México, DF, 19 oct 11 (CIMAC).- A 10 años de la muerte de la defensora de Derechos Humanos (DH) Digna Ochoa, en su familia, organizaciones civiles y grupos internacionales persiste la duda sobre la hipótesis del suicidio con la que las autoridades judiciales del Distrito Federal cerraron el caso.
El viernes 19 de octubre de 2001, la abogada Digna Ochoa fue encontrada sin vida en su despacho en la colonia Roma de esta capital. Yacía ensangrentada, boca abajo en un sillón, con un tiro en la cabeza y otro en el muslo izquierdo.
El pasado 9 de septiembre la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) cerró las investigaciones sobre la muerte de la defensora, y por tercera ocasión concluyó (a pesar de la duda latente) que ella se quitó la vida.
Tras los hechos del 19 de octubre de 2001 se abrió la averiguación previa FDCUAUHT/03/USD04/2576/201-10. Todo parecía indicar que alguien había asesinado a la activista, quien hasta un año antes formaba parte del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
En ese momento, incluso el entonces procurador capitalino, Bernardo Bátiz, aseguró que se trataba de un crimen político.
A partir de entonces se tejió una historia de aparente impunidad que concluyó 10 años después luego de que los fiscales Renato Sales Heredia y Margarita Guerra Tejeda sentaran las bases para asegurar que no había responsables.
La importancia del caso y el creciente reclamo social hizo que Batiz creara en 2002 una agencia del Ministerio Público especializada, encabezada por Guerra Tejeda, que dio seguimiento a la averiguación previa.
Tras revisar cuatro expedientes de queja, el 18 de julio de 2003 la Fiscalía presentó las conclusiones del caso, y propuso el no ejercicio de la acción penal porque aseguró que las pruebas indicaban que Digna simuló un homicidio.
En ese año la Fiscalía Especializada dijo que se basó en «10 hechos irrefutables» y sostuvo que se trataba de un «suicidio simulado», pero después corrigió la versión y explicó que en realidad era un «suicidio disimulado».
INVESTIGACIÓN IRREGULAR
En entrevista con Cimacnoticias, Pedro Díaz Romero, uno de los tres peritos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en 2002 viajaron a México para revisar el curso de las investigaciones, asegura que la muerte de Digna Ochoa cobró relevancia por varios factores, entre ellos, su activismo social.
De acuerdo con el perito, este caso es importante porque tuvo como contexto la llamada transición democrática en México, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) llegó a la Presidencia en el año 2000, y porque se trató de una defensora que tras recibir amenazas, fue protegida y no obstante murió en circunstancias extrañas.
Díaz Romero, quien actualmente es fiscal ante el Tribunal de Justicia y Paz en Colombia, señala que a 10 años de los hechos él no puede asegurar que las conclusiones de la PGJDF sean correctas o no, pero advierte que las investigaciones no se ajustaron a normas internacionales referentes a protocolos médico-forenses.
El experto afirma que cuando estudió el expediente se dio cuenta de que había fallas en los peritajes, y que la PGJDF se abocó a reforzar la hipótesis del suicidio y no le dio la misma importancia a otras líneas de investigación como la posible responsabilidad en el crimen de militares del estado de Guerrero.
Esta última tesis surgió porque en múltiples ocasiones Digna fue amenazada por su trabajo en casos como Aguas Blancas (donde fueron asesinados 17 campesinos en 1995), y el de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, en el mismo estado de Guerrero en 1999, quienes fueron torturados y detenidos de forma arbitraria por soldados.
VIDA AMENAZADA
En 1996 Amnistía Internacional (AI) ya había alertado del riesgo que corrían Digna Ochoa y su colega Pilar Noriega, luego de que ambas participaron en la defensa de ocho personas detenidas en Veracruz y que fueron acusadas de pertenecer al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Por esta actividad, las defensoras recibieron amenazas.
La intimidación fue en incremento. En octubre de 1999 Digna Ochoa fue secuestrada. En ese momento los medios de comunicación informaron que desconocidos entraron a la casa de la defensora, la amordazaron, le vendaron los ojos y la interrogaron.
La ataron de manos y pies sobre la cama, junto a un tanque de gas abierto. En ese momento logró soltarse y escapar. A pesar de la agresión, ella siguió con su labor a favor de las víctimas de violaciones a DH.
El 17 de noviembre de 1999 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ordenó medidas provisionales para proteger la vida e integridad física de la abogada, al igual que la de otros integrantes del Centro Prodh.
Pilar Noriega recuerda a Cimacnoticias que las amenazas fueron desestimadas por las autoridades capitalinas y, en el colmo, buscaron pruebas para afirmar que Digna tenía problemas mentales.
La colega de Ochoa asegura que días antes de los trágicos hechos la defensora estaba muy contenta porque emprendería nuevos proyectos personales, y que no tenía «trastorno esquizotípico de la personalidad», tal y como lo informó en su momento la PGJDF.
Noriega advierte que los argumentos que utilizó la autoridad judicial son sesgados e insultan a la razón. «Mediante el ocultamiento de pruebas y la tergiversación de los hechos pretende hacer creer que lo que nuestros sentidos pueden constatar es una fantasía», critica la también abogada.
«LA MATÓ LA CONFIANZA»
Jesús Ochoa, hermano de la defensora y coadyuvante de las investigaciones, coincide con los argumentos de Pilar Noriega. «A Digna la mató la confianza», asegura al recordar que ante el hostigamiento ella se refugió en Washington, pero regresó en 2001 al creer que su vida ya no corría peligro.
En ese momento el PAN ya estaba en la Presidencia de la República y en la capital del país gobernaba de nuevo el Partido de la Revolución Democrática (PRD), aún así –lamenta Jesús– Digna «fue asesinada sin que nadie castigara el homicidio».
El 28 de junio de 2005 los familiares de la activista decidieron exhumar su cuerpo para aportar nuevas pruebas de balística. Sin embargo la PGJDF las desestimó al considerar que «no arrojaban ninguna novedad» en las investigaciones.
Pilar Noriega acusa que la Procuraduría se negó a aceptar las pruebas ante la posibilidad de que pusieran en entredicho o tumbaran la conclusión del «suicidio».
Pese a ello, la familia, organismos internacionales como AI, la ONU y la CIDH criticaron las conclusiones del caso porque no se consideró el contexto de amenazas que Digna padeció.
El 28 de agosto de 2011 la juez séptima de Distrito de Amparo en Materia Penal negó el amparo interpuesto por los representantes de la familia de Digna, quienes impugnaron la resolución de la PGJDF que, nuevamente, concluyó que la activista se quitó la vida.
Así se cerraron 10 años de lucha legal –al menos en México–, ya que está pendiente una eventual intervención de la CIDH en el caso, luego de que familiares y organizaciones humanitarias plantearon en meses recientes que el mecanismo interamericano atraiga el caso.
Defensoras y defensores de DH insisten en que Digna fue asesinada, y que la conclusión de las investigaciones es ejemplo de impunidad y de que las autoridades capitalinas pueden solapar un crimen contra una luchadora social.
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