En el arranque de las campañas electorales por la Presidencia de la República, se pone al orden del día el manejo electoral de los programas sociales federales y estatales; el máximo exponente es el titular del Ejecutivo, quien usa un doble lenguaje.
Por una parte, el presidente Vicente Fox Quesada se ufana con la promoción de «un blindaje a los programas sociales», e inclusive habla de «un castigo ejemplar a todo servidor público de su gobierno que utilice con fines electorales estos programas»; por otra parte, canaliza cuantiosos recursos del erario público para publicitar las bondades de sus programas,
No satisfecho, tal vez, con su eficacia, invita a «seguir por el mismo camino», afirmando que, «a México le irá mejor que ayer», en claro desafío a las instituciones de la República y pretendiendo poner en riesgo la gobernabilidad del país en tiempos electorales ¿Podrían acaso la ciudadanía y los poderes constituidos creer en el blindaje que plantea el presidente?
La semana pasada fue tema de los candidatos, pero también del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, lo sospechoso que resulta que el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) no muestre acuse de recibo sobre el asunto cuando tiene entre sus facultades la tarea de garantizar la imparcial y la objetividad de la contienda.
Ni siquiera Oportunidades, que cuenta con un padrón verificable de beneficiarios y es el programa estrella del actual sexenio -antes «Progresa- es garantía de transparencia ni de un manejo escrupuloso de sus beneficios. Las evaluaciones recientes, como su nuevo planteamiento institucional, evidencian los márgenes de discrecionalidad que prevalecen en los programas sociales.
Qué decir de funcionarios federales que apuestan los recursos y obras a juegos de su preferencia con otro funcionario de rango estatal, como fue atestiguado por la Comisionada Nacional para la Atención de los Pueblos Indígenas, poniendo en entre dicho los criterios presupuestarios y programáticos de la federación.
Las instituciones como el IFE, la Secretaría de la Función Pública, así como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), debieran de actuar para prevenir y aplicar en consecuencia la norma existente para evitar que se vulnere la voluntad ciudadana.
*Senadora por el Partido de la Revolución Democrática
06/LB/YT
