En Bolivia, como en la mayoría de las naciones latinoamericanas, las mujeres sufren de acoso y violencia política en los distintos parlamentos, donde su participación es obstruida por la discriminación, amenazas e incluso agresiones físicas.
Por lo que es necesario sancionar estas prácticas que se llevan a cabo al interior del ámbito legislativo, con leyes que prevengan y sancionen los actos que restrinjan la participación política de las mujeres.
Así lo aseguró Marisol Aban, presidenta del Comité de Género de Bolivia, durante el encuentro regional de legisladoras Mujeres trabajando juntas: promoviendo la perspectiva de género en la agenda legislativa, que se celebró del 26 al 28 de febrero, en la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México.
La legisladora boliviana denunció, durante el encuentro que fue clausurado por Maricela Contreras, presidenta de la Comisión de Equidad y Género en la Cámara de Diputados, que en su país como en América Latina las mujeres que participan en el ámbito político padecen de acoso y violencia política, por lo que ya elaboran un proyecto de ley que previene y sanciona esta problemática.
La parlamentario refirió que «el ejercicio del poder con igualdad y sin violencia es un derecho inalienable, irrenunciable, inclaudicable».
Por ello, instó a las legisladoras latinoamericanas presentes a formular una ley en contra del acoso y la violencia política «que ha permeado a todos nuestros países».
«Es necesario tratar de eliminar esta mala costumbre, lacra de la sociedad. Hay que buscar la sanción para erradicar la violencia política, para que cada vez la equidad no sea una utopía sino una realidad», refirió la legisladora boliviana.
Con ello, esperan «garantizar el ejercicio político de las mujeres, otorgar la seguridad jurídica y sancionar a quienes cometan acoso y violencia política en razón de género» y aplicará «para todas las que tengan un cargo electo o que estén postulando a cargo electo».
A decir de Marisol Aban, el acoso político son los actos de presión, persecución, amenazas y hostigamiento en contra de una mujer, candidata electa o en ejercicio de la función pública que impida o induzca acciones u omisiones en el cumplimiento de su trabajo.
En tanto, la violencia política son todas las conductas y agresiones que causen daño físico, psicológico, o sexual a las candidatas o legisladoras en funciones y ello conlleve a «lograr que no cumpla con su ejercicio en el poder».
La boliviana indicó que la discriminación es una práctica recurrente en este ámbito, un ejemplo es que en el parlamento a las mujeres no les avisan cuando habrá sesión y en consecuencia faltan y son sancionadas con «descuentos arbitrarios».
Además su participación como legisladoras se ve limitada también porque los varones en el ejercicio del poder incluso les niegan el uso de la palabra en el parlamento, «por el hecho de ser mujer».
EL PROYECTO DE LEY
Por ello, el proyecto de ley, que presentarán en breve, prohíbe, penaliza y previene este tipo de acciones que violan los derechos de las mujeres.
De igual modo, en el proyecto de ley se establecen sanciones para los partidos que falseen la información para la Corte Nacional Electoral con la finalidad de cumplir con la cuota de género del 30 por ciento, por este hecho los parlamentarios podrían ser suspendidos temporalmente o perder su curul.
También sanciona la discriminación por razón social, cultura, idioma, creencia religiosa.
«Queremos la igualdad de condiciones, el hecho de que se impongan sanciones injustificadas según usos y costumbres restringen sus derechos políticos», sostuvo Aban.
Por estos actos, además de correr el riesgo de perder su mandato, en caso de que el acoso y violencia política se constituyan en delitos, serán juzgados por la vía penal agravándose en un tercio la pena correspondiente al delito cometido. Jefes de los partidos políticos, multas, suspender de participar en procesos electorales.
Con esta ley, las autoridades bolivianas como la Corte Nacional Electoral, las cámaras, alcaldías y ministerios tendrán la competencia para fiscalizar y vigilar su cumplimiento.
Asimismo, refirió en el encuentro latinoamericano, organizado por la Cámara de Diputados, IDEA Internacional y el NDI México, que también los que conozcan de actos de acoso tienen la obligación de denunciar ante las instancias correspondientes, ya que quien no lo haga, también recibirá una sanción por omitir la justicia en estos casos.
Por último, Kristen Sample, Oficial Principal de Programas IDEA internacional, informó que en Perú 14 por ciento de mujeres «se animan» a presentarse a la reelección, comparado con 35 por ciento de los hombres y ellos se debe, en «muchos de los casos», al acoso y violencia política.
09/GCJ/GG
