Alrededor de 70 organizaciones defensoras de derechos de las mujeres de Venezuela están, desde hace semanas, exigiendo al parlamento de ese país, la Asamblea Nacional, que despenalice el adulterio y el aborto en la reforma del Código Penal. Las modificaciones abolirían normas discriminatorias contra las mujeres.
El portal Mujereshoy informó que el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela (UCV), el Movimiento de Mujeres de la UCV, los Colectivos de Mujeres Manuelita Sáenz y el Servicio de Planificación Familiar de la Maternidad Concepción Palacios son algunas de las organizaciones que apoyan la propuesta.
Las organizaciones de mujeres presentaron la propuesta de reforma en diciembre de 2004. En junio de 2005 se entrevistaron con la diputada Iris Varela, del Movimiento Quinta República (MVR) por el estado Táchira, para solicitarle que la despenalización del aborto se incluya en la nueva reforma parcial al Código Penal que discutirá la Asamblea Nacional.
El fundamento para apoyar la despenalización es la de resolver los problemas generados por el incesto o el embarazo producto de una violación sexual. «La despenalización va a invertir medidas en prevenir las complicaciones de las interrupciones ilegales. El Estado va a invertir más en prevención que en complicaciones», indicaron las representantes de las organizaciones.
Por su parte, la diputada Varela indicó que defiende la propuesta para despenalizar la interrupción del embarazo previa valoración médica y policial, cuando se compruebe que el embarazo es producto de una relación incestuosa o de una violación. Y debe ser la mujer la que tome la decisión.
En Venezuela, el aborto sólo es permitido cuando esté en peligro la vida de la mujer, según indica el Código Penal vigente.
ALGUNAS ACCIONES DE MUJERES
El martes 28 de junio, 26 organizaciones de mujeres de Venezuela acudieron a la Asamblea Nacional para apoyar la propuesta de despenalizar parcialmente el aborto.
Las mujeres participaron en la comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional que analiza la propuesta de las diputadas Flor Ríos e Iris Varela como parte del debate sobre la reforma del Código Penal.
Las organizaciones de mujeres afirmaron que con estas medidas, se busca disminuir los altos índices de mortalidad en mujeres pobres que se practican abortos clandestinos.
En el año 2002, una mujer murió cada semana como consecuencia de un aborto inseguro. En Venezuela, esta práctica representa el 31 por ciento de las muertes entre adolescentes de 15 a 19 años en el país, según cifras divulgadas.
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