Autoridades son cómplices de violaciones a DH de las migrantes

Pese a que México presume contar con un marco legal a favor de las personas migrantes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) reportó que las políticas restrictivas y la complicidad de las autoridades en la comisión de delitos vulneran la vida y seguridad de mujeres y niñas migrantes.
 
Como parte del 31 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la ACNUDH presentó hoy su informe sobre la situación de las personas migrantes, para el cual consultó a diferentes Estados, entre ellos México, y a organismos civiles.
 
ACNUDH reconoció que en México las migrantes sufren diversas modalidades de violencia, entre ellas las extorsiones. En este delito, advirtió, participan autoridades de distintos niveles, principalmente en operativos de revisión y detención en carreteras.
 
El organismo de la ONU observó que las mujeres también son víctimas del tráfico de personas, resultado de la falta de programas para que puedan emigrar de forma regular, así como de otras modalidades de violencia, las cuales se insertan en una cultura de violencia estructural contra las mujeres y falta de acceso a la justicia.
 
Según el informe, son las mujeres y la niñez migrante en quienes más repercuten las violaciones a sus Derechos Humanos (DH), como detenciones arbitrarias, expulsiones colectivas, y falta de acceso a servicios básicos, donde las especificidades de género juegan un papel determinante.
 
Las mujeres presentaron 21 por ciento de las quejas que recibió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Procuraduría General de la República (PGR), y la Policía Federal (PF), por presuntas violaciones a sus DH de 2007 a 2011.
 
A decir de ACNUDH, existen muchas “lagunas” en materia de protección de los DH de las personas migrantes en tránsito irregular, ya que cada vez más esta población, en particular mujeres y niñas, emprenden viajes más riesgosos y clandestinos en condiciones de abuso y explotación.
 
Entre los factores que contribuyen a la violencia contra las migrantes destacan los bajos índices de desarrollo humano, y la falta de congruencia entre la legislación, las políticas migratorias y los instrumentos jurídicos de protección de los DH.
 
Se suman la discriminación, xenofobia, normalización de la violencia de género, desigualdad y exclusión social, la falta de corresponsabilidad de los países de origen, tránsito y destino, en la protección de los derechos de las migrantes, la corrupción, la falta de rendición de cuentas, y la impunidad.
 
Además, las políticas migratorias de deportación se enfocan en modelos de “rescate” y “devolución”, en vez de sustentarse en un análisis que garantice los DH y la integridad física de las migrantes.
 
PAÍS DE LEYES PERO NO DE RESULTADOS
 
Según cifras del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), en 2015 en México fueron detenidas en estaciones migratorias 46 mil 486 mujeres y niñas migrantes, quienes no contaban con información sobre sus derechos, les fue imposible tener una representación legal gratuita, carecieron de atención médica, y se les restringió la comunicación con sus familiares, entre otras precariedades.
 
Las cifras de 2015, además, reflejan un aumento en las detenciones de mujeres respecto a 2014, que ascendieron a 28 mil 693 en el año. Sin importar su condición de vulnerabilidad, ni los motivos por los que emigraron, 80 por ciento de estas mujeres fueron devueltas a sus países de origen.
 
Aunque la Ley de Migración establece que la única autoridad facultada para realizar revisiones migratorias a personas extranjeras en México es el INM, 7 por ciento de las detenciones las realizaron la PGR, la PF y las procuradurías de Justicia estatales.
 
En el caso de mujeres y niñas, 77 por ciento de las detenciones migratorias se realizan en carretera, principalmente en los estados de Chiapas, Veracruz, Tabasco y Oaxaca.
 
Pese a esa realidad, el Estado mexicano envió a finales de 2015 al ACNUDH una sumatoria de leyes para las personas migrantes, que si bien reconocen en el papel los DH de esta población en los hechos no reflejan ningún progreso real.
 
En su respuesta al ANUDH, México detalló que en su frontera sur –donde más atropellos contra la población migrante documentaron organizaciones civiles en 2015– se han desarrollado diversas acciones con el objetivo de proteger y salvaguardar los DH de las personas migrantes, así como para ordenar los cruces internacionales e incrementar el desarrollo y la seguridad humana.
 
Pero el Estado mexicano no citó una sola cifra de personas migrantes atendidas en los centros de salud o beneficiadas con alguno de sus programas, ni mostró evidencia de que se estén efectuando.
 
México tampoco informó sobre el mínimo presupuesto que destina cada año a la atención de personas migrantes y que en 2015 representó 0.000001 por ciento de los recursos federales, ni tampoco explicó la operación y finalidad del Programa Frontera Sur, que mandató el Ejecutivo federal y con el que aumentó el control migratorio y el despliegue policial.
 
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