La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló, este día, durante la cuarta sesión sobre la inconstitucionalidad de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado (ISSSTE), el aumento en la edad y en el tiempo que tienen que laborar las y los trabajadores afiliados al Instituto para poder jubilarse, además del incremento a las cuotas que deberán pagar.
Esta medida, que afecta a un millón 404 mil trabajadoras del personal docente, médico, técnico, administrativo y profesionista, de un total de dos millones 600 mil derechohabientes, «representa un fuerte golpe contra todas y todos los trabajadores del Estado», dijo en entrevista con Cimacnoticias el presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda Esquivel.
Con la aprobación de este punto, las mujeres se tendrán que jubilar a la edad de 58 años y los hombres a los 60 años, con la anterior Ley sólo exigía la cotización de 30 años para los varones y 28 años para las mujeres.
Bajo el nuevo régimen las mujeres trabajadoras, afiliadas al ISSSTE, las cuales representan el 54 por ciento de trabajadores a nivel nacional, sufrirán una mayor afectación que los trabajadores.
Ya que «son las que ganan salarios más bajos, lo que repercutirá en los descuentos que les realizan para las prestaciones; y en lo que respecta a su pensión, son las que tienen una mayor expectativa de vida», refirió la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rosario Ortiz Magallón, en entrevista con Cimacnoticias.
Según información de su presidente, la Unión Nacional de Juristas, metió más de un millón de amparos, de los cuales el 50 por ciento son mujeres, además mencionó que durante más de un año, posterior a la entrada en vigor de la norma, «dimos platicas sobre el amparo y sus efectos y la proporción de las asistentes era del 70 por ciento mujeres».
Miranda Esquivel mencionó que la Unión considera está Ley «nociva pues cancela los derechos adquiridos de las y los trabajadores y prevé una ruta de precarización de quienes se retiren, incapaciten o pensionen por vejez, ya que recibirán hasta 50 por ciento menos de lo que pudieran haber recibido con la ley abrogada».
Informó que la pensión garantizada a las y los trabajadores es de 3 mil 34 pesos, con la ley derogada era de 6 mil pesos, lo que representa una pérdida del poder adquisitivo para las y los afiliados.
Mientras que los ministros de la SCJN reciben 400 mil pesos mensuales, al año alrededor de 6 millones de pesos, una trabajadora o trabajador, afiliados al ISSSTE, gana al año en promedio 37 mil pesos, afirmó.
MAQUILLAJE
Eduardo Miranda consideró que es «lamentable y condenable que se avale la Ley en lo fundamental y sólo se maquille algunos artículos».
La SCJN señaló como inconstitucionales, en una votación preliminar, la medida del Artículo 25 de la Ley, la cual permitía que el ISSSTE suspendiera todos los servicios a las y los trabajadores en caso de que las dependencias para las que laboren no les envíen las cuotas de sus empleados durante más de un año.
También anuló el Artículo 136, el cual establece condiciones para pagar la pensión por viudez al cónyuge de las y los trabajadores, porque no le daba derecho al cónyuge cuando falleciera antes de cumplir seis meses de matrimonio o cuando se casara después de los 55 años de edad y tuviera menos de un año de matrimonio, entre otros puntos.
Y por último, la máxima autoridad en impartición de justicia en México derogó el Artículo 251 en el que determina que el derecho del trabajador y, en su caso, de los beneficiarios, a recibir los recursos de su Cuenta Individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en los términos de la presente Ley, prescribe a favor del Instituto a los diez años de que sean exigibles.
ANUNCIA PRÓXIMAS MOVILIZACIONES
Al respecto, Eduardo Miranda sentenció que «la Corte nos quiere cambiar oro por cuentas de vidrio, pero el pueblo no se va a dejar. El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) ya se organiza y moviliza para exigir justicia, de ser preciso realizaremos un paro y huelga política nacional».
Frente a esta situación, el presidente de la Unión de Juristas de México anunció que el próximo 27 de junio las y los trabajadores de gobierno realizarán una marcha nacional de organizaciones sindicales, del «plantonissste» (afuera de las instalaciones del ISSSTE, aun costado del Monumento a la Revolución) a la SCJN y el 1 de septiembre planean llevar a cabo un paro nacional.
El movimiento de protesta abarca, informó, la participación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sindicato Único de Trabajadores del Distrito Federal, Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear y trabajadoras y trabajadores del sector salud.
INSTANCIAS INTERNACIONALES
En lo jurídico esperarán que la Corte termine de evaluar y votar la nueva Ley del Instituto para interponer una demanda al Estado mexicano ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Con Eduardo Miranda Esquivel, coincidió la legisladora Rosario Ortiz, quien dijo, que recurrirán a instancias internacionales para evitar que se apruebe esta Ley.
En entrevista telefónica, la diputada perredista aseguró que la Suprema Corte pretende validar toda la iniciativa del Ejecutivo federal, «lo que está haciendo es corregirle la plana y sigue anulando y disminuyendo los derechos de las trabajadoras y trabajadores».
Refirió que «la parte central de la nueva Ley es la privatización de la seguridad social, sólo ajustarán algunas partes».
Asimismo, la perredista indicó que después de que el ministro presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, convocó a una sesión extraordinaria que se llevará a acabo hasta la noche de este jueves, se teme «un fast track, que quieran aprobar la Ley sin el análisis y debate que por su importancia le corresponde».
08/GCJ/CV
