La llamada reforma «antiaborto» inició su avanzada en el estado de Querétaro, luego de que ayer, con seis votos a favor, se aprobaran en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso Local las modificaciones al Artículo 2 de la Constitución, y se turnaran para ser presentadas ante el pleno la semana próxima.
Tal y como lo adelantó ayer Cimacnoticias, tras concluir las audiencias públicas donde se escucharon opiniones sobre la Iniciativa de Ley, se realizó una sesión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales en la que se dio lectura al dictamen y después de someterse consideración y votación de los legisladores fue aprobado.
Esta Comisión está integrada por siete diputadas y diputados; de ellos, seis votaron a favor de estas modificaciones: Marco Antonio León Hernández, del Partido Convergencia; Roberto Carlos Cabrera Valencia, José de Jesús Rafael Puga Tovar y José Luis Sainz Guerrero, del Partido Acción Nacional (PAN); José Jaime César Escobedo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y María de Jesús Ibarra Silva, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El único voto que faltó fue el de María del Carmen Consolación González Loyola, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), diputada que abiertamente ha señalado estar en contra de estas modificaciones, y que se encuentra de viaje.
Información del Congreso apunta que tras la aprobación de la reforma el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Marco Antonio León Hernández, de Convergencia, declaró no estar satisfecho con el resultado, «pero al menos se pudieron conservar las dos causales de aborto permitidas en el Estado», dijo.
Actualmente en Querétaro el aborto no es punible en caso de violación o cuando es ocasionado por las mujeres de manera imprudencial. El Artículo 138 del Código Penal del estado establece que «a la mujer que se procure el aborto o consienta en que otro la haga abortar, se le aplicará de uno a tres años de prisión».
En presencia de integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) defensoras de los derechos humanos de las mujeres –quienes emitieron algunas consignas para manifestar su malestar y trataron de persuadir a las y los legisladores para razonar su voto– se dio lectura al dictamen aprobado.
En éste se hace mención de las audiencias públicas que por más de dos semanas se realizaron en el Congreso, señalando que rebasaron las expectativas de participación y se convirtieron en un espacio de debate nacional.
Durante once días se presentaron 184 personas pertenecientes a diversas organizaciones sociales y académicas, quienes expusieron propuestas y argumentos a favor y en contra de la iniciativa, con lo cual se enriqueció el trabajo realizado por los miembros de la comisión legislativa.
La iniciativa aprobada fue presentada en 2007 y replanteada el 13 de mayo pasado por el diputado panista Fernando Urbiola Ledesma, presidente de la Comisión de la Familia.
En contraste, en febrero de 2009 el Congreso estatal rechazó una iniciativa de ley de la diputada María del Carmen Consolación González Loyola, del PRD, que instaría u obligaría al Ministerio Público a permitir que las mujeres víctimas de una violación sexual o de «inseminación artificial no consentida» accedan a la ILE. La iniciativa fue desechada del dictamen que modifica el Código de Procedimientos Penales del estado.
09/GTR/LG
