A pesar de que existían documentos oficiales para conocer la identidad de una más de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, las autoridades mandaron al archivo el caso de Ángela Alejandro Ortiz, y tuvieron que ser sus padres, dos indígenas mixtecos, quienes se convirtieran en detectives y resolvieran el caso, más de tres años después del homicidio.
Ángela fue ultimada por su pareja sentimental, Porfirio Santiago González, junto con Rutilio Díaz y Catalina Ortiz, luego de que Ángela encontrara a Porfirio en una situación comprometedora con Catalina. Entre los tres terminaron con la vida de esta indígena originaria de Yozondacua, en el estado de Guerrero.
En entrevista con Cimacnoticias, Margarita Nemesio, responsable del programa de Jornaleros Agrícolas del Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinollan, asegura que en el caso de Ángela hubo «tremendas irregularidades que hablan de la ineficiencia que impera en el sentido de la documentación de pruebas por parte de las autoridades en Ciudad Juárez».
«Se contaba con el acta de nacimiento de la pequeña (su hija Zenaida, de cuatro años de edad, con quien migró), donde decía que era de Guerrero, junto con el expediente que contenía la declaración de la pareja sentimental de Ángela, donde él exponía que ella era originaria del mismo estado», asegura Nemesio.
«Había elementos de primera fuente y existen los medios y los canales para haber dado con el paradero de los padres, pero las autoridades de la Procuraduría de Justicia del estado de Chihuahua, así como los centros de derechos humanos y todas las autoridades que se involucraron en el proceso dejaron que esto pasara por más de cuatro años», indica la responsable del programa de jornaleros.
Madre soltera, en 2002 Ángela junto con su hija Zenaida, de tres años, salieron a trabajar al campo. El primer lugar en el que laboró como jornalera fue en el cultivo de jitomate, en el estado de Sinaloa. Ahí conoció a Porfirio, quien después sería su asesino.
De ahí, los tres viajaron juntos a los diferentes ciclos de cultivo en varios sitios de la República: Ensenada, Baja California; Sonora y finalmente Casas Grandes, en Chihuahua. En este lapso de tiempo se mantuvo comunicada con sus padres con cuatro llamadas telefónicas, prácticamente una por ciclo.
LA BÚSQUEDA
Pero ya no llamó desde Casas Grandes. Sus padres, Francisca Ortiz Flores y Francisco Alejandro Varela, sospecharon que algo andaba mal y comenzaron la pesquisa.
Sin tener recursos para la investigación, ni apoyo alguno de autoridades, su única forma de dar con el paradero de Ángela fue trabajando en los mismos lugares en los que ella laboró, contratándose como jornaleros agrícolas, al igual que su hija. Fue así que se fueron a la siembra del jitomate en Sinaloa.
A partir de ese lugar, con la ayuda de sus paisanos fueron rastreando el paradero de Ángela, teniendo que laborar en cada sitio visitado por su hija y esperar a que cada ciclo de cultivo terminara para ir al siguiente y continuar con la averiguación.
Los rumores de los compañeros de trabajo se convirtieron en las pistas más importantes para los padres de Ángela, quienes no hablaban español, sólo mixteco. Pero en el transcurso del viaje, Francisca Ortiz aprendió español, lo que hizo un poco más tolerable la búsqueda.
La incertidumbre terminó en 2006, cuando los padres de Ángela llegaron a Casas Grandes, en Chihuahua. Ahí los rumores de los paisanos dieron la mala noticia a Francisco y Francisca. Una fotografía de la Procuraduría de Justicia del Estado confirmaría la muerte de su hija.
Su cuerpo fue encontrado en noviembre de 2003, aunque los informes del forense de Ciudad Juárez establecieron que fue asesinada en septiembre de ese año.
Identificado el cuerpo, ahora sus padres tenían que demostrar el parentesco, por lo que en noviembre de 2006 se realizaron la prueba de ADN, pero fue hasta el 2007 cuando la Procuraduría confirmó el vínculo familiar.
Porfirio González y Rutilio Díaz cumplen actualmente una condena de catorce años de prisión en Casas Grandes. La sentencia original fue apelada por el Ministerio Público, ya que el juez sólo les había dado cuatro años a cada uno. Catalina está libre.
ZENAIDA
Las investigaciones concluyeron que Zenaida, entonces de cuatro años de edad, presenció el asesinato de su madre. Luego de eso, fue a parar a un convento de religiosas en Casas Grandes, donde vivió otros cuatro años. Ahora tiene ocho.
Cuando sus abuelos llegaron a Chihuahua, y después de enterarse de la muerte de Ángela, lograron localizar a Zenaida. Y luego de otro trámite burocrático para comprobar el parentesco, consiguieron obtener la custodia de la pequeña.
El pasado mes de julio, Zenaida regresó a Yozondacua, Guerrero, junto con sus abuelos y los restos de su madre. El arribo a su lugar de nacimiento fue doloroso. El pueblo entero acudió a los funerales de su madre y ahora a Zenaida se le presentan dos retos más: superar la muerte de su madre, a quien apenas recuerda, e integrarse a su comunidad, tomando como propios los usos y costumbres de la localidad.
07/JP/GG/CV
