En nuestro país no existen estadísticas sobre violencia sexual, pero han surgido varias iniciativas que investigan este tema, como la organización civil IPAS México, que a través de un modelo de investigación certificó que en tres centros de salud de Tlaxcala, Estado de México y el Distrito Federal se aplica la NOM-190 y la distribución de la anticoncepción de emergencia (PAE), según reveló Olivia Ortiz, consejera del organismo.
Al participar en el seminario «Respuestas del Estado ante la violencia de género, sexual y los derechos humanos», dentro del panel Investigaciones en torno a los programas para atender la violencia sexual, realizado en el Colegio de México (COLMEX), Olivia Ortiz explicó que el proyecto piloto con el que trabaja actualmente IPAS ha sido aplicado en los países en donde esta organización tiene presencia, como Nicaragua, Brasil, Bolivia y México.
Este modelo tiene como objetivo explorar cómo se está brindando la atención a las mujeres que acuden a estos centros de salud a solicitar ayuda por violencia sexual. De tal forma, agregó la consejera de IPAS, se detectó que en los centros de salud de Milpa Alta, Distrito Federal; Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, y en Atizapán, Estado de México, brindan atención oportuna e integral a estas mujeres. Estos centros pertenecen a la Secretaría de Salud.
En entrevista con Cimacnoticias, Ortiz precisó que si bien el objetivo es abarcar un mayor número de centros de salud, por ahora sólo pudieron trabajar con éstos debido en gran medida a las resistencias por parte de algunos médicos al tema.
Olivia Ortiz, quien estuvo en representación de la directora de IPAS México, Raffaela Schiavon, indicó que actualmente en estos tres centros de salud se está aplicando la interrupción legal del embarazo (ILE). En el caso de Tlaxcala, por ejemplo, el año pasado se realizaron 37 ILE y en el de Milpa Alta en lo que va de este 2006 se han realizado cinco.
Aunque todavía hay médicos que alegan objeción de conciencia, indicó, siempre hay uno –como lo indica la NOM– en turno para realizarlo. No obstante, destacó que hay algunas ocasiones en que la ILE ya no se puede llevar a cabo, aún cuando haya sido solicitada por una mujer debido a «que la solicitan cuando presentan un estado avanzado de embarazo».
Sobre la Anticoncepción de Emergencia (PAE), Ortiz señaló que también pudieron observar que estos tres centros de salud la están brindando a las mujeres que llegan a solicitarla siempre y cuando, llegue inmediatamente después de haber sido agredidas sexualmente.
En este aspecto, la consejera de IPAS indicó que muchas veces las mujeres ya no se esperan a llegar a los servicios de salud para solicitar la AE porque ya tienen conocimiento de ésta, por lo que ellas mismas las adquieren tras reconocer el efecto que las campañas han tenido en las mujeres.
Si bien este es un modelo incipiente, porque se tiene contemplado extenderlo a otros centros de salud, Ortiz consideró que aún hace falta trabajar en la capacitación con el personal médico y sensibilizarlos «que ellos tengan la seguridad de que este programa (el de IPAS) es sólido» para que se sientan seguros de que la atención que están dando es conforme a la ley y a la necesidad de atender una demanda social, agregó.
El reto, precisó Ortiz, es que esta capacitación deje de ser tan «técnica» y sea más humana. «Las enfermeras no han querido trabajar directamente en el programa, problema que se ha resuelto rotando al personal de enfermería, por temor a que los agresores las reconozcan» y agregó que mientras no se termine de legitimar socialmente la violencia sexual, institucionalmente estos estigmas van a seguir observándose.
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