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Brecha abismal de género en cargos públicos en Guatemala

Por Alba Trejo
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Los puestos continúan dispares: en 26 años sólo 95 guatemaltecas lograron ocupar un escaño en el Congreso de la República, en contraposición a 788 hombres que formaron parte del Parlamento en el mismo periodo.
 
Peor aún resulta que en ese mismo lapso únicamente 193 mujeres ejercieron un puesto de autoridad máxima en el organismo ejecutivo, privilegio del que gozaron al menos mil 52 hombres en el mismo tiempo.
 
Para confirmar todavía más la desigualdad de género en los puestos políticos, en las últimas dos décadas y seis años que han pasado, sólo 35 guatemaltecas dirigieron una corporación municipal.
 
“Si esos datos no son desigualdad, entonces no sé qué es la desigualdad”, dice algo decepcionada Catalina Soberanis, ex diputada y ex presidenta del Congreso.
 
En las diputaciones, a donde más oportunidades tienen de llegar, les es vedado el derecho de participar, por lo tanto, tienen casi nulas posibilidades en otros puestos como ministerios, alcaldías y gubernaturas, indicó Soberanis a SEMlac.
 
Si de disparidad se trata, Carmen Cáceres, de Convergencia Cívico Política de Mujeres, se refiere a las 158 diputaciones actuales, de las cuales sólo 20 son ocupadas por guatemaltecas, en tanto que apenas hay seis alcaldesas de un total de 333 cargos de ese nivel.
 
En opinión de Ligia Ixmucane Blanco, del movimiento “Más Mujeres, Mejor Política”, la inequidad en la representación política aleja a Guatemala del espíritu y del ideal democráticos.
 
“No podemos hablar de democracia si la mitad de la población no está representada y no tiene la posibilidad de incidir en el rumbo del país y en las decisiones de trascendencia nacional”, puntualiza en una columna de opinión, y añade: “Es un hecho que la democracia no está completa sin las mujeres”.
 
La guatemaltecas conforman el 52 por ciento de los 14 millones de habitantes del país, pero se trata también de una nación donde ellas son las que menos cuentan, apunta Cáceres a SEMlac.
 
Cuando las mujeres logran establecerse en un puesto de alto nivel, resulta que es en los ministerios de Cultura y Deportes y Educación, los cuales parecieran ser reservados para ellas, agrega Margarita Urrutia, activista por los derechos políticos.
 
En contraste, estaría prohibido que una guatemalteca dirija el Ministerio de Defensa debido a estereotipos de género, menciona Dora Amalia Taracena, de la organización Convermujeres.
 
Taracena está segura de que existe un pensamiento patriarcal cuando se ofrece a las mujeres puestos de secretarias. En esa línea, tal pareciera que las reservadas son la Secretaría Presidencial de la Mujer y la Secretaría de Obras Sociales, de la esposa del presidente.
 
En este país centroamericano también se limita la participación política femenina de la población maya. El estudio “Ciudadanía intercultural, aportes desde la participación política de los pueblos indígenas de Latinoamérica”, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), destaca la difícil inserción política de las indígenas.
 
Ellas enfrentan una “triple discriminación” por ser mujeres, indígenas y pobres. Más allá de las dificultades que suelen enfrentar en la carrera política, especialmente en países en desarrollo, los usos y costumbres tampoco favorecen su participación en cargos públicos.
 
Guatemala sólo cuenta con tres mujeres, entre 19 indígenas, de un total de 158 curules en la Legislatura de 2012 a 2016.
 
Ligia Ixmucane opina que los datos y las estadísticas evidencian la poca inclusión de las mujeres en los partidos en todos los niveles. “Es una constante que, a medida que se asciende en la jerarquía del partido, disminuye la presencia de mujeres, es decir, donde hay más poder hay menos mujeres”, concluye en su análisis mediático.
 
Soberanis coincide con Ixmucane en que la participación política femenina se ha estancado: aunque las mujeres participen en las bases no logran ocupar puestos de poder, ya que cada vez que comienza un nuevo gobierno es notoria su ausencia en el gabinete, en el Congreso o en las alcaldías.
 
La única esperanza de lograr presencia femenina en la política sin tener que pagar por un puesto en el Legislativo o invertir de su bolsa en una campaña, estaba centrada en la reforma al artículo 212 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos por la paridad entre los sexos y la representación de los pueblos indígenas, una norma que pretendía la alternancia en los listados de candidaturas.
 
Mujer, hombre, mujer indígena, hombre indígena, fue la sugerencia y que cada partido se comprometiera a igualar sus puestos de elección, 50 por ciento de mujeres candidatas a alcaldías, 50 por ciento en los ministerios y secretarías, entre los puntos más importantes.
 
La ley de paridad no logró convencer a la actual Legislatura, que rechazó las modificaciones que buscaban la alternancia en los listados.
 
Los diputados que conocieron la propuesta de reforma sugirieron los cambios de 70 por ciento contra 30 por ciento de participación femenina.
 
Soberanis concluye que será determinante recurrir a las cuotas para lograr que más mujeres sean asignadas a cargos de poder y el avance hacia la equidad en Guatemala.
 
14/AT/RMB

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