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Belém do Pará: a 20 años de creada, persiste violencia de género

Por Anaiz Zamora Márquez

Lejos de ser acatada, la Convención Interamericana contra la Violencia hacia la Mujer dio pie al Estado para que implementara una política de simulación e incumpliera las acciones contra esta problemática.
 
A 20 años de que el movimiento feminista del continente lograra que 35 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobaran la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), México se ha visto rebasado en el combate a esta problemática.
 
Académicas, defensoras de Derechos Humanos (DH) y activistas sostienen que el Estado mexicano lejos de acatar las obligaciones emanadas del acuerdo continental, mantiene una “simulación sofisticada de cumplimiento”.
 
Esto se evidencia –explican– con las agresiones cada vez más frecuentes y más brutales que a diario enfrentan las mexicanas.
 
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), instancia encargada de velar por la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas, recientemente reconoció que los homicidios dolosos de mujeres van en incremento, ya que hasta 2012 eran asesinadas al día en promedio 6.4 mexicanas, mientras que actualmente el promedio es de 7.1.
 
En un diagnóstico sobre la violencia de género en México, las especialistas Irma Saucedo González y Lucía Melgar Palacios detectaron un aumento constante en las tasas de violencia intrafamiliar y que el feminicidio se ha incrementado de manera progresiva desde 2004.
 
Las expertas afirman que también hay un aumento de la violencia sexual en todo el país, ya que en promedio se presentan 15 mil denuncias por año y existe un considerable número de mujeres que no acuden ante el Ministerio Público.
 
Igualmente, ambas destacan que también hay un alto número de mujeres y niñas víctimas de trata de personas. Según grupos civiles, se estima por ejemplo que más de 20 millones de personas (la mayoría de entre 12 y 24 años de edad) pueden ser víctimas de trata con fines de explotación sexual y trabajo forzado.
 
Aunado a lo anterior, en los últimos años se ha visibilizado que las mujeres migrantes también viven agresiones.
 
CONVENCIÓN DE PAPEL
 
El 9 de junio de 1994, durante el XXIV periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA, realizada en Belém do Pará, Brasil,  los 35 Estados miembro reconocieron que todas las mujeres tienen derecho a vivir libres de violencia, por lo que se comprometieron a garantizar ese derecho y aprobaron la Convención Interamericana que lleva el nombre de esa localidad.
 
Y es que durante los años 70 y 80, feministas del continente buscaron incidir en el Derecho y en los sistemas de impartición de justicia para que se incluyera una visión de género, y se acabara con la idea de que los delitos contra las mujeres eran parte del ámbito privado.
 
“Por ejemplo, en las discusiones que se mantenían en torno a la violencia sexual, se consideraba que el bien protegido por el derecho debía ser la moral y no el cuerpo y la dignidad de las mujeres”, recuerda Saucedo, maestra en Sociología y experta en temas de género, quien testificó la creación de la Convención. 
 
Es por ello que ahora resalta que Belém do Pará no fue una dádiva de los gobiernos, y que ayudó a crear un “paraguas continental” para proteger a las mujeres y obligar a los Estados a hacer cambios en su visión de hacer justicia.
 
Sin embargo, al conmemorarse el vigésimo aniversario de la Convención, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo en un comunicado que pese a la existencia del tratado continental la violencia contras las mujeres sigue siendo un problema “de proporciones epidémicas” que requiere acciones urgentes,
 
“La voluntad política para priorizar los derechos de las mujeres es insuficiente, y los recursos públicos destinados a este tema son escasos”, consideró la CIDH.
 
Al abordar el caso de México, Saucedo González y Melgar Palacios observan que a muchos casos de violencia de género no se les da la importancia que tienen y hay una tendencia a fragmentar la situación.
 
Explican que cada conducta delictiva se considera individual y aún existen visiones de que son agresiones que corresponden al ámbito privado. Esto –insisten– pese a que existen múltiples estudios que señalan que la violencia contra las mujeres forma parte de una estructura más compleja de discriminación y misoginia.
 
A decir de ambas académicas, la “fragmentación de la violencia” repercute en la investigación no adecuada de los casos y con ello se crea un ambiente de impunidad de hasta el 98 por ciento de los delitos, así que aseguran que el gran reto es reconocer el grado de violencia y de impunidad.
 
De acuerdo con su investigación, las especialistas advierten que en el país “hay un problema grave” de incumplimiento de Belém do Pará, pues no se ha acatado el mínimo indispensable: garantizar la justicia expedita a las víctimas y la existencia de datos sobre delitos de violencia de género.
 
“Si México cumpliera al menos con ello estaríamos dando pasos agigantados para detener, sancionar y erradicar la violencia”, aclaran.
 
Irma Saucedo y Lucía Melgar critican además que el Estado mexicano ha creado políticas públicas y programas “desmembrados” que pareciera que fueron hechos para fracasar, pues los múltiples mecanismos (agencias especializadas y servicios de salud), hasta hoy instaurados para atender y sancionar la violencia derivan en una revictimización de las mujeres.
 
Explican que las sobrevivientes de todos los tipos de violencias deben de transitar de una instancia a otra y contar una y otra vez su caso sin que se les resuelva nada.
 
Ante este escenario, conceden que México tradujo la Convención Belém do Pará en leyes, instituciones e incluso presupuesto, pero nada de ello ha impactado realmente en un cambio de los patrones socioculturales que perpetúan la violencia de género.
 
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