Autoridades indígenas se resisten a erradicar venta de niñas

En la región de la Montaña del estado de Guerrero, las niñas son vendidas como esposas o para ser utilizadas en labores domésticas; mientras más jóvenes más alto es su precio.
 
Enriqueta García Mateos, dirigente de la Organización de Mujeres de Acatepec, explicó que cuando nace una niña, el padre se pone contento “porque cuando crezca la podrá vender o intercambiar por una res, una hectárea, café, chocolate, cervezas o dinero”.
 
Y es que las niñas desde los 11 años ya pueden ser intercambiadas o vendidas por entre 20 mil y 50 mil pesos, dependiendo de su edad.
 
“Muchos padres lo hacen sólo para mantener su vicio, porque hay una alta incidencia de alcoholismo y el dinero que obtienen de la venta de sus hijas lo utilizan para eso”, aseguró la dirigente indígena.
 
Lamentablemente, dijo, las mujeres que son vendidas en esas condiciones a los hombres de sus comunidades o a los que llegan de fuera para trabajar en las carreteras o cualquier otra actividad, no tienen el apoyo de sus familiares así se den cuenta de que son maltratadas, humilladas, golpeadas o que no las alimentan bien. “Como fueron vendidas, no tienen derecho a reclamar nada”, abundó.
 
Y mientras más retiradas están las comunidades de la cabecera municipal la situación es peor. El maltrato y las condiciones de vulnerabilidad son más graves.
 
“Algunos hombres no son de la misma comunidad, llegan de fuera y dicen que se enamoraron de las jóvenes, las compran y luego se las llevan”, advirtió García Mateos.
 
Algunos son trabajadores de las empresas que abren caminos y construyen carreteras, así que no se quedan a vivir ahí y con el paso del tiempo “hemos sabido de varias de las niñas de las comunidades que los hombres que se decían enamorados de ellas se las llevan a vender a otros lugares para ser utilizadas en el servicio doméstico, y en el peor de los casos en la explotación sexual comercial”.
 
En el municipio de Acatepec se inauguró recientemente la Casa de la Mujer Indígena donde se canalizarán a mujeres con embarazo de riesgo y víctimas de violencia; sin embargo cuando las activistas hacen promoción de este espacio para apoyar a las mujeres indígenas desprotegidas, las autoridades las bloquean.
 
Enriqueta García detalló que los comisarios no las dejan entrar a sus comunidades para platicar con las mujeres y darles a conocer sus derechos: “No quieren que las organizaciones vayan y hablen de esos temas porque dicen que uno les va a abrir los ojos a las mujeres, y luego andan reclamando que no les deben pegar y cosas por el estilo”.
 
Y es que en esos lugares para las autoridades las mujeres no tienen derechos. Si en algún momento una mujer quiere denunciar un acto de violación, no es tomada en cuenta y el esposo –el agresor– puede excusarse con facilidad sólo diciendo que la esposa no le quería servir de comer, situación que puede revertirse seriamente contra las mujeres por no cumplir con una “obligación hacia su marido”.
 
Lo inconcebible, expresó la activista, “es que hasta las propias mujeres de la comunidad las señalan porque no cumplen con sus responsabilidades”. No hay una cultura de solidaridad entre las propias mujeres “y son las primeras en juzgar”, criticó.
 
La lucha es difícil, dijo, porque “hay muchas cosas que lastiman y es desesperante saber todas estas injusticias y no lograr cambiar la mentalidad de los habitantes de las comunidades para que haya más respeto a las mujeres”.
 
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