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Beneficio de la duda a nueva titular de Fevimtra

Por Anaiz Zamora Márquez
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La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la Procuraduría General de la República (PGR), cuenta con una nueva titular, Ángela Quiroga Quiroga, que deberá hacer frente a las críticas y cuestionamientos hacia la dependencia, que pese a contar con presupuesto etiquetado ha dado pocos resultados, según organizaciones de mujeres y legisladoras.
 
Este domingo 16 de agosto la PGR informó en un comunicado la designación de Quiroga Quiroga como nueva fiscal de la instancia adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
 
Quiroga –según la información proporcionada por la PGR– es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y ha sido investigadora honoraria del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
 
La nueva fiscal se enfrenta al reto de encabezar una dependencia sumamente cuestionada por la sociedad civil y legisladoras federales, por sus nulos resultados para atender la violencia contra las mujeres.
 
La Fevimtra fue concebida por el Ejecutivo federal como un organismo para combatir la creciente violencia de género, pero poco ha podido hacer pues para 2014, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), siete mexicanas son asesinadas diariamente.
 
La Fevimtra es responsable de continuar con la investigación de los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas víctimas de violación sexual por parte de militares en el estado de Guerrero en 2002.

Igualmente, debe supervisar la implementación de los protocolos de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género contra la violencia sexual y feminicidio, así como el Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense, publicados apenas en marzo pasado.
 
MODIFICACIONES BUROCRÁTICAS

El 30 de enero de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo A/003/04, por el que se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.
 
La decisión se tomó tras una década en la que la urbe fronteriza con Estados Unidos fue azotada por una ola –vigente aún– de asesinatos de mujeres, cuyos cuerpos fueron encontrados en lugares públicos.
 
La entonces Fiscalía Especial buscaba contribuir en el ámbito de la competencia de la PGR a la atención y resolución de los casos ocurridos en el estado de Chihuahua.
 
Pero dos años después el feminicidio ya había salido de los terrenos de Juárez, y luego de atraer los casos de las ocho jóvenes encontradas en el predio conocido como Campo Algodonero en 2001, y desistirse de ellos al determinar que “no eran de su competencia”, la Fiscalía se hizo nacional.
 
Mediante el acuerdo A/003/006 del 16 de febrero de 2006 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (Fevim).
 
La primera fiscal federal fue la feminista y doctora en Derecho Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, quien renunció poco después al cargo (diciembre de 2007) debido, entre otros factores, a la no consignación de responsables en el caso de las mujeres víctimas de violencia sexual en San Salvador Atenco, Estado de México, en 2006, así como la dificultad para consignar los casos de pederastia denunciados por la periodista Lydia Cacho.
 
Fue así que con casos aún sin resolver –como el feminicidio en Ciudad Juárez y las 14 violaciones de mujeres perpetradas por militares en Castaños, Coahuila–, la Fevim desapareció en 2008 para dar pie a la actual Fevimtra.
 
Según el acuerdo A/024/08, publicado en el DOF, esa Fiscalía Especial estaría “facultada para investigar y perseguir los delitos federales relacionados con hechos de violencia contra las mujeres y de trata de personas”.
 
Guadalupe Morfín Otero, ex comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez (2003-2006), tomó posesión de la nueva instancia adscrita a la PGR y sustituyó a Alicia Elena Pérez Duarte.
 
En ese momento, organizaciones civiles se opusieron a la creación de la Fevimtra, pues consideraban que “al ampliar sus facultades a la trata de personas la Fiscalía perdía su esencia” como organismo especializado en la atención de la violencia contra las mujeres.

Morfín Otero renunció al cargo en septiembre de 2009 para buscar la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
 
Pero antes de su salida, cerró el caso (luego de tres años de tener “congelada” la investigación) por tortura sexual (violación) contra 11 mujeres cometida por policías de los tres niveles de gobierno durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco, y declinó su competencia a favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).
 
Posteriormente fue designada al cargo Sandra Irene Herrerías, quien renunció a finales de 2011, para quedar al frente de la entonces recién creada por el gobierno de Felipe Calderón Procuraduría de Atención a Víctimas (Províctima).
 
Es de mencionar que con la creación de esa Procuraduría se inició el traslado de información y bases de datos en torno a los temas relacionados con atención a víctimas de delitos, pues se eliminó la facultad de la Fevimtra de atender a víctimas.
 
Angélica Herrera Rivero asumió la titularidad de la dependencia por un periodo de sólo seis meses, para luego ser sustituida por Nelly Montealegre Díaz, quien se mantuvo en el cargo hasta la semana pasada.

NULOS RESULTADOS
 
Además de los casos de violaciones a Derechos Humanos que la Fevimtra ha declinado investigar, o que ha cerrado sin dar resultados, la dependencia también tiene escasos resultados en la investigación de otros delitos, ya que en cuatro años (2010 a 2013), sólo resolvió satisfactoriamente 214 casos de violencia y 69 denuncias por trata de personas

En 2010 fueron consignados 53 delitos de violencia contra mujeres y niñas; para 2011 el número de consignaciones ascendió a 71, mientras que para 2012 apenas hubo 41. Hasta octubre de 2013 la dependencia registraba 49 consignaciones por estos crímenes.

El total de consignaciones es mucho menor respecto al delito de trata (clasificado por la Fevimtra como explotación sexual, laboral, ambas, extirpación de un órgano tejido o sus componentes, y esclavitud o “prácticas análogas” a la esclavitud).
 
En 2010 hubo un total de 18 consignaciones, y en los años posteriores el total fue de 31, 11 y nueve, respectivamente.
 
Es de mencionar que según el Diagnóstico Nacional de Trata de Personas, elaborado por ONU-México, se estima que 30 mil mujeres son víctimas de trata en el país.
 
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