La reciente aprobación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el pasado 25 de noviembre en la Asamblea Nacional y ante más de 4 mil mujeres, dotó a Venezuela de una de las legislaciones en su género más avanzadas del mundo y, en algunos aspectos, sin paralelos, informó Prensa Latina.
La legislación, que sustituyó una Ley sobre Violencia contra la Mujer y la Familia de 1998, es interpretado como una conquista de las mujeres venezolanas, pues separa la violencia familiar de la violencia de género, y señala y tipifica que la violencia hacia la mujer no es sólo física, sino también psicológica, mediática, laboral, es decir, describe todas las formas de agresión hacia las mujeres por su condición de género, consideró la presidenta la comisión parlamentaria de Familia, Mujer y Juventud, Gabriela Ramírez.
También reconoce el derecho de la víctima a la información, asistencia jurídica gratuita, junto a otras acciones de protección social y apoyo económico. Entre las innovaciones se incluye la creación de tribunales especializados de violencia de género.
A partir de la experiencia ganada en el debate con el Ministerio Público, la ley amplía el concepto constitucional de flagrancia, que establecía únicamente la posibilidad de detener al agresor cuando era atrapado cometiendo el delito.
Como la mayoría de los ataques se realiza a puerta cerrada en el hogar, se dificultaba el enfrentamiento de esa conducta, pero la nueva legislación permite la privación de libertad si hay elementos inequívocos de agresión, aunque la denuncia se haga un día después. Para preservar la seguridad de la agredida, el juez puede dictar medida de privación de libertad al agresor por 48 horas.
Para casos como la violencia sexual, se establecen sanciones de 10 a 15 años de prisión, acto carnal con víctima especialmente vulnerable de 15 a 20 años de prisión, actos lascivos de uno a cinco años y en caso de niñas y adolescentes de dos a seis años.
La prostitución forzada es penada con 10 a 15 años de cárcel, esclavitud sexual de 15 a 20 años, acoso sexual de uno a tres años, entre otras sanciones.
La nueva Ley impide que la conducta de las y los venezolanos se rija por el viejo adagio de «entre marido y mujer, nadie se debe meter», afirmó Ramírez, pues «quienes vivimos en países donde aún predomina una cultura machista, sabemos que la violencia hacia la mujer va más allá del hogar y alcanza los ámbitos laboral, social, comercial y publicitario.
La novedosa legislación permitirá que las venezolanas superen la realidad de la inequidad. Según fuentes parlamentarias, en Venezuela -por ejemplo- la mujer gana 20 por ciento menos salario que el hombre por igual trabajo.
Pero concretamente ayudará a responder a la realidad existente sobre violencia y permitirá revertir las cifras que indican, por ejemplo, que en 2005 se recibieron 10 mil denuncias de violencia doméstica, la punta del iceberg, si se tiene en cuenta que sólo el 10 por ciento denuncia el maltrato, según estimados.
SUMA DE ACCIONES
La aprobación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estuvo precedida de un proceso de discusión amplio en el contexto del denominado parlamentarismo de calle impulsado por la Asamblea Nacional y también por una controversia con el Ministerio Público.
Se suma también a otros importantes avances de las
venezolanas, como el reconocimiento en el Artículo 88 de la Constitución aprobada en 1999, de la capacidad generadora de riqueza del trabajo doméstico.
Las autoridades anunciaron asimismo el incremento de los fondos para las Casas de Abrigo, refugios concebidos para preservar la vida de mujeres agredidas.
Otras acciones incluyen programas de divulgación del alance de la ley, como punto de partida para que las mujeres puedan y sepan como hacer valer sus derechos.
Paralelamente, entre los programas sociales del gobierno del presidente Hugo Chávez, se puso en marcha la Misión Madres del Barrio que otorga recursos financieros a más de 800 mil mujeres carentes de seguridad social u otros ingresos.
Igualmente se han creado instituciones para garantizar su inclusión en la vida social y económica como el Instituto Nacional de la Mujer y el Banco de la Mujer (Banmujer).
Aunque existe conciencia que el problema no queda resuelto, la mujer venezolana cuenta ahora con un respaldo legal en los esfuerzos por terminar con actitudes, muchas veces heredadas y apuntaladas por la impunidad tradicional de los agresores.
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