La derecha española no sólo quiere restringir y penalizar el aborto, también pretende obstaculizar el acceso a la anticoncepción de emergencia (AE), es decir, a los fármacos que permiten a las mujeres controlar su capacidad reproductiva.
El gobernante Partido Popular (PP) lleva meses en la búsqueda de argumentos científicos que avalen sus posiciones ideológicas en salud sexual y reproductiva. Pero la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), aportan datos concluyentes sobre la seguridad en el uso de la AE.
La contundencia de los datos ya estaba demostrada en otros informes solicitados por la ministra socialista de Salud, Trinidad Jiménez, quien cumplió con los protocolos previos a la liberalización de la venta en farmacias de la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE), y contó con recomendaciones que orientaban sobre la conveniencia de la venta libre.
La actual ministra de Salud, Ana Mato, busca argumentos científicos que le permitan acabar con la venta libre y sin receta de la PAE, es decir, acabar con el acceso a un medicamento que hoy permite a las mujeres no tener tutela, ni judicial ni médica, a la hora de controlar su fertilidad.
Son ya dos los informes técnicos que de forma contundente le han indicado a la ministra que estamos ante un fármaco seguro. La AEMPS, dependiente del Ministerio de Sanidad, señaló que sólo ha detectado ?en pacientes que tenían problemas de salud previos? 35 reacciones adversas en 11 años.
Según información oficial, Ana Mato busca la obligatoriedad de la prescripción médica para acceder a la PAE, para posteriormente promover que las y los médicos y farmacéuticos ejerzan la objeción de conciencia en la prescripción y entrega de la pastilla.
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