Inicio “Borrón y cuenta nueva”, posición de gobiernos en AL ante desapariciones forzadas

“Borrón y cuenta nueva”, posición de gobiernos en AL ante desapariciones forzadas

Por Sandra Torres Pastrana/enviada

De los más de 51 mil casos de desapariciones forzadas de personas que se registran en el mundo, casi el 20 por ciento han ocurrido en México, 400 de ellos sucedieron en Atoyac de Álvarez, pequeño poblado de apenas 58 mil 452 habitantes de la Costa Grande de Guerrero, al sur de México.

Así lo dio a conocer la maestra Patricia Olamendi Torres, presidenta de la Organización Proyectos Mujer (Promujer), durante el Encuentro estatal de mujeres y la lucha por los derechos humanos, que se llevó a cabo el pasado 6 de diciembre,en su conferencia magistral “Convención contra la desaparición forzada”.

Destacó Olamendi que la lucha de miles de personas en el mundo y el trabajo que han realizado las mujeres de Atoyac –con su lucha permanente, las denuncias, búsqueda y exigencias– ha logrado que finalmente se reconozca a la desaparición forzada como un delito.

Olamendi se refirió a los distintos casos de lucha por los elementales derechos civiles, reivindicaciones sociales y políticas, que desde 1974 en América Latina como en México se llevaron a cabo y que lograron que se reconociera la primera Convención para desapariciones forzadas de personas.

En México como en Argentina, Chile, Nicaragua, Guatemala y Colombia, entre otros países, puntualizó Olamendi, se encontraban luchadores sociales y políticos que fueron desaparecidos forzadamente. Desde el reconocimiento de la Convención, los países se comprometieron a declarar las desapariciones como delitos y a luchar porque éstos no se acaben hasta que no aparezcan las personas desaparecidas.

LOS FAMILIARES TAMBIÉN SON VÍCTIMAS

La maestra Olamendi indicó que las desapariciones forzadas violan los derechos humanos fundamentales de las personas, el derecho a la vida, la libertad, la seguridad, a un trato humano, a no ser torturados, a la libertad de opinión, expresión e información, entre otros.

También manifestó que las víctimas de este delito, no sólo son las personas desaparecidas, sino que también se reconoce como víctimas del delito a los familiares, las esposas, las madres, las hijas e hijos, que en el dolor, desesperación y sobre todo la imposibilidad de saber la verdad, tratan de defender y saber dónde se encuentra su familiar.

Asimismo la presidenta de Promujer, manifestó que hay gobiernos en América Latina que han dicho “borrón y cuenta nueva” y la justicia no se cumple, la impunidad persiste, por lo que consideró muy importante que las víctimas reclamen y mientras esto suceda y exijan, esto no se acaba.

También señaló la importante labor que han hecho las distintas organizaciones dedicadas a esclarecer los casos de desaparecidos políticos, las que han logrado con su trabajo se tomen medidas preventivas, es decir, que ningún país permita las detenciones secretas, que las personas que sean privadas de la libertad estén en lugares reconocidos, no existan cárceles clandestinas, lugares separados u ocultos, y se cuente con un registro de las personas detenidas y, sobre todo, la garantía del respeto judicial.

En México, dijo Olamendi, todavía no se ha logrado esto completamente y estas medidas que previenen la desaparición forzada de personas no son aún un hecho.

EL DERECHO A LA VERDAD

Dio a conocer a las y los asistentes al evento que “los familiares de las víctimas tienen el derecho a saber porqué se los llevaron, qué pasó durante esa detención, dónde están; en pocas palabras, tienen el derecho a la verdad”, puntualizó Olamendi.

En México, el Código penal reconoció la desaparición forzada.

Al respecto, Olamendi dijo que esta ley fue conformada bajo el gobierno actual en la pasada legislatura, donde se sanciona este delito. Consideró que entre los puntos más importantes de la ley está que bajo este delito no se puede otorgar el perdón y tampoco que quienes lo hayan cometido pueden ser beneficiados con una amnistía.

Además, la ley determina que al haber una denuncia por estos hechos, se mantiene hasta que se sepa el paradero de las víctimas. Algo fundamental para los casos en México, es que quienes cometieron estos hechos, no pueden ser juzgados por la justicia militar sino tienen que ser juzgados por la justicia civil.

Por otro lado, en cuanto la ley del estado de Guerrero, Olamendi manifestó que también reconoce a las víctimas de este delito.

Señaló un capítulo que habla de la reparación del daño, donde “no únicamente se refiere a establecer un porcentaje económico, sino a la reparación que significó la perdida de un proyecto de vida, a las heridas de dentro y fuera, por esta razón es tan importante la verdad”, finalizó Olamendi.

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