Inicio Autoridades de justicia y salud niegan a Lupita derecho a ILE

Autoridades de justicia y salud niegan a Lupita derecho a ILE

Por Guadalupe Gómez Quintana

La niña de 12 años que fue violada y embarazada en Chihuahua, a quien tanto el Supremo Tribunal del estado como la Procuraduría local y el sector salud le negaron su derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), podría viajar la próxima semana al Distrito Federal para ser atendida, si su familia consigue dinero para el traslado.

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC, organismo que apoya a la niña y a su familia, informó que el Presidente del Supremo Tribunal se negó a autorizar la ILE porque «los jueces no pueden dar la orden», la Procuraduría tampoco asumió tomar medidas en el caso y el sector salud (concretamente el irector del Hospital Regional de Delicias, Carlos Herrera Azcona) aseguró hoy que «ni con orden judicial» aceptaría que se practicara la intervención, argumentando motivos éticos.

El Director del nosocomio dijo a la prensa local que no llevarían a cabo un aborto en ese hospital, porque «estaría en la conciencia de todos los que ahí laboran, desde el director hasta el ginecólogo y la enfermería que actuaran en ese caso».

Ante ello, el Centro solicitó al subprocurador de Atención a Víctimas del estado, Arturo Licón Baeza, dos pasajes de avión para llevar a la niña al Distrito Federal, pero éste negó el apoyo con el argumento de que si pagaban los boletos estarían consintiendo el aborto.

Por esta razón, diversas OSC, grupos de mujeres y feministas están enviando cartas a las autoridades del estado de Chihuahua exigiéndoles que se garanticen los derechos de la víctima porque, como dice el Centro «es inaudito que el estadoen nuestro país con mayores recomendaciones sobre violación de derechos humanos a las mujeres, sea insensible a esta problemática».

«LUPITA» COMO PAULINA?

Este caso inició el pasado 5 de agosto cuando la niña de 12 años –a quien se le nombra Lupita para proteger su identidad– fue violada por el primo del dueñode una empresa cebollera en la Ciudad de Meoqui, Chihuahua, que transporta trabajadores migrantes del sur del país.

De acuerdo con la prensa local, que retoma datos de la denuncia que se hizo ante la Subagencia del Ministerio Público, el presunto agresor se llama Óscar, alias El Pato, y es originario del estado de Morelos.

Sin embargo, dice el Centro, aunque el agresor sexual se encuentra plenamente identificado, no se le ha detenido.

Además, explica el Centro, «hemos recibido la información de la maestra Rosario Ruiz, regidora del Municipio, de queotras niñas que acuden a la misma secundaria (que Lupita) han sido violadas.

Sin embargo, cuando Lupita y su madre acudieron a presentar la denuncia por la violación, «la Ministerio Público que atendió? lanzó una amenaza a la menor, cuestionando la veracidad de la narraciones, diciendoque pensara bien en la conveniencia de poner la denuncia pues si ésta resultaba falsa la niña podría ir a la cárcel».

El tío de Lupita, quien es campesino y las acompañó a denunciar, argumentó a la autoridad que el caso era grave, pues se trataba de una niña, pero la respuesta que recibió fue en el sentido de que «con el nuevo sistema de Justicia Penal, la edad de la víctima ya no es importante».

Por su parte, el médico legista se negó a practicar el examen a la niña y ante la insistenciarealizó un certificado con graves inconsistencias, como asentar el nombre de otra persona e informar que la víctima tenía 21 años.

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de la Ciudad de Chihuahua asumió el apoyo a la víctima y sus familiares y de inmediato trasladaron a la niña al sector salud a realizar los exámenes obligados, contenidos en laNorma Oficial Mexicana 190. «Dichos exámenes arrojaron que la niña quedó embarazada».

Pero, «a pesar de que hemos realizado todos los procedimientos legales quecorrespondan, pues en Chihuahua el aborto producto de violación es legal, las autoridades se niegan a emitir la orden al sector salud para que la niña pueda ejercitar su derecho».

La negación del derecho al ILE para Lupita no es el primer caso de este tipo que ocurre en el país. En 1999, Paulina Ramírez Jacinto, de catorce años de edad, fue violada y embarazada en Baja California Norte.

A pesar de haber obtenido –después de numerosas idas y vueltas– la autorización necesaria de la Procuraduría General de Justicia del estado, Ramírez no recibió el servicio de aborto para el cual estaba legalmente autorizada debido a la presión continua ejercida por personas y grupos opositores al aborto, recuerda un informe de Human Rights Watch.

El caso causó una conmoción nacional cuando Ramírez hizo públicos los acontecimientos sucedidos a través del Procurador de los derechos humanos de Baja California Norte y de la prensa.

Hoy, los argumentos esgrimidos por las autoridades para evitar que Lupita ejerza su derecho a interrumpir un embarazo producto de una violación recuerdan a los que las autoridades de Baja California Norte utilizaron contra Paulina hace 8 años.

07/GG/CV

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