La Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recopiló información sobre la violencia contra las periodistas en México, encontrando que en años recientes las agresiones aumentaron de manera más acelerada que los ataques contra sus pares varones.
La CIDH publicó el informe “Situación de Derechos Humanos en México”, basándose en sus observaciones durante su visita al país del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015.
De acuerdo con los datos recopilados, muchas de las periodistas que cubren temas políticos o denuncian la corrupción son agredidas, de manera psicológica en la mayoría de los casos.
En un apartado dedicado a la violencia contra las mujeres periodistas, se expone la falta de enfoque de género en los mecanismos de protección de personas defensoras de Derechos Humanos (DH) y periodistas.
Un ejemplo, se menciona en el documento, es el caso de los chalecos antibalas que les son entregados a beneficiarias de esos mecanismos, que al estar ajustados a la anatomía masculina no pueden ser utilizados por las mujeres.
La CIDH reconoció al Estado mexicano como el segundo país del continente en adoptar un mecanismo especializado en protección para personas defensoras de DH y periodistas.
Sin embargo, aclaró la Comisión, durante su visita al país recibió testimonios de defensoras beneficiarias de medidas cautelares, que aseguraron aun así seguir siendo agredidas y recibiendo amenazas contra ellas y sus familias, además de ser señaladas y perseguidas por las autoridades que desprestigian su labor como activistas.
Asimismo, de acuerdo con los mismos testimonios, las autoridades de las fiscalías que reciben las denuncias de las periodistas minimizan las acusaciones, revictimizan e incluso hacen sentir juzgadas a las informadoras. Esto se debe –advirtió la CIDH– a que se ha estigmatizado a las beneficiarias de las medidas de protección.
La Relatoría Especial de la Libertad de Expresión remarcó la importancia de tomar en cuenta la cuestión de género en el estudio de la violencia contra las periodistas, y definir estrategias dirigidas a erradicarla pues es obligación de los Estados combatir toda forma de violencia contra las mujeres.
De 2002 a 2015, el Programa de Libertad de Expresión de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) registró y documentó 331 casos de violencia contra mujeres periodistas en México.
El asesinato más reciente es el de Anabel Flores Salazar, reportera del periódico El Sol de Orizaba, en el estado de Veracruz, y quien fue secuestrada y apareció sin vida el pasado 9 de febrero.
Veracruz es una de las entidades más violentas para el gremio periodístico en México. Tan sólo en el actual gobierno de Javier Duarte de Ochoa (de 2010 a la fecha), CIMAC ha documentado 35 hechos violentos contra comunicadoras, incluidos dos casos de feminicidio que siguen impunes: el de la reportera Yolanda Ordaz de la Cruz, del diario Notiver, y el de Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso en Xalapa, capital del estado.
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Autoridades revictimizan y desprotegen a periodistas agredidas
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