En medio de la protesta de un grupo de trabajadoras de la salud, líderes de organizaciones feministas acusaron al gobierno de propiciar una política de vaciamiento en las clínicas, así como de mantener magros presupuestos en el sistema sanitario argentino con la única idea de convertir la salud del país en un negocio privado.
La denuncia, encabezada por la feminista Red Informativa de Mujeres de Argentina (RIMA), se da en momentos en que decenas de trabajadoras de la clínica privada Junín, en la provincia argentina de Córdoba, reclaman a las autoridades provinciales su derecho de administrarla luego de haber dejado de recibir el pago de diez meses de salario.
Las empleadas acusaron de abandono a los dueños del centro médico privado, propiciando un voraz vaciamiento que dejó a lo que era una clínica equipada con quirófanos, servicios de internamiento y de rayos equis en un simple consultorio externo.
El movimiento, integrado por mucamas, enfermeras, empleadas administrativas y médicas, acordó una modalidad de suspensión de las labores con un horario mínimo de atención para no afectar aún mas la salud de las personas pacientes.
Las representantes del grupo les solicitaron a las autoridades de la norteña provincia de Córdoba que adquirieran la clínica Junin y les permitan administrarla a fin de volver a atender las necesidades sanitarias de esa población argentina.
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