Ante el próximo cierre del periodo de sesiones de la XIX legislatura del Congreso de Baja California, el próximo 31 de julio, la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) presiona a toda costa y tratará de convencer a legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Verde Ecologista, para lograr los 17 votos que necesita para penalizar totalmente el aborto en la entidad, incluido el terapéutico y por violación.
Luego de que ayer se tenía prevista la discusión en el Congreso estatal para aprobar la iniciativa de reforma al Artículo séptimo de la Constitución política de Baja California, que pretende dotar de figura jurídica al embrión y penalizar el aborto en todas sus causales, el tema no fue subido al pleno, por lo que quedó «pendiente» para la próxima sesión convocada para el 24 de julio en el patio central del Ayuntamiento de Playas de Rosarito.
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, la legisladora del Sol Azteca y secretaria técnica de la Comisión de Equidad y Género del Congreso, Ana María Fuentes Díaz, dijo que ayer al término de la sesión un grupo de académicas del Colegio de la Frontera Norte, científicas y organizaciones civiles se manifestaron durante la audiencia pública convocada por el Congreso después de la sesión para exigir a las y los legisladores rechazar la propuesta panista.
La legisladora insistió una vez más en que dicha iniciativa es violatoria y contraria a la Ley para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres recién aprobada en la entidad porque «pretende someter a las mujeres» y les niega su derecho a decidir.
Dijo que por ahora están seguros 15 votos, todos de la fracción panista, pero se necesitan 17 votos para que la iniciativa sea aprobada, por lo que los legisladores panistas «hacen labor de convencimiento» entre los priistas que, a decir de la legisladora «no están de acuerdo» salvo algunas excepciones, y algunos del Verde Ecologista para recabar las dos terceras partes de los votos, es decir, los 17.
Para la legisladora, no puede considerarse al embrión como ciudadano ya que dicha categoría se da hasta el nacimiento y es constatada con el acta de nacimiento. Además, pidió considerar las muertes que se han registrado en la entidad como consecuencia de abortos clandestinos.
Pero la iniciativa no sólo viola la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, sino también el acuerdo que el estado signó en 2006 en relación al caso Paulina, donde se compromete a garantizar la no repetición de los hechos y del cual se desprendió también una iniciativa para reglamentar el acceso al aborto legal por violación en Baja California, enviada por el Ejecutivo al Congreso local y que hoy está «congelada».
Cabe recordar que esa iniciativa, presentada por el entonces gobernador Eugenio Elorduy, ahora pretende ser rescatada por la sociedad civil, para que se apruebe y se cumplan las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo sobre el acceso pronto y expedito al derecho al aborto en casos de violación.
ANTES, EN GUANAJUATO
Una iniciativa similar a la que el PAN pretende aprobar ahora en Baja California fue propuesta en Guanajuato en el año 2000. En ese año, , cuando en el Distrito Federal se daba la discusión en torno a la llamada Ley Robles para ampliar las causales del aborto, en Guanajuato, un grupo de legisladores panistas también propusieron modificaciones al Código Penal de la entidad, para prohibir el aborto por violación.
No conformes con ello, propusieron un incremento en la penalidad de tres meses a seis años de prisión, para las mujeres que pese a haber sido violadas, decidieran interrumpir su embarazo.
Aunque la iniciativa estuvo a discusión y parecía que contaba con el aval de una gran mayoría, finalmente la presión nacional e internacional y los grupos de la sociedad civil, lograron que el gobernador de la entidad Ramón Martín Huerta, la vetara.
ESTADÍSTICAS
La organización civil con trabajo en derechos sexuales y reproductivos IPAS México ha señalado en sus Aportes para el debate sobre la despenalización del aborto en México, que entre cuatro y seis de cada 100 mujeres declararon haber sido víctimas de violación alguna vez en la vida.
65 por ciento de ellas entre los 10 y los 20 años, en pleno inicio de su etapa reproductiva.
Se estima que al año ocurren alrededor de 120 mil violaciones en el país. En el supuesto que la cobertura anticonceptiva de estas mujeres sea nula, se esperarían aproximadamente entre 9 mil 600 y 12 mil embarazos resultados de violación cada año en todo el país.
Se estima que sólo un 10 por ciento de las mujeres violadas presentan denuncia y de ellas solo una minoría lo hace dentro de las primeras horas – lo que permitiría la administración de anticoncepción de emergencia para prevenir un posible embarazo.
08/LGL/GG
