La iniciativa de reforma laboral, que recién presentó el Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, es «totalmente» patronal. Tiene la intención de acabar con los sindicatos representativos y viola los derechos laborales de 44.5 millones de trabajadoras y trabajadores, de los cuales, las mujeres representan un 37.9 por ciento.
Así lo señalaron a Cimacnoticias representantes sindicales y especialistas en el tema, quienes coincidieron en que las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT), que propuso la bancada panista en San Lázaro, imposibilitan la existencia de organizaciones que representen los intereses de las y los trabajadores mexicanos.
A decir de Rosario Ortiz Magallón, ex legisladora e integrante del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, la iniciativa del PAN «rompe» la relación tripartita del Estado, patrones y sindicatos, mediante la cual se definen las condiciones laborales de cada gremio en el país.
Esta ruptura coloca las relaciones de trabajo en un marco normativo contrario a las garantías establecidas en el artículo 123 constitucional, pues con esta reforma para que un sindicato se registre necesita que la empresa le proporcione la información actualizada de las y los trabajadores, es decir necesitan «el aval» del patrón.
«Si la patronal quiere darte el padrón de la base trabajadora, lo hará y si no, no pasa nada, el derecho a la libertad sindical dependerá de lo que los empresarios decidan», aseveró Ortiz Magallón.
Al respecto, el abogado laboralista, Carlos de Buen, aseguró que con dicha modificación, se evidencia la intención de «acabar» con los sindicatos representativos del país.
Además, indicó, otra de las reformas a la LFT que perjudicaría a los sindicatos representativos es la prohibición del descuento de las cuentas sindicales de la nómina, ya que estas organizaciones subsisten con las cuotas ordinarias, las cuales serían depositadas de las y los trabajadores.
Para el experto en justicia laboral, esta medida no funcionaría pues con los bajos salarios que percibe la mayoría de las y los empleados mexicanos, «es probable que no depositen las cuotas».
Esta modificación no perjudica a los sindicatos «blancos o patronales», porque éstos viven «de lo que les da la empresa» a cambio de que dichas organizaciones les vendan el contrato colectivo de trabajo, y con ello, la posibilidad de definir de manera unilateral las condiciones laborales de su personal.
En este sentido, la reforma también establece que los distintos gremios de una misma empresa no se podrán separar para tener un contrato diferente. Es decir, ejemplificó, si en empresas de aviación los pilotos desean tener un contrato distinto al de sobrecargos, la ley les prohibirá separarse a pesar de que por la naturaleza de sus labores, sus necesidades sean diferentes.
Asimismo, las modificaciones que afectan en particular a las y los trabajadores también afectarán a las organizaciones sindicales. Muestra de ello, es la disposición que señala que los patrones estarán obligados a pagar hasta seis meses de salarios caídos cuando algún sindicato esté en huelga, pues con ello el patrón está en la libertad de prolongar este proceso porque su pérdida será mínima.
Mientras que para las organizaciones sindicales sería más difícil mantener su movimiento.
De acuerdo con Carlos de Buen esta reforma es «totalmente patronal», concretamente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en ella el Estado no asume su responsabilidad, y lo que hace es seguir abaratando la mano de obra».
Sobre este tema, Mónica Jiménez, lideresa de Mujeres Electricistas en Resistencia opinó que esta reforma obedece a la política antisindicalista de Felipe Calderón Hinojosa, titular del Ejecutivo, ya que coarta la capacidad de acción de los sindicatos para poder defender los derechos de las y los trabajadores.
El gobierno federal, dijo, «va con todo en contra de las organizaciones sindicales democráticas, en contra de las y los trabajadores del país porque viola sus derechos a la libertad sindical, a un trabajo digno, con un salario remunerador y prestaciones sociales».
Frente a este panorama, Mónica Jiménez indicó que el Sindicato Mexicano de Electricistas se manifestará en contra de esta reforma, y espera que la sociedad junto con las demás organizaciones sindicales se unan para que el Legislativo frene esta iniciativa.
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