La Coordinadora de ONG para el Desarrollo (ONGD) de España dio a conocer hoy un informe que presenta el balance de trabajo de 23 ONGD a un año del tsunami que devastó el sureste asiático y dejó en situación de alta vulnerabilidad a mujeres, niñas, niños, ancianas y ancianos de la región.
De acuerdo con el informe, en lo que respecta a la valoración de la labor realizada, «las ONGD españolas realizaron un despliegue rápido y numeroso de medios y personal cualificado para atender a la población damnificada. Nunca antes las organizaciones se habían enfrentado a una emergencia de tal magnitud que abarcaba miles de kilómetros de costa -en 8 países del sureste asiático y en zonas de África Oriental- y con 2 millones de personas damnificadas».
Al respecto, indica que «teniendo en cuenta los principios de universalidad e imparcialidad en la ayuda, se priorizaron las zonas más afectadas y donde la comunidad disponía de menos recursos, zonas apartadas de grandes núcleos de población rural y urbano-marginales, o minorías más vulnerables», y que la reconstrucción ha sido lenta debido a «dificultades administrativas, logísticas y políticas en las diferentes zonas y países afectados».
En lo que se refiere a los fondos recaudados, la Coordinadora destaca que el total fue de 79 millones de euros, de los cuales 69 millones provienen de fondos privados y 10 de fondos públicos, y reporta que «en este año -emergencia y primeros meses de reconstrucción- se han invertido 23 millones de euros. La cantidad restante está ya comprometida para próximos años en proyectos de rehabilitación y reconstrucción, y en prevención: preparación, mitigación y respuesta ante desastres».
En el informe se asienta que las ONGD españolas han desplazado a un total de 180 cooperantes que han desarrollado su actividad junto con 2 mil 736 profesionales locales contratados sobre el terreno. Asimismo, indica que el país donde más organizaciones han trabajo en emergencia y trabajan actualmente en la reconstrucción es Sri Lanka (17 ONGD), seguido de la India (14), Indonesia (12) y Tailandia (7).
Dos tercios de las organizaciones tienen previsto permanecer en las zonas afectadas más de dos años para continuar las labores de reconstrucción y rehabilitación.
El documento afirma que la infancia ha sido el grupo de población más asistido, seguido de población vulnerable conformada por mujeres, pescadores, castas inferiores, agricultores, ancianas, ancianos y personas discapacitadas, y que los sectores en los que se intervino fueron mayoritariamente salud, alimentación y nutrición. También se trabajó en el desarrollo de las capacidades locales, en dar refugio a la población damnificada, en agua, saneamiento, y condiciones higiénicas, y en educación.
Finalmente, entre los obstáculos para realizar su labor, la Coordinadora detalla los siguientes: falta de coordinación y cooperación por parte de las autoridades locales; excesiva burocracia en los países afectados, lo que provocó ralentización en la ejecución de los programas y un ritmo lento en la adopción de acuerdos, y dificultades de acceso a las zonas más dañadas.
A estos factores se suma el elevado y diverso número de actores en la zona (gobiernos locales, agencias internacionales, ejércitos, compañías privadas, ONG locales e internacionales, fundaciones, etc), muchos de ellos sin cualificación, lo que complicó el trabajo de coordinación y la eficacia y rapidez de las acciones desarrolladas, al igual que los conflictos armados, la discriminación y la falta de comprensión de organismos financieros.
Asimismo, la Coordinadora da cuenta de algunas lecciones aprendidas; entre otras, que la participación de la comunidad está teniendo muchos efectos positivos, pues contribuye a la recuperación psicosocial y del tejido social. El fortalecimiento comunitario y la integración de los trabajos de las ONGD en las comunidades es fundamental.
Destaca también el trabajo de sensibilización e incidencia política en la labor humanitaria sobre el terreno; el trabajo de incidencia política ha sido muy positivo en el ámbito internacional y, sobre todo, en los países afectados, especialmente en cuestiones de género y de derechos sobre la propiedad de la tierra.
Finalmente, establece también que es «de vital importancia desarrollar programas de prevención, mitigación y preparación para futuros desastres y reducir al máximo los efectos que puedan producir. Es necesario presionar a los gobiernos para que adquieran planes de contingencia para toda la población, sin discriminaciones, y es fundamental llevar a cabo proyectos de medios de vida tradicionales para el desarrollo sostenible de estas regiones».
05/YT