Son cada vez más numerosas las denuncias de mujeres golpeadas por sus maridos, concubinos, novios y hasta cercanos amigos en Bolivia, y aunque se dice que esto se debe a la visibilización del maltrato, no se tiene reducción en las estadísticas sobre la violencia.
Ésta proviene de estratos sociales como el de profesionales, políticos, docentes, que al igual que albañiles y mineros lastiman a mujeres indefensas e incluso a sus pequeñas hijas e hijos, informó la Red Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Información y Comunicación (Red ADA).
Pese al apoyo de distintas instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales, aún no se ha logrado disipar problemas como la falta de Casas de acogida o de refugio para las víctimas.
No existen suficientes médicos forenses y los exámenes de laboratorio continúan siendo costosos. La atención de los profesionales se otorga sin calidez para la mujer agredida y persiste la preferencia médica por el aborto clandestino.
Los establecimientos del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) no cuentan, particularmente en el área rural, con un equipo interdisciplinario e idóneo y en el caso urbano la infraestructura no es la ideal, la Policía no se sensibiliza en cuanto al equipamiento a sus Brigadas de Protección a la Familia y no es suficiente el registro para contar con estadísticas reales a nivel municipal, departamentales y nacional.
Se cierran los pocos Centros Integrados de Justicia, las Defensoría de la Niñez no existen o no cuentan con ítems para su real atención a las niñas maltratadas. Son muchas las denuncias que no se hacen, lo mismo ocurre con las denuncias sin seguimiento. Las víctimas continúan siendo revictimizadas, lo cual genera desconfianza de parte de las mismas.
Pese a las campañas, seminarios y talleres, se requiere mayor concientización en la formación del personal que entra en contacto directo con las mujeres golpeadas; los jueces son mayormente indecisos; los trámites son burocráticos; el Código Penal no encuentra relación con el Código de niña, niño y adolescente, y la impunidad es la reina de la justicia.
A esto se suma la ausencia de centros médicos y hospitalarios en zonas alejadas de las capitales de provincia, la inadecuada información del manejo de los recursos de cada municipio para atender esta problemática y finalmente políticas de gobierno que, a través de las prefecturas, pongan seriedad en la atención de un problema que nace en el machismo de una sociedad, que no demanda ayuda para luchar contra este drama social.
Este es el panorama que se advierte en el seminario que aborda la Violencia Sexual como un problema que afecta a todos y todas las bolivianas, que realizan organizaciones internacionales como el IPAS y Marie Stopes en Bolivia, en el marco del Proyecto de Atención Integral a Víctimas sobrevivientes de Violencia Sexual.
07/GG/CV
