Aún impune presunta violación de soldados contra una joven

Seis meses de indiferencia oficial no son suficientes para que Rosalinda se dé por vencida en su búsqueda de castigo a los militares que en julio de 2013 presuntamente violaron a su hija de 15 años, sin embargo, con desazón acepta que su denuncia no tiene posibilidades de prosperar.
 
El pasado 10 de julio la joven se encontraba en un hotel de Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando un grupo de soldados entró a su habitación. Los militares la interrogaron, le robaron la bolsa, la violaron y más tarde la abandonaron en un paraje lejos de la ciudad, según narró en su declaración.
 
Tras los hechos, constantemente llegaban vehículos militares a la casa de Rosalinda, donde la familia tiene un negocio de abarrotes. En ocasiones eran notorios los susurros y burlas de los efectivos castrenses que pasaban a comprar, según narró la mujer.
 
Esa fue la razón por la que el 29 de julio de 2013 se animó a denunciar a través de los medios de comunicación y acudió ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR), para acusar a los militares del Primer Regimiento de Caballería Motorizada por la violación sexual de su hija.
 
Pero a casi seis meses de la agresión, Rosalinda señala que su hija prefiere desistir de la denuncia porque nadie le cree. “Yo sé que usted no me puede defender entre tantos agentes y no quiero seguir”, dijo la joven.
 
En un primer momento el caso atrajo la atención del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Casi un mes después de ocurridos los hechos, el 5 de agosto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó en el comunicado 223/13 que inició una investigación de oficio. 
 
En agosto pasado el primer visitador de la CNDH, Marat Paredes Montiel, declaró a esta agencia que se envió un equipo de peritos para ofrecer la atención psicológica y médica a la víctima. Señaló que la intención fue entrevistar a la joven y a los testigos para recopilar pruebas y además solicitar un informe a la Sedena.  
 
En diciembre pasado Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, dijo en entrevista que el caso podría quedar impune porque a pesar de que fue turnado a la PGR, el Ejército realizó las primeras diligencias y presumiblemente omitió pruebas para no acreditar los hechos.
 
Ese mismo mes, la CNDH informó a Rosalinda que recibió un reporte de la Sedena en el que detalló que la acusación no tenía sustento, y que no se acreditó la violación sexual. En el documento la institución también señaló que Rosalinda podría ser demandada por la falsa acusación.
 
“Quiero seguir luchando hasta que se castigue a los culpables porque así como le hicieron a mi hija se lo van a hacer a otras jovencitas. Yo alcé la voz para que estos delincuentes pararan su camino de delincuencia, pero ellos tienen más protección que un ciudadano común y corriente, y entonces yo ya no puedo hacer nada”.
 
A pesar de que tras la denuncia la madre de la joven tuvo una reunión con personal de la Guarnición de la Plaza de Nuevo Laredo y obtuvo el compromiso de una investigación, hasta ahora ninguna autoridad se ha acercado a ella o la ha buscado para informar cómo van las pesquisas. Además ella carece de abogado.
 
“No sé a dónde tengo que acudir para que escuchen a mi hija y se haga justicia. Y si los de Derechos Humanos no pudieron hacer absolutamente nada por nosotros…”, dice Rosalinda al lamentar que el único camino de su hija es olvidar lo sucedido y abandonar la esperanza de tener justicia.
 
14/RED