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Autoridades obstruyen acto contra feminicidio en Tlalnepantla

Por Anaiz Zamora Márquez
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En el Estado de México “hay cosas más graves que atender que el feminicidio” –según afirmaron representantes del gobierno mexiquense hace unos meses –, y como ejemplo, en el municipio de Tlalnepantla es preferible entregar becas que escuchar la exigencia de justicia por los asesinatos de mujeres que siguen impunes.  
 
Como parte de la Campaña Ciudadana de Alerta de Violencia de Género –emprendida en mayo pasado por organizaciones civiles ante el desinterés del gobierno estatal y federal por detener la violencia contra las mexiquenses–, activistas, expertas y madres de víctimas de feminicidio visitaron esta localidad colindante con el Distrito Federal que ha sido identificada por ONU-Mujeres como una de las más violentas para las mujeres.
 
Decididas a hacer llegar su mensaje a la comunidad, las y los activistas se toparon con la cerrazón de funcionarios del municipio que “ya tenían programado un evento” en la entrada del palacio municipal, y quienes les pidieron que hicieran su protesta a “unos metros de distancia”.
 
En un primer momento se planeaba una conferencia de prensa y colocar cruces rosas a las puertas del palacio municipal, pero ante la petición de los funcionarios de dejar libre la entrada, las integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) realizaron su protesta a unos metros de distancia.
 
Raúl Montoya, subsecretario de Gobierno de Tlalnepantla, y María Gabriela García Aley, directora de Atención a Organizaciones de la Sociedad Civil, se presentaron ante integrantes del OCNF para pedirles que recorrieran su instalación “más para atrás”, pues no se había presentado por escrito la solicitud para llevar a cabo la manifestación.
 
Los funcionarios municipales argumentaron que tenían un evento público programado y la protesta del OCNF impedía el libre tránsito de quienes acudían a ella.
 
A pregunta expresa de Cimacnoticias, Montoya dijo que el evento programado “era para ciudadanos de Tlalnepantla”, pero no precisó quiénes acudirían, ni de qué evento se trataba.
 
Momentos después el ayuntamiento realizó la “Entrega de becas a mujeres estudiantes y Segunda etapa de créditos a la palabra”, que según algunas mujeres entrevistadas era promovido por el Instituto Municipal para la Equidad y el Desarrollo de las Mujeres de Tlalnepantla.
 
Aunque el OCNF aclaró que su manifestación era pacífica, que ya había realizado protestas similares en otros municipios y era un acto para exigir justicia ante el feminicidio y la desaparición de jóvenes que a diario ocurren en el municipio, los funcionarios insistieron en que el acto simbólico se hiciera alejado de la entrada del palacio municipal.
 
MUNICIPIO DE IMPUNIDAD
 
Según datos presentados por las activistas, en cuatro años (2007-2010) se registraron en Tlalnepantla 56 asesinatos de mujeres, y mediante el seguimiento hemerográfico del OCNF se identificó que en enero y febrero de 2014 fueron ultimadas ocho mexiquenses.
 
Yuridia Rodríguez, asesora jurídica del OCNF, explicó que la carencia de cifras actualizadas se debe a que, aunque las autoridades del Edomex responden a las solicitudes de información, no dan los datos diferenciados por municipio a lo que se suma que muchas familias deciden no denunciar.  
 
Ante la negativa oficial de que se colocaran las cruces en el lado “donde estaba ocurriendo su evento”, las manifestantes decidieron instalarse del lado opuesto para “hacer uso –dijeron– de su libertad de expresión, que no requiere de avisos previos”, y a unos cuantos metros de la entrada al palacio municipal.
 
Durante la conferencia en la explanada municipal, que se realizó ante la vigilancia constante de la policía, Rodríguez sostuvo que Tlalnepantla forma parte, junto con Tecámac y Ecatepec, de un corredor de desaparición de mujeres, y que la característica del municipio es que las jóvenes desaparecen a pocos metros de distancia de sus casas o en plazas comerciales.
 
Muestra de ello es el caso de África, una niña de 10 años que desapareció este mes. Cuando la madre fue a denunciar, las y los agentes del Ministerio Público le respondieron que debía esperar 24 horas para comprobar que la niña había desaparecido.
 
“En todos los municipios que hemos recorrido se ha comprobado el clima de violencia que enfrentan las mexiquenses y por desgracia hemos visto que la situación es peor de lo que habíamos imaginado”, agregó Rodríguez.
 
Por su parte, María Antonia Márquez, madre de Nadia Alejandra Muciño Márquez, ultimada en 2004 por su pareja, reprochó que las autoridades municipales y estatales se nieguen a escuchar a las víctimas y a activar la Alerta de Violencia de Género (AVG) solicitada desde 2010.  
 
Agregó que de haberse activado la AVG en el momento en que se solicitó, se hubieran evitado los casos de feminicidio perpetrados por César Armado Librado Legorreta, “El Coqueto”, crímenes cometidos en su mayoría contra mujeres originarias de Tlalnepantla.
 
A ellas se sumaron las voces de Enma Obrador Garrido, directora de la Organización Mujeres Abrazando a México, e Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía (joven presunta víctima de feminicidio en junio de 2010 y cuyo caso se investigó como suicidio), quienes reiteraron su exigencia de que se active la AVG en la entidad y se sancione a los funcionarios que incurren en irregularidades cuando se trata de proteger a las mexiquenses.
 
Finalmente, las activistas reprocharon que el gobernador del Edomex, Eruviel Ávila Villegas, considerara la violencia de género como un tema “prioritario” en su Tercer Informe de Gobierno presentado ayer.
 
De acuerdo con el informe “Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios 1985-2009”, elaborado por El Colegio de México y ONU-Mujeres, Tlalnepantla es uno de los municipios que concentran el mayor número de asesinatos de mujeres en todo el país.
 
Durante el sexenio del entonces gobernador Enrique Peña Nieto –hoy titular del Ejecutivo federal–, entre 2005 y 2010 se registraron 922 casos de feminicidio en la entidad, cifra por la cual organizaciones civiles demandaron la activación inmediata de la AVG, pero el trámite hasta la fecha no ha procedido.   
 
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