A pocos días de que se conmemorara el Día Internacional de la Mujer, congresistas conservadores bloquearon la aprobación de la Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, generando la protesta de organizaciones feministas y de las centrales sindicales que, desde hace cinco años, exigen contar con una ley marco para prevenir, erradicar y sancionar las inequidades de género en el Perú.
Durante el debate del dictamen de consenso, presentado por la Comisión de la Mujer y Desarrollo Social a la Comisión Permanente del Congreso, algunos congresistas señalaron que, por la manera en que está formulada la ley, ésta podría ser inconstitucional.
El congresista Víctor Andrés García Belaunde, del partido de centro derecha Acción Popular (AP), expresó su temor de que la ley viole la Constitución al incluir términos como equidad de género y salud sexual y reproductiva.
Para Javier Bedoya de Vivanco, congresista por la alianza conservadora Unidad Nacional (UN), ya se tienen 22 leyes sobre discriminación y no se necesita una adicional.
Mientras, la congresista Fabiola Morales, también de UN, afirmó que desde afuera han impuesto el concepto de equidad de género y que el género para ella siempre será una tela (tejido textil).
«Los congresistas olvidan que equidad de género y salud sexual y reproductiva son conceptos reconocidos en tratados internacionales, firmados por el Perú», señaló Blanca Fernández, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.
Fernández se mostró preocupada por la decisión de votar una norma de consenso, lo que podría significar recortes de los derechos ganados. Todo ello, a pocos días de que el Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) recomendara al Estado peruano medidas concretas para acelerar la igualdad entre mujeres y hombres.
María Isabel Cedano, directora de DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, e integrante del Colectivo Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, señaló que actualmente la política sobre igualdad de oportunidad no tiene sustento legal y es necesario contar con una ley marco que articule las normas ya existentes, dándoles un sentido y un propósito común.
«Una ley, además de integrar los avances reconocidos en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos a nivel nacional e internacional, dejaría fuera la arbitrariedad de las autoridades políticas de turno, tanto a nivel nacional o regional, que actúan de acuerdo a sus criterios marcados por un sesgo ideológico», sostuvo.
Gissy Cedamanos, de Lesbianas Independientes Feministas Socialista (LIFS) explicó que si el Congreso aprueba la Ley de Igualdad de Oportunidades sin recortes, evidenciaría la voluntad explícita de las y los legisladoras no sólo de redistribuir el poder y los recursos sino de profundizar la democratización de la sociedad peruana.
El 8 de marzo, el Colectivo Canto a la Vida, convocó a una movilización por las calles de Lima para exigir al gobierno de Alan García políticas eficaces que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos y la aprobación de la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
En esta movilización participaron, por primera vez, las mujeres trabajadoras organizadas en las tres centrales sindicales del país, conjuntamente con mujeres agrupadas en diversas organizaciones y movimientos.
Para el colectivo Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, la Ley como mínimo debe garantizar y promover: igual acceso a la educación, salud y justicia; a la participación en la adopción de decisiones políticas y en las estructuras de la administración pública.
Asimismo, igual remuneración por trabajo de igual valor; eliminación de todas las formas de violencia de género; eliminación de toda forma de discriminación fundada en la raza, sexo, edad, género, religión, etnia, orientación sexual, condición de salud, nivel socio económico y cualesquiera otra forma.
También debe incluir responsabilidades familiares compartidas; educación sexual libre de prejuicios en todos los niveles; iguales derechos sexuales y reproductivos y plena vigencia del Estado democrático laico.
CIFRAS DE LA DESIGUALDAD
Perú ocupa, después de Bolivia, el segundo lugar entre los países de América del Sur con las más altas tasas de mortalidad materna, 185 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, lo que implica 1 258 muertes anuales.
El 13 por ciento de las mujeres entre 15 y 19 años ya son madres y esto tiene efectos nefastos sobre sus vidas, porque además de perpetuar el círculo de la pobreza, incrementa el riesgo de muerte de la madre por causas relacionadas a la gestación, parto o puerperio.
Anualmente se realizan 352 mil abortos, es decir cuatro abortos por cada 10 nacidos vivos, en su mayoría en condiciones deplorables.
El 77.2 por ciento de analfabetos en Perú son mujeres, el mayor porcentaje se encuentra en el área rural. En virtud a ello, el Perú, al igual que otros 188 países han suscrito las Metas del Milenio de Naciones Unidas, una de las cuales expresamente señala: «eliminar las desigualdades de género en todos los niveles de educación para el 2015».
En el Perú se producen 25 mil violaciones por año, es decir, tres cada hora. El 92.7 por ciento de víctimas de violación son mujeres: de las cuales el 66 por ciento tienen menos de 14 años, de acuerdo con información del Colectivo Mujeres por la Igualdad de Oportunidades.
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