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Ayuda de EU a México debe condicionarse al respeto de DH

El Congreso estadounidense debería oponerse a la asistencia que se dé a México contra el narcotráfico, hasta que se incluyan fuertes condiciones para que se terminen los abusos que cometen las fuerzas de seguridad mexicanas, dijo Human Rigths Watch (HRW).

La administración de George Bush solicitó al Congreso el pasado lunes la aprobación de 500 millones de dólares de ayuda para que México mejore sus esfuerzos en contra del narcotráfico y mejore la seguridad pública. Pero el Ejército Mexicano, las leyes y agencias responsables de las operaciones antinarcotráfico tienen muy pobres recods de derechos humanos, dice HRW.

Ayudar a México a enfrentar a los brutales carteles de drogas es buena idea, dijo José Miguel Vivanco, director de las Américas de HRW, pero darle un cheque en blanco a ese país donde las fuerzas de seguridad son abusivas no es bueno, añadió.

Durante los últimos dos años, expone HRW, soldados mexicanos han cometido atroces abusos al momento de actuar y aplicar las órdenes y leyes. En julio del 2006, por ejemplo, varios soldados en el estado de Coahuila golpearon a siete policías municipales y abusaron sexualmente de 14 mujeres, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En mayo del 2007, otros soldados detuvieron arbitrariamente a 65 personas en el estado de Michoacán, incomunicando a algunos en una base militar, golpearon a muchos de los detenidos y violaron a cuatro menores de edad.

En junio pasado otro grupo de soldados abrió fuego en contra de una camioneta en el estado de Sinaloa, matando a cinco personas, incluyendo a tres niños, e hiriendo a otros tres.

La impunidad para estas violaciones de derechos humanos es la norma. El sistema de justicia militar, rutinariamente en ejercicio de su jurisdicción sobre los abusos militares, carece de independencia necesaria para contar con una investigación creíble, dice HRW.

La habilidad de los abogados militares para investigar hace que abusen de manera constante por el miedo que se le tiene al Ejército. Eso ocurre en muchas comunidades rural, donde se inhibe a las victimas civiles y a testigos al otorgar información a las autoridades militares.

El Congreso de los Estados Unidos debe asegurarse de que al aprobar esos fondos propuestos, las autoridades del país que los recibe estén supeditadas a periódicos procesos de certificación para determinar que los abusos cometidos durante las operaciones antinarcóticos son efectivamente investigados y castigados.

El Congreso de los Estados Unidos tiene la oportunidad de usar esta ayuda, como una forma de presionar a las fuerzas de seguridad de México a que mejoren sus atroces records (en contra) de derechos humanos?, dijo Vivanco.

07/LPB/GG/CV

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