Autoridades federales mexicanas reconocieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «la grave situación en la que se encuentran los periodistas y medios de comunicación para ejercer su trabajo así como la necesidad de que exista un marco normativo de medios electrónicos que se apegue al cumplimiento de los estándares internacionales en la materia, incluyendo el reconocimiento de los medios comunitarios».
De acuerdo con un boletín de prensa emitido por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México) lo anterior sucedió el pasado 18 de julio durante la audiencia ante la CIDH, en la ciudad de Washington, realizada a petición de organizaciones defensoras de la libertad de prensa y radios comunitarias en la que comparecieron representantes del gobierno mexicano sobre la situación de la libertad de expresión en México.
Como resultado de esta reunión, de acuerdo con el boletín, el gobierno se comprometió a llevar a cabo las medidas necesarias para esclarecer los asesinatos, desapariciones y agresiones en contra de periodistas.
Asimismo, continúa el documento, estudiará las medidas para fortalecer a la Fiscalía Especial de Delitos contra Periodistas y la atracción federal de los delitos en contra de periodistas.
Se comprometió, además, a presentar a la CIDH, en los próximos meses, avances sobre las investigaciones de delitos en contra de periodistas, y garantizar la amplia participación de las organizaciones que trabajan en la materia y que así puedan dar seguimiento a los avances que hay.
De igual manera, se comprometió a aceptar «el acompañamiento puntual de la CIDH para el proceso legislativo de la nueva Ley de medios electrónicos».
Y, señala, el gobierno manifestó su interés de garantizar el reconocimiento de los medios comunitarios en el nuevo marco normativo, así como de los estándares internacionales en la materia.
También, indica el comunicado, se aceptó la visita oficial de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, con el objetivo de dar seguimiento puntual al informe presentado por las organizaciones y las cuales «establecerán los mecanismos para monitorear los compromisos asumidos por el Estado mexicano ante la CIDH»
ORGANIZACIONES Y MEDIOS
Las organizaciones que estuvieron representadas en la CIDH, en el marco del 128º periodo de audiencias de la CIDH y ante el pleno de los comisionados, presentaron un informe general en el que explican la situación de la libertad de expresión y derecho a la información en nuestro país y en el que se destaca el aumento de asesinatos, desapariciones y agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación, que continúan hasta el momento en la impunidad, dice el comunicado.
«Y en algunos casos, aunque se cuenta con medidas cautelares, como es el caso de las emisoras comunitarias agredidas recientemente, tampoco existen avances suficientes en las investigaciones, ni en las medidas de protección» señala el documento.
Las organizaciones que signaron dicho informe son: Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México); Articulo 19 Sección México; Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS); Libertad de Información México, A.C. (LIMAC); y la Fundación Manuel Buendía.
También el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa; Reporteros sin Fronteras; Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación; y Colectivo por la Transparencia.
De acuerdo con el boletín, actualmente sigue sin haber en México condiciones normativas que «permitan la permanencia digna de medios que tienen fines sociales tales como las radios comunitarias», aún cuando la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales diversos artículos de la Ley Federal de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones.
Las organizaciones peticionarias, dice el documento, también denunciaron el uso de publicidad oficial como un «mecanismo para premiar o castigar medios de comunicación, es el caso más reciente de grupo Monitor, debido a la falta de criterios públicos y transparentes en la materia, lo cual deja a discrecionalidad la asignación de dichos recursos públicos por parte de las autoridades».
Es en este contexto en el que «las organizaciones pidieron que el Estado mexicano se comprometa a modificar su legislación de acuerdo a los estándares internacionales en la materia que México se ha comprometido a cumplir».
Es así como la CIDH hizo un llamado al gobierno mexicano «para que dé una mayor apertura y un diálogo más fluido con los periodistas y medios de comunicación y con las organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema de libertad de expresión».
Finalmente, la CIDH solicitó al gobierno mexicano un informe concreto sobre los avances logrados con la nueva Fiscalía, creada en 2005 para el esclarecimiento de por lo menos 11 asesinatos de periodistas hasta 2007 y siete desapariciones, concluye el comunicado.
07/HVR/GG
