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Autoridades capitalinas no utilizan Protocolo para investigar Feminicidio

Por Anayeli García Martínez

Las autoridades de justicia del Distrito Federal se niegan a reconocer como feminicidio el caso de la estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Karen Joanna Sánchez Gochi, por lo que incluso podrían pedir una pena de 30 años para el agresor cuando la de feminicidio es por 60 años de cárcel.

De acuerdo con la tipificación para el DF, aprobada en junio de 2011, Karen Joanna cumple algunos de los requisitos para que su homicidio doloso sea calificado como feminicidio: fue asesinada por un sujeto conocido (un amigo), quien la asfixió y su cuerpo fue abandonado en un hotel de la colonia Obrero Popular, en la delegación Azcapotzalco, de esta capital.

En el DF comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer y será castigado con penas de 20 a 50 años de prisión.

Cuando el agresor y la víctima hayan tenido una relación afectiva, de confianza, sentimental, de parentesco, laboral, docente o que haya implicado subordinación o superioridad, el feminicidio se castigará con penas de 30 a 60 años de cárcel.

Karen Joanna una joven de 20 años y alumna de la carrera de Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, fue asesinada el pasado 11 de junio por Mario Gabriel Enríquez Pérez.

Sin embargo el delito no se investigó en la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso, en agravio de mujeres y personas con orientación o preferencia sexual diferente, como corresponde.

El caso fue llevado en la Fiscalía antisecuestros pese a que en octubre de 2011 la Procuraduría General de Justicia el Distrito Federal (PGJDF) implementó un sistema de alerta para que los asesinatos de mujeres se investigaran en la agencia especializada.

Aunque el agresor permanece en la cárcel, la familia de la joven afirma que María de Lourdes Cruz Pérez, agente del Ministerio Público adscrita al Reclusorio Oriente (quien está asignada al caso) “no está convencida” de que se trate de un caso de violencia feminicida, pese a que existe un Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del delito de Feminicidio, el cual está en vigor desde julio de 2011.

12/AGM/LGL

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