de los 15 programas de fomento al empleo del gobierno federal, «no encontramos ni uno solo que fomentara la contratación de las mujeres», indicó Carlos Rodríguez.
Por lo que, concluyó, el gobierno federal «descuidó» su primera tarea que es garantizar la convivencia democrática de la población, pues en lugar de garantizar los derechos fundamentales de las y los mexicanos como el derecho al empleo; contribuyó al deterioro de su calidad de vida.
El informe señala que en 2009 la violencia institucional en contra de las trabajadoras y trabajadores del país se tradujo en la violación a su derecho al empleo, a la libertad sindical, y a un salario remunerador, circunstancia que afectó de manera particular a las mexicanas en un escenario de crisis económica.
Rodríguez Rivera refirió que mientras el gobierno federal se pronuncia en contra de la violencia propiciada por el narcotráfico en el país, el año pasado diversas autoridades mexicanas, incluido Felipe Calderón Hinojosa, transgredieron las garantías individuales de «las mayorías trabajadoras».
Esta situación afectó de manera particular a las mujeres trabajadoras, quienes representan 38 por ciento de las 44.5 millones de personas económicamente activas (PEA), según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La falta de garantías para una vida digna significa violencia institucional, aseveró.
En el informe, «le llamamos violencia de Estado, porque el gobierno federal pudo enfrentar la recesión sin violentar los derechos de las y los trabajadores generando más empleos, incrementando sus salarios conforme al aumento del precio de la canasta básica, y dando seguridad en el trabajo», indicó.
Sin embargo, lejos de garantizar estabilidad a las familias mexicanas, Calderón Hinojosa dejó sin empleo a cerca de 4 mil mujeres y 40 mil hombres trabajadores de la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), tras el decreto presidencial de desaparición de la empresa.
Este hecho, recalcó, ejemplifica esta problemática, ya que «la violencia no es sólo la desaparición, tortura, o represión contra un movimiento que protesta, también lo son la discriminación, y la negativa de derechos».
Con la desaparición de LyFC las y los electricistas se sumaron a las filas del desempleo, cuya tasa alcanzó el 6.41 por ciento en septiembre de 2009, este nivel fue considerado el más alto desde 1995.
En esa fecha, la tasa de desempleo de las mujeres fue 1.07 por ciento mayor que la de los hombres. Cabe mencionar que a finales del año pasado, había 3 millones 500 mil personas desocupadas.
Además de estas transgresiones, autoridades mexicanas como los tribunales de justicia laboral violentaron los derechos de cientos de mineros del cobre de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, al desconocer su movimiento de huelga.
Además, la STPS, «violando el derecho a la libertad sindical» negó la toma de nota del Contrato Colectivo de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro al Sindicato Mexicano de Electricistas, encabezado por Martín Esparza Flores, sostiene el informe.
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